Juan Pablo Ruiz Soto
El proyecto de ley de acción climática, recientemente radicado ante el Congreso, es un documento de buenas y oportunas intenciones. El texto parece un ejercicio académico donde el profesor de cambio climático pide a ocho destacados estudiantes hacer una lista completa de todas las acciones de adaptación y mitigación al cambio climático. Faltó pedir a los alumnos una parte esencial para llevar a cabo las acciones: la identificación de fuentes de financiación.
Esta es una falla grave y reiterativa en los gobernantes. El gobierno Santos —con la aprobación de la ley para la gestión del cambio climático (2018)—con este proyecto de ley de acción climática— se destacan por identificar y aprobar leyes y políticas ambientales terminando período con una creciente deuda en términos de gestión ambiental.
Para este proyecto de acción climática, el grupo estuvo bien seleccionado: participan y lo firman los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Interior; Transporte; Minas y Energía; Vivienda, Ciudad y Territorio; Agricultura y Desarrollo Rural, y Comercio, Industria y Turismo. El proyecto propone acciones en temas relacionados con los ocho ministerios, pero se queda corto al referirse a instrumentos económicos y mecanismos financieros. Solo dice que para el 2025 debe estar formulado e implementado el plan de acción de corto plazo de la estrategia nacional de financiamiento climático y que se tomarán medidas para la promoción y el desarrollo de mercados de carbono. Paradójicamente, hace menos de un mes el gobierno Duque aprobó su reforma tributaria, donde abolió todo lo relacionado con política fiscal ambiental, excepto que destina por un año el impuesto al carbono (2016) para que se emplee en gestión ambiental. Aplicar la propuesta ley de acción climática requiere de este y muchos más recursos. Parecen dos propuestas legislativas inconexas.
