Enfoque Informativo

Contaba con alerta migratoria, era buscado por la Interpol y FGR

Fue detenido en Estados Unidos Alejandro Tenescalco, pieza clave en el caso Ayotzinapa, era supervisor de la policía de Iguala, Guerrero, cuando ocurrió la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014.

El Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación de México, dio a conocer, a través de un comunicado, que recibió hoy, miércoles 18 en enero, en el cruce internacional San Jerónimo-Santa Teresa, en Ciudad Juárez, Chihuahua, al connacional Alejandro “N”, quien contaba con alerta migratoria y era buscado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y la autoridad mexicana por los delitos de delincuencia organizada y secuestro relacionados al caso Ayotzinapa.

El INM detalló que cerca del mediodía, elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos​ (CBP por sus siglas en inglés) entregaron a Alejandro “N”a los agentes federales del INM para su deportación y dejarlo en custodia de la representación de la Fiscalía General de la República (FGR) para la cumplimentación de una orden de aprehensión librada por un juez en 2015.

El expolicía de Iguala “fue asegurado el 20 de diciembre de 2022 por el CBP al ingresar de manera irregular a territorio estadounidense y hoy se determinó que no cumplía con los requisitos para que le fuera otorgado el asilo en el país vecino”.

Cabe recordar que Tenescalco se dio a la fuga tras la desaparición de los 43 normalistas, hace 9 años; el Gobierno de México ofrecía 10 millones de pesos para quien diera información que permitiera la localización del señalado.

Alejandro Tenescalco es considerado pieza clave en la investigación que realiza la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, que mantiene las averiguaciones para comprobar si los 43 normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, cuando dio a conocer los más recientes avances sobre la investigación en el caso de los estudiantes del Colegio Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.

De acuerdo con el informe, actualmente hay 60 personas detenidas por su probable participación en delitos vinculados a este caso, como delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, secuestro, posesión de cartuchos, lavado de dinero y otros relacionados con actuaciones irregulares.

Entre las capturas más destacadas de los últimos meses se encuentran miembros de la delincuencia organizada, así como un agente de la Policía Municipal de Iguala.

Erick ‘N’, alias El Erick o El Carretito, fue detenido en Morelos el pasado 31 de marzo en posesión de drogas, cartuchos y armas de fuego. Fue identificado como hijo de Santiago Mazari, alias El Carrete, fundador y ex líder de Los Rojos quien, hoy día, cumple una pena de 20 años en el Centro Federal de Readaptación Social (Cereso) No. 2 “Occidente” en Puente Grande, Jalisco.

Otro líder de Los Rojos fue capturado en Michoacán el pasado 16 de abril. Se trata de Juan Miguel “N”, alias Johnny, quien presuntamente se desempeñaba como operador en el tráfico de drogas procedentes de Sudamérica. Se acreditó la presencia de este grupo en Morelos, Guerrero, Puebla y el Estado de México.

El informe también menciona a Gerardo “N”, un ex policía municipal de Iguala que fue aprehendido el 12 de mayo de este año. Sin ofrecer mayores detalles, la CoVAJ señaló que está “vinculado con la desaparición de los estudiantes”.

Conviene subrayar que el 12 de febrero había sido capturada Xóchitl García Guerrero, ex radio-operadora del C4 en Iguala, quien estaba relacionada con el grupo criminal Guerreros Unidos. La orden de aprehensión en su contra fue liberada por los delitos de secuestro y delincuencia organizada.

De acuerdo con las indagatorias, Xóchitl García le proporcionaba información a la organización delictiva. Cuatro días después de la desaparición de los normalistas, renunció a su cargo en el C4 y no se había presentado a declarar ante las autoridades.

Sin embargo, 10 días después, el 22 de febrero, fue liberada debido a que el juez Samuel Ventura Ramos argumentó que no había pruebas suficientes que acreditaran su participación en los delitos y, por lo tanto, que permitieran su vinculación a proceso penal.

La muerte del “Señor de los Cielos” y el mito que lo rodeó más de 25 años después

Todavía hoy existen versiones en el sentido que el ex cabecilla del Cártel de Juárez pudo llegar a un acuerdo con las autoridades y que vive en Sudamérica.

La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela de Ayotzinapa, en 2014, en Guerrero, fue un “crimen de Estado”. Es la conclusión a la que ha llegado la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, puesta en marcha hace tres años y medio, por mandato del presidente, Andrés Manuel López Obrador. La comisión ha presentado este miércoles su informe, por medio del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. “No hay indicios” de que ninguno de los normalistas desaparecidos esté vivo, ha dicho el subsecretario.

Era la primera vez que un alto funcionario del Estado verbalizaba en público, en un acto oficial, un comentario repetido cantidad de veces en la intimidad estos años. La posibilidad de que alguno de los 43 apareciera con vida era remota. El mes que viene se cumplen ocho años del ataque y en este tiempo se han encontrado restos óseos de tres de los 43. Pero ni una pista del posible paradero en vida de ninguno. Este mismo jueves, las familias han informado de que se tomarán un tiempo para procesar el contenido del informe, 103 páginas además de los anexos, antes de contestar.

Guardan silencio también, de momento, la unidad especial de la Fiscalía para el caso y el grupo de expertos que la CIDH ha comisionado a México para investigar el ataque. A falta de sus interpretaciones, el informe de la comisión funciona, de momento, como un epitafio en la lápida de la vieja verdad que trató de vender el Gobierno anterior, aquella historia del asesinato de todos los estudiantes en un basurero, su quema posterior y el despojo final de restos en un río cercano. Eso, según el informe, no pasó. Pero de momento sigue sin saberse que sí ocurrió, dónde están los restos de los 40 muchachos faltantes, qué fue de ellos.

“La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”, ha dicho Encinas, en conferencia de prensa desde Palacio Nacional. “Estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles”, ha añadido.

Encinas se refería principalmente a las policía de Iguala y del pueblo vecino de Cocula, cómplices de Guerreros Unidos en el ataque contra los estudiantes. Aunque también a policías de otros municipios cercanos que participaron del ataque, caso de Huitzuco o Tepecoacuilco, además de otros “agentes estatales”. Todos juntos atacaron aquella noche a los estudiantes, que habían acudido a Iguala a tomar autobuses para, días más tarde, viajar a Ciudad de México, a conmemorar la matanza del 2 de octubre de 1968.

El subsecretario ha señalado además “que autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes” e, incluso, las ha acusado de “alterar hechos y circunstancias” para establecer una conclusión “ajena a la verdad”. Se refería Encinas, entre otras cosas, al montaje del Río San Juan, una de las teorías de la actual administración de la Fiscalía, que plantea que marinos y agentes de la vieja Fiscalía colocaron huesos de uno de los 43 en el río, Alexander Mora, apuntalando la versión del basurero.