Enfoque Informativo
Al no alcanzar la mayoría calificada, los diputados desecharon la reforma constitucional electoral de López Obrador; Morena prepara el plan B.
La reforma constitucional en materia electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador fue rechazada en la Cámara de Diputados al no alcanzar la mayoría calificada, pues tuvo 269 votos a favor, 225 en contra y una abstención; sin embargo, los legisladores de Morena y aliados ya alistan la discusión de su plan b en este mismo tema.
Durante la discusión, los partidos de oposición —PAN, PRI, PRD y MC— rechazaron la propuesta del mandatario y la calificaron como “regresiva” por proponer “eliminar al INE”; además, criticaron que los diputados de Morena hayan gastado 20 millones de pesos en el parlamento abierto de la reforma electoral y al final no tomaron en cuenta las propuestas de los expertos.
En caso contrario, los diputados de Morena y aliados (PVEM y PT) defendieron la propuesta presidencial. Entre gritos de “¡El INE sí se toca!”, los morenista comentaron que este dictamen busca que haya un ahorro de 6 mil 244 millones de pesos en materia electoral, ya que planteaba reducir el financiamiento a partidos políticos, disminuir consejeros electorales y reducir el número de legisladores federales y locales.
La reforma electoral señalaba que el Instituto Nacional Electoral (INE) se transformaría en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) y los integrantes de éste serían elegidos por voto directo, al igual que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
También desaparecía los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) a partir de la instalación del Consejo General del INEC. Este último organismo se encargaría tanto de las elecciones federales y locales y estará integrado por 7 y no por 11 consejeros como actualmente tiene el INE.
La iniciativa proponía que la Cámara de Diputados estuviera conformada por 300 diputados, es decir, 200 menos que los actuales; y el Senado por 96, o sea, 32 menos, todos elegidos por un sistema de listas. Esto significa que desaparecerán son los legisladores de mayoría relativa y todos serían de representación proporcional, mejor conocidos como plurinominales.
-Juan Ramiro Robledo (Morena): Sostuvo que la propuesta buscaba volver republicano el proceso electoral y garantizar su austeridad. Argumentó sobre la necesidad de eliminar las 200 diputaciones plurinominales para reducir la sobrerepresentación. Se pronunció por una cámara y congresos locales más pequeños, así como por la elección en las calles de los árbitros electorales. Asimismo, destacó que el INE conservaría su autonomía e independencia con la aprobación de la reforma. Concluyó que los partidos que se oponen al gobierno consiguen de facto la segunda vuelta con la conformación de dos bloques.
-Luis Cházaro (PRD): Dijo que es un retroceso democrático que no pasará. Reiteró la defensa del árbitro electoral y recordó el robo de la presidencia de la República de 1988. Reiteró que el INE es de todos los mexicanos y reiteró que la democracia no se vota.
-Gerardo Fernández Noroña (PT): Cuestionó que la oposición sirva a los intereses oscuros del capital. Igualmente, cuestionó los recursos destinados al INE y reiteró que la oposición deja pasar la oportunidad de construir la Reforma Electoral que requiere el país. Resaltó el apoyo al presidente de la República y aseguró que el pueblo está de su lado.
-Carlos Puente Salas (PVEM): Lamentó que el bloque opositor se haya negado al trabajo en equipo para dictaminar esta reforma. Aseveró que el bloque minoritario miente al decir que el Parlamento Abierto fue una simulación. Señaló que la oposición defiende un INE de 11 consejeros, uno de los tantos temas que pueden ser perfectibles.
-Rubén Moreira (PRI): El legislador explicó que votarán en contra seguros de que les asiste la razón. Dijo que no resulta conveniente que la fuente de elección de los árbitros electorales sea la misma que para los cargos de representación popular. Aseguró que politizar al juez es politizar sus resoluciones.
-Jorge Romero (PAN): El legislador lamentó que al final se esté votando la iniciativa de una sola persona. Expresó que la democracia es perfectible, sin embargo, se requiere de una reforma de consensos. Refirió que su bancada no defiende a ningún consejero en especial sino al organismo autónomo que le da fortaleza al país. Manifestó que no le -sorprenderá- que las reformas a las leyes secundarias violen a la Constitución.
-Ignacio Mier (Morena): El legislador señaló que su coalición y movimiento transformador tiene el respaldo del pueblo de México, el cual quedó demostrado con la marcha en la que participaron más de un millón y medio de personas. Sostuvo que el debate es sobre la confrontación de dos proyectos distintos y se pronunció por ver hacia delante. Reiteró sus principios y la representación de la confianza y voto del pueblo. Aseguró que no puede haber INE rico con pueblo pobre.
Plan B de AMLO: con limitaciones, esta es la última oportunidad de la 4T para aprobar una Reforma Electoral
El día que se rechazó en el Pleno de la Cámara de Diputados la Reforma Constitucional en materia Político-electoral de AMLO, Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), presentó el llamado Plan B, una serie de modificaciones en el ramo que no trastocan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), pero sí seis leyes secundarias.
Antes de que el Pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro rechazara la iniciativa presidencial este martes 6 de diciembre, López Hernández presentó el nuevo texto, esto porque ya se esperaba el rechazo que manifestó la oposición parlamentaria, pues para realizar modificaciones en la Constitución, se necesitan de, mínimo, 334 votos y, como Morena y sus aliados no los tienen, la iniciativa no pasó el primer filtro.
En cambio, para aprobar modificaciones a leyes secundarias, sólo se necesita de la mayoría simple, algo que Morena sí tiene, esto sin considerar que además cuenta con el apoyo incondicional del Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por lo que esta estrategia, aunque no ahonde de manera tan profunda y estructural como lo desearía el jefe del ejecutivo federal, sí representaría un cambio considerable en la organización administrativa de los organismos políticos y electorales mexicanos.
