Enfoque informativo

El PRI puntualizó que el gobierno de Morena pretendía mantener en la opacidad el uso de recursos públicos.

Los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD) celebraron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional el acuerdo del gobierno de Morena que etiquetaba como reservada por seguridad nacional la información de obras y proyectos de infraestructura.

A través de redes sociales, el PRI puntualizó que el gobierno de Morena pretendía mantener en la opacidad el uso de recursos públicos en sus obras y proyectos de infraestructura.

“Celebramos la decisión de la SCJN de declarar inconstitucional el acuerdo del gobierno de Morena que etiquetaba como reservada por seguridad nacional información de obras y proyectos. Basta de la opacidad y discrecionalidad de Morena, la ciudadanía merece saber en qué se gastan los recursos públicos”, publicó en Twitter.

Por su parte, el PRD dijo que la Corte sigue demostrando autonomía y respeto por el Estado de derecho y el orden constitucional.

“Son de reconocer las respuestas que está dando el Poder Judicial, apegado a derecho, al dictadorzuelo (sic) de Palacio Nacional, ya lo hizo con el bodrio de Plan B, las y los ministros echaron para abajo la primera parte de una reforma en materia electoral que es a todas luces regresiva y ahora con este fallo demuestra su total autonomía y que no cederán a las presiones de quien hoy gobierna el país”, recalcó.

Al respecto, Zambrano Grijalva señaló que con todo ello queda claro que, así como se defiende al INE y a la democracia en México, “hemos defendido y seguiremos defendiendo al INAI, Instituto garante del acceso a la información. Con esa clasificación, que dizque de seguridad nacional, lo que pretendían era esconder sus mañas y sus corruptelas”.

La Corte declaró la invalidez del acuerdo del gobierno federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2021, con lo que se negaría el derecho de acceso a la información pública al respecto.

El máximo tribunal consideró que dicho decreto transgredía el derecho de acceso a la información, así como las facultades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para su salvaguarda.

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