Enfoque Informativo
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados llamó a proteger el interés superior de niñas, niños y adolescentes tras difundirse un video de un “festejo matrimonial” entre menores en comunidades rurales de Cacahuatepec
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Yoloczin Domínguez Serna, expresó su preocupación por la difusión de un video donde se observa un “festejo matrimonial” entre dos menores de edad en comunidades rurales de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, en el municipio de Acapulco.
La legisladora señaló que, si bien es importante reconocer y respetar las tradiciones comunitarias, ninguna práctica social o cultural puede colocarse por encima de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
“Los usos y costumbres deben dialogar con los derechos humanos. La protección de la infancia no puede relativizarse ni quedar sujeta a omisiones institucionales”, expresó.
El posicionamiento surge luego de que en redes sociales circulara un video del denominado “festejo matrimonial” entre dos adolescentes identificados como Jesús y Jennifer, situación que generó debate social y críticas debido a que las uniones infantiles están prohibidas por la legislación mexicana.
Yoloczin Domínguez recordó que el Estado mexicano tiene la obligación constitucional y convencional de garantizar el interés superior de la niñez, así como proteger el derecho de menores de edad a la educación, al libre desarrollo y a vivir libres de violencia o presión social.
Asimismo, hizo un llamado a las autoridades competentes para fortalecer las acciones preventivas, educativas y de acompañamiento comunitario en las zonas rurales donde persisten este tipo de prácticas.
“Se requiere sensibilidad social, trabajo comunitario y presencia institucional. No basta con que las leyes existan; también debe garantizarse su cumplimiento y la protección efectiva de las y los menores”, sostuvo.
La diputada federal también consideró necesario abrir espacios de diálogo con las comunidades para atender el problema desde una perspectiva cultural y de derechos humanos, evitando la criminalización automática de las familias, pero priorizando en todo momento la protección de niñas, niños y adolescentes.
