Por Fernando Hinterholzer Diestel

En el año de 1993, la ONU emitió un decreto para conmemorar “el Día Mundial de Libertad de Prensa” el 3 de mayo de cada año, en donde se evalúa su independencia del comunicador así como los ataques de que son víctima.

Es un hecho demostrado, que los periodistas, en casi todas las actividades que realizan, son molestos por las expresiones y opiniones que escriben o narran sobre las actividades que realizan los políticos, los gobernantes y la elite empresarial. La libertad de prensa es uno de los derechos más importantes para los mexicanos, se encuentran consagrados en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La libertad de expresión no sólo ampara el derecho a dar a conocer ideas y conocimientos, también consiente escudriñar y obtener información verídica y de diferentes medios pues, junto a la libertad de escritura y tránsito, constituye lo más preciado para las sociedades modernas. La información es primordial para las sociedades modernas de nuestros tiempos, es un elemento básico para el sano desarrollo de la crítica pública. En todo el mundo, una prensa independiente ofrece un espacio para el intercambio de información y el debate constructivo sobre cuestiones clave, por ejemplo, los derechos humanos, la desigualdad de género o la prestación de asistencia sanitaria (por nombrar algunas). Un periodismo independiente y crítico proporciona a la sociedad las herramientas necesarias para crear comunidades democráticas y libres, lo cual ayudara a la ciudadanía a demandar a los gobiernos que rindan cuentas de su gestión.

Lamentablemente en nuestro país, la profesión de periodista está bajo un muy peligroso asedio, pues las denuncias y señalamientos a funcionarios de cualquier nivel de gobierno, perturba demasiado a quienes ejercen el poder en la geografía nacional. De acuerdo al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo fuera de los países en guerra. El CPJ informa que, de los casi 30 periodistas asesinados en todo el mundo durante el 2022 hasta ahora, nueve han sido asesinados en México. Las cifras son imparables y no vemos como las autoridades mexicanas, puedan detener los casos de violencia contra los periodistas, y proteger a aquellos comunicadores autónomos y por lo tanto más vulnerables que sin miedo alguno trabajan en las entidades federativas en contextos francamente arriesgados. La protección de los periodistas y la promoción de la libertad de los medios de comunicación debería ser una prioridad clave del gobierno mexicano. Pero sucede lo contrario, diariamente los periodistas son atacados, vilipendiados y ofendidos por el señor presidente en sus predicas mañaneras.

México es el país en el que desde el año 2014, ha sufrido incrementos notables en el asesinato de periodistas. El problema es que desde Palacio Nacional se lanzan diariamente críticas y descalificaciones a quienes hacen señalamientos a las acciones de gobierno. De acuerdo a opiniones de académicos, hay una gran diferencia con la situación que se vive actualmente y la que se presentaba en gobiernos anteriores: antes el peligro estaba enfocado principalmente en la prensa que denunciaba hechos relacionados con el crimen organizado o la corrupción, hoy en día es para toda la prensa, debido a que cualquier enfoque o cualquier diferencia que no concuerde con “las mentiras oficiales” representan directamente ataques desde la tribuna presidencial. Entonces si desde la máxima potestad   se ataca y se busca cambiar la tarea periodística, además de arriesgar la integridad física de los comunicadores que ejercen esa labor, y por supuesto da la pauta para que otros órdenes de gobierno repliquen esa práctica a nivel estatal y local, y por consiguiente, los medios de comunicación locales tengan que silenciarse ante el peligro que corre la vida de sus reporteros. La Sociedad Interamericana de Prensa señalo que Tamaulipas, Michoacán y Guerrero se convirtieron “en regiones silenciosas”, debido a la violencia que padece la prensa. En esos estados no se publican informaciones sobre seguridad, temas policíacos o algunos contenidos políticos. Mientras siguen asesinando periodistas, el gobierno de la 4T tiene otras prioridades, mantenerse en el poder.

Y es que el gobierno de López Obrador enfrenta ahora a un enemigo desconocido y poderoso que más le preocupa por el efecto que pueda tener para socavar sus bases electorales. Es la inflación que desgasto el poderío del PRI en las décadas de los años 80 y 90 del siglo ha vuelto. La presentación de un plan antiinflacionario la semana pasada da muestras la preocupación gubernamental, pero la gran duda es si funcionará para detener que la carestía continúe al alza y evite que el enojo de la población se vea reflejado en la aprobación y popularidad presidencial. La inflación tiene un componente emocional importante y, por tanto, de expectativas. De acuerdo a los expertos económicos del gobierno, el primer objetivo del plan es enviar el mensaje a la población de que el gobierno está enfrentando al fenómeno inflacionario, aunque vaya a tener resultados muy pobres ya que la inflación es un problema a nivel global.  Los mexicanos que vivieron los tiempos de los gobiernos de López Portillo y de la Madrid recuerdan tristemente la época de la hiperinflación, con el consecuente golpe a la economía y al salario. Es por ello, que López Obrador tiene más temor a los efectos de la inflación que a la oposición, en un momento clave en que las elecciones en seis estados y la sucesión presidencial podrán definir el futuro de la 4T. Esta pronosticado que la inflación podrá alcanzar hasta 10% durante el 2022, que sería su mayor nivel en veinte años, cuando se produjo la alternancia en la Presidencia. El panorama económico se desajusta debido a que los subsidios y apoyos otorgados por el gobierno, seguramente van afectar a la inversión en infraestructura, las finanzas públicas y con ello, un menor crecimiento con tasas de interés más altas. Políticamente ya sabemos qué la prioridad de López Obrador es ganar las elecciones en 2024, el mandatario quiere evitar, una crisis económica de final de sexenio (como las de los años ochenta) que perjudique su proyecto y a sus candidatos. Y es que, de acuerdo con todos los analistas económicos, se prevé que la inflación mundial termine en algún momento del año que entra, pero, por el aumento en las tasas de interés en todos los países, derive en una pequeña recesión comenzando el 2024. Esa es la prioridad del gobierno de la 4T, y no la de preservar la vida de los periodistas, ni los medicamentos contra el cáncer para los niños, ni proteger la vida de la mujeres ni muchas otras cosas que hemos perdido en cuatro años de desgobierno.

Es cuanto

ADENDDUM: las investigaciones por la trágico accidente de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, van a influir en la carrera presidencial para determinar al candidato (a) de Morena en 2024. Es por ello que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum trata de manipular los resultados del peritaje realizado por una prestigiada empresa noruega, tratando de preservar su título de “corcholata mayor”. De ahí sus acciones para proteger a la exdirectora Florencia Serranía y los funcionarios de su administración, que pague el de atrás, refiriéndose a Ebrard seguramente.