Enfoque Informativo

Ramón Sosamontes fue uno de los hombres más cercanos a Rosario Robles, y entre otros cargos estuvo al frente de Comunicación Social de la Sedesol

Ramón Sosamontes, uno de los hombres más cercanos a Rosario Robles Berlang y ex jefe de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de 2012 a 2015, quedó sujeto a proceso penal por un desvío de recursos que supera los 300 millones de pesos, al otorgar un contrato con Radio y Televisión del estado de Hidalgo, como pago por servicios que no se realizaron.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que esta viernes un Juez de Control con sede en la Ciudad de México, dictó auto de vinculación a proceso en contra de Sosamontes, “por su probable responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, contemplado en el Artículo 217 del Código Penal Federal, en el caso conocido como la Estafa Maestra”.

De acuerdo con la información difundida por la institución ministerial ante autoridades judiciales, el ex funcionario que se desempeñó como Jefe de Oficina de Comunicación Social, en 2014, “presuntamente contrató de manera indebida servicios con recursos públicos con Radio y Televisión de Hidalgo, los cuales no se realizaron, ocasionando con su actuar un detrimento a la Hacienda Pública Federal por la cantidad de más de 353 millones pesos”.

El Ministerio Público Federal informó al juez federal que el convenio de servicios contravino “todas las normas que la Ley obliga en el uso de recursos públicos destinados a programas de comunicación social, para desviarlos y disgregarse con propósitos delictivos”.

En la audiencia, “la autoridad jurisdiccional otorgó tres meses para realizar la investigación complementaria y le impuso al justiciable la medida cautelar de prohibición de salir del país”.

Ramón Sosamontes se desempeñó como titular de comunicación Social tanto en Sedesol como en la Secretaría de Desarrollo Agrícola, Territorial y Urbano (Sedatu) entre 2012 a 2015, época en la que de acuerdo con investigaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y concretadas en carpetas de investigación por parte de la FGR, supera los 5 mil millones de pesos en contratos otorgados a universidades públicas y empresas fantasma.

En esta semana ya suman dos de los colaboradores de mayor nivel en la Sedeso y Sedatu que son puestos a disposición de jueces federales para enfrentar acusaciones penales en torno a la llamada estafa maestra. El lunes pasado fue aprehendido el ex coordinador de delegaciones de Sedesol,Simón Pedro de León Mojarro, a quien se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

En febrero del 2022, Ramón Sosamontes, ex funcionario federal y excolaborador de Rosario Robles, libró una acusación por presuntos actos de corrupción derivados de los desvíos de recursos realizados dentro de La Estafa Maestra.

Un juez federal determinó no vincular a proceso a Sosamontes, luego de considerar que no hay elementos suficientes para acusarlo del delito de uso indebido de atribuciones y facultades, confirmaron fuentes judiciales a Animal Político.

Sosamontes es uno de los exfuncionarios acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) por los desvíos de La Estafa Maestra, un esquema mediante el que dependencias federales malversaron recursos a través de convenios con universidades públicas y empresas fantasma. Este jueves, la FGR informó en un comunicado que apelará la resolución del juez.

Durante el sexenio pasado, en la presidencia del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018), Sosamontes fue colaborador cercano de Rosario Robles en sus gestiones al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

La propia ex secretaria estuvo detenida por este caso tres años, de agosto de 2019 a agosto de 2022, y actualmente sigue con su proceso penal en libertad.

Robles también está acusada de uso indebido de atribuciones y facultades, aunque ella sostiene que es inocente y que se le detuvo y puso en prisión preventiva justificada como parte de una “venganza política” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Dentro de La Estafa Maestra, dependencias federales desviaron más de 5 mil millones de pesos, como documentó una investigación de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Hasta el momento, el caso sigue impune y no se sabe cuál fue el destino final de todo el dinero que fue desviado.

La Fiscalía General de la República (FGR) apeló la exoneración de Ramón Sosamontes por el caso de la Estafa Maestra. Acusó mala actuación del juez y dijo que presentará queja en su contra y buscará fincarle responsabilidad penal.

En un comunicado, la dependencia recordó que la exoneración de responsabilidad penal al ex colaborador de Rosario Robles en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Urbano (Sedatu), ocurrió el miércoles.

Detalló que ésta estuvo al cargo del Juez Gustavo Aquiles Villaseñor, en función de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Norte.

Sobre la decisión de un Juez a favor de Ramón “N”, de contratos ilegales en representación de SEDESOL, FGR dará vista a CJF, apelará e iniciará carpeta de investigación por delitos contra la administración de justicia por servidores públicos.

Agregó que la exoneración fue respecto de contratos ilegales suscritos por el imputado en representación de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) con Radio y Televisión de Hidalgo (RTH).

En la audiencia el Juez no aceptó la responsabilidad penal de Sosamontes al considerar que los contratos que suscribió eran legítimos, al haberse llevado a cabo entre una dependencia Federal y un órgano descentralizado.

Con ello, agregó el juez, no le era aplicable la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La FGR dijo que los ministerios públicos de la FGR que participaron en la audiencia, de viva voz, señalaron al Juez que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sí le era aplicable al investigado.

Estimaron que Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) no tenía la capacidad técnica, material y humana para que fuera ella misma la que prestara el servicio solicitado, en virtud de que subcontrató con 17 personas físicas y morales en un porcentaje del 94.6 por ciento del importe del contrato original.

Dijeron que ello obligaba a someter el contrato a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, como lo señala el artículo 1 de dicho ordenamiento.

En dicho precepto se advierte que los contratos que celebren las dependencias con las entidades… “quedarán sujetos a este ordenamiento, cuando la dependencia o entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio, no tenga capacidad para hacerlo por sí misma y contrate un tercero para su realización …”.