En Sonora, el gobernador de Morena expidió un decreto mediante el que se prohíbe –con penas de entre cuatro y diez años de prisión- difundir fotografías, audios o videos que ilustren informaciones sobre atentados con heridos o muertes ligados a la actividad criminal que sufre ese estado, como una forma de contener la mala imagen de su gobierno por la violencia con que actúan los grupos de la delincuencia organizada.

El hecho, analizado por el compañero columnista Jaime Irra Carceda a través de la Agencia IRZA de Guerrero, es –como bien señala- un atentado contra la libertad de expresión y contra el derecho a la información que la Constitución consagra para toda la ciudadanía, ya que junto al decreto de marras, el de Sonora ha buscado que los medios de comunicación se abstengan de difundir la información de hechos delictivos.

El objetivo es reducir la percepción de la violencia que se forma en la población de aquel estado por la difusión de la actividad criminal pródiga en balaceras, ejecuciones, muertos y cadáveres, decapitados o desmembrados, a través de prensa, noticieros televisivos y en las redes sociales de internet.

Lo malo es que en esa decisión sólo importa el interés político de mantener una “imagen positiva” del gobierno, a despecho del grave crecimiento de los delitos de sangre que parece no combatir el mandatario sonorense, quien fue secretario de Seguridad Pública federal entre 2018 y 2021, con tan mal tino que hoy reproduce en su terruño toda la nefasta herencia de lo que hizo a nivel nacional.

Lo peor es que al tratar de tapar el sol con un dedo, aquel gobernador deja en la indefensión a la población frente a los delincuentes, tanto por su incapacidad para detener la violencia, como por evitar que la presión social lo obligue a actuar con verdadera eficacia.

En su análisis, Irra Carceda celebra que ese tipo de leyes que amordazan a los medios y a los periodistas no existen en Guerrero, donde el gobierno de la también mandataria de Morena, Evelyn Salgado Pineda es respetuosa de ese derecho humano que asiste no sólo a los comunicadores, sino a toda la población, de expresar libremente sus ideas y opiniones, así como el derecho de todos a conocer lo que sucede en nuestro estado y lo que hacen las autoridades para procurar la seguridad pública.

En ese sentido, es evidente que la comunicación del gobierno de Guerrero no busca ocultar los acontecimientos ni controlar a los medios. Al contrario. Si algo se debe reconocer es la transparencia con la que está actuando la gobernadora en temas de seguridad, difundiendo por un lado los acuerdos tenidos con los mandos de las corporaciones policiacas y de las fuerzas federales que actúan coordinadamente en sus sesiones diarias en la Mesa de Construcción de la Paz. Así como en la oportuna emisión de boletines y comunicados en torno a hechos de violencia, y mediante conferencias de prensa semanales sobre los avances en materia de seguridad y procuración de justicia.

O lo que es lo mismo: puestos a comparar, genera más confianza un gobierno transparente que se hace responsable de sus obligaciones y actuaciones, que un régimen totalitario que busca esconderse detrás de leyes arbitrarias para evitar la crítica de sus gobernados.

Ambos gobernantes militan en Morena, pero no son iguales ni están trabajando con los mismos valores. Hay diferencia, y mucha…