Por Alejandro Ortiz
Se encontraban replegados por acusaciones de nexos delictivos; dejaron la seguridad en manos del gobierno
El vocero de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, aseguró que la violencia imparable, se deben a la falta de prevención del delito, y la aplicación de la ley por parte de las autoridades ministerial, además de la falta de interés por terminar con esta problemática en la entidad.
Anunció que reactivarán sus actividades de seguridad en los municipios en dónde tienen presencia, esto debido a que no se ha garantizado la seguridad por parte del gobierno a los pueblos.
En entrevista, el líder y fundador de la organización, manifestó que hay un descontento generalizado por la faltas de acciones oficiales para resarcir los índices delictivos; destacó el reciente caso del municipio de Tecoanapa, en donde cuatro policías de la UPOEG fueron asesinados.
Reconoció que la organización comunitaria se encuentra replegada, a partir de los señalamientos del Gobierno Federal sobre presuntos nexos entre distintos grupos delictivos y la UPOEG, por lo que optaron en dar al gobierno la oportunidad de garantizar seguridad en los pueblos.
«Dejamos todo para que el gobierno asumiera la responsabilidad, pero nos dimos cuenta que el gobierno no respondió al tema de seguridad, entonces creo que nos están obligando otra vez a reactivarse».
Agregó que las autoridades de justicia tampoco han abonado a resarcir el problema, pues no han sido detenidos líderes de grupos delictivos que son los responsables de generar la violencia en el estado, «detienen a uno que otro halcón nada más».
Incluso reveló que recientemente en el municipio de Ayutla, la UPOEG entregó a una persona responsable de al menos nueve homicidios, sin embargo no fue recibido por la Fiscalía de Guerrero, argumentando que no había una carpeta de investigación previa.
La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) cumplió diez años de irrumpir en seis municipios de la Costa Chica, como un movimiento encaminado a garantizar la seguridad y la justicia en comunidades y municipios azotados por la delincuencia organizada.
Su dirigente es Bruno Plácido Valerio, un indígena de origen mixteco, que antes de fundar la Unión de Pueblos fue parte del grupo que diseñó y puso en marcha lo que hoy se conoce como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC).
La CRAC-PC es un sistema de seguridad que surgió en la segunda mitad de la década de los 90s en las comunidades indígenas de San Luis Acatlán, de ahí se extendió hacia 200 pueblos de 12 municipios ubicados en las regiones Montaña y Costa Chica, principalmente.
Durante más de 25 años, la CRAC-PC se ha consolidado como un sistema de seguridad adecuado, la zona en que opera su policía comunitaria es considerada la de menor incidencia delictiva en la entidad, aunque siempre ha chocado con el sistema constitucional vigente, porque previene, investiga y sanciona los delitos bajo el sistema de reeducación.
Bruno y su hermano Cirino Plácido Valerio (QPD) fueron integrantes del desaparecido Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena y Negra (CG500ARIN), que en su momento aglutina a los cuatro grupos étnicos que existían en la entidad.
A pesar de ser hermanos y de sostener una buena relación, Bruno y Cirino tenían actitudes diferentes; a Bruno se le facilitaba ejercer un papel de liderazgo, tenía facilidad de palabra y manejaba con destreza la relación con las autoridades en sus tres niveles.
Cuando coordinó a la CRAC tuvo una constante exposición mediática, lo que rápidamente lo convirtió en una fuente de información muy consultada por los medios de comunicación, tanto locales como de difusión nacional.
Cirino se manejaba en un esquema de más bajo perfil, casi no realizaba declaraciones a los medios y se mantenía más cerca de los habitantes de las comunidades.
Por eso, cuando los consejeros de la CRAC-PC consideraron que la influencia de Bruno podría perjudicar al sistema de seguridad comunitario, decidieron tomar distancia con él pero mantuvieron la comunicación con su hermano Cirino.
Al final Cirino también se alejó pero no se incorporó a la UPOEG, se mudó a Chilapa y en Rincón de Chautla fundó lo que hoy se conoce como Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF).
La UPOEG como organización social no armada
La separación de Bruno Plácido con la CRAC-PC se generó en el año 2010 y dejó de frecuentar las comunidades de San Luis Acatlán, donde se encuentra la casa matriz del sistema de seguridad comunitario.
Plácido Valerio no estuvo quieto, se instaló en Ayutla de los Libres, municipio que se ubica en la parte baja de la Costa Chica, pero que tiene accesos muy rápidos hacia la región Centro y al puerto de Acapulco.
En 2011 reapareció públicamente como dirigente de la UPOEG, organización que dedicaba su actividad principal a la gestión de proyectos productivos para bajar recursos.
Ya no trabajaba solo con población indígena, también promovía la defensa ante los cobros abusivos que aplicaba la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
A diferencia de la CRAC-PC, la UPOEG se extendió con más rapidez como organización social hacia las regiones Centro, Montaña y Región Norte, por lo que de manera recurrente se le observaba realizando mítines en Palacio de Gobierno, en las instalaciones del Congreso local y llegó a realizar bloqueos a diferentes vías de comunicación, entre ellas la Autopista del Sol.
La UPOEG como organización social se arraigó rápidamente en los municipios de Ayutla de los Libres; Tecoanapa, Copala, Cruz Grande, Azoyú y San Marcos, pero además tuvo participación en comunidades de Quechultenango, Chilapa y Cuetzala del Progreso.
Muchos integrantes de la UPOEG accedieron a diferentes programas gubernamentales que financiaban proyectos productivos, pero entre 2011 y 2012, los grupos del crimen organizado, principalmente del puerto de Acapulco ya habían puesto en operación células en las zonas de influencia de la Unión de Pueblos.
De esa manera, muchos activistas de la UPOEG fueron asaltados a los pocos minutos de haber cobrado el cheque otorgado por alguna institución.
Cuando dichos asaltos fueron denunciados, se encontraron con el problema de que las agencias del Ministerio Público (MP) estaban infiltradas por los delincuentes, de tal suerte que fueron varios los asesinatos de gestores que habían presentado alguna querella.
