Alejandro Ortiz
Por los ataques registrados en contra de las comunidades de Xicotlán y Tula, en Chilapa, desde el pasado 10 de diciembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares y exhortó al Gobierno del Estado instalar módulos de vigilancia.
En un comunicado, la CNDH explica que a través de la organización “Abajo los Muros”, se informó que las citadas comunidades fueron atacadas la mañana del 10 de diciembre, por integrantes del grupo delictivo denominado “Los Ardillos”.
Las medidas cautelares también se encuentran a favor de los integrantes del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), “quienes han sido emboscados y agredidos, mediante el uso de armas de fuego, por el grupo armado Los Ardillos”.
Los últimos ataques en contra de la población indígena de esas comunidades, ocurrieron el pasado 10 de diciembre, cuando las comunidades se reunirían con integrantes del CIPOG-EZ y autoridades del ayuntamiento municipal.
“Por lo anterior, con la finalidad de prevenir la comisión de actos de dificil o imposible reparación, la CNDH solicita a la gobernadora constitucional de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, a los titulares de la Secretaria General de Gobierno del Estado y Secretaria de Seguridad Pública de la entidad, así como al comandante de la Guardia Nacional, realizar acciones pertinentes para garantizar la vida, integridad personal, patrimonio y seguridad individual y colectiva de los habitantes de las comunidades Tula y Xicotlán, e integrantes del CIPOG EZ; instalar módulos de vigilancia en las comunidades mencionadas, garantizando en todo momento el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas; coordinar una mesa de diálogo y concertación que permita las consensos necesarios para garantizar la paz en dichas comunidades; e informar sobre el cumplimiento de las medidas cautelares”
“Al encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, pide realizar sin dilación las investigaciones de los hechos suscitados el 10 de diciembre y determinar el ejercicio de la acción penal, garantizar la máxima protección a las personas que resultaron lesionadas, a quienes deberá otorgar la calidad de victimas; e informar sobre el cumplimiento de las medidas cautelares. Dichas medidas deberán implementarse por el plazo de 30 dias, que podrán prorrogarse en caso de ser necesario”, dicta la CNDH al gobierno estatal.
