El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCA) fue un factor fundamental para en materia económica para el desarrollo de nuestro país, ya que no solamente se logró contar con nuevos mercados en el continente, con el consiguiente incremento de las exportaciones y la llegada de inversión extranjera, al eliminar o disminuir aranceles, creando cadenas de valor transfronterizos como el caso automotriz, estableciendo reglas claras y certidumbre a las inversiones para los tres países.
El nuevo acuerdo renombrado como Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) obligo a una mayor aportación regional, lo cual obligo a realizar acomodamientos en las cadenas de valor. El nuevo Tratado obligo a enfrentar desafíos importantes para el cumplimiento de nuevos compromisos laborales y de corrección inmediata de posibles violaciones del acuerdo. Hace unos días, los Estados Unidos anuncio formalmente solicitud de consultas al Gobierno de México, “señalando trato injusto para las compañías estadounidenses, ya que la política energética mexicana actual viola cuatro artículos del T-MEC”, entorpeciendo el acceso al mercado a las empresas nacionales e internacionales, dándole preferencia a Pemex y CFE. El duro reclamo que dio la Oficina de la Comisionada Comercial de Estados Unidos (USTR) golpeo en la parte más dinámico de la economía mexicana, el sector exportador. La resolución del panel puede tardar varios meses, pero no hay forma de que el gobierno mexicano la gane. Los norteamericanos insisten que en reiteradas ocasiones se trató de resolver la problemática forma conjunta, las inquietudes de las empresas norteamericanas, cuyos beneficios han sido afectados, los tratos adversos e injustos por parte del gobierno de la 4T no pararon, y esto derivo a que el gobierno de los Estados Unidos haya iniciado la consulta para resolver las inconformidades y llegar a una solución que permita continuar con la competitividad de la zona comercial en su conjunto. Lejos de la gran ignorancia en temas económicos relevantes para el país, la respuesta del presidente mexicano a la controversia iniciada por EEUU Y Canadá puso en evidencia una ridícula y ofensiva respuesta a lo planteado por los gobiernos de dichos países de iniciar consultas, primero, y controversias, en su caso, sobre la política energética adoptada por la fracasada 4T en los últimos años, y muestra la profunda crisis de gobernabilidad por la que atraviesa México. Y esto sucede porque, después de que la administración estadunidense como la de Canadá uniendo fuerzas, iniciaron lo que consideran disposiciones legales “claramente inconsistentes” con los tratados comerciales y de desarrollo regional signados en el marco del T-MEC, y el tema no tuvo una respuesta seria, institucional y legalmente sustentada, lo cual es muy preocupante y apercibe un futuro que tenderá a complicarse rápidamente a la par que el ultimo tramo de la fracasada administración sexenal se acerque.
Las consecuencias de no resolver las diferencias en el grupo de consultas y en su caso Estados Unidos y Canadá soliciten establecer un panel para dirimir las controversias, es de muy alto riesgo. Si en un plazo de seis a siete meses el gobierno de la 4T no nivela el terreno a la inversión de Estados Unidos y Canadá y en el sector energético, las sanciones comerciales podrían llegar a más de 10 mil millones de dólares. La administración obradorista recibió varios mensajes de inversionistas y de los gobiernos de EEUU y Canadá, para lograr que las empresas de esos países tuvieran “trato nacional” respecto a Pemex y CFE. Hay que recordar que el gobierno mexicano modificó leyes secundarias e impuso medidas administrativas, que al beneficiar solamente a Pemex y a la CFE, violan varias disposiciones del TMEC. Si el país pierde la controversia serán miles de productores de autopartes, empresas de la industria aeroespacial y el sector agrícola quienes reciban el cobro de los aranceles. Los populistas de la 4T, piensan que el bombardeo de sus medias verdades a “un pueblo bueno mal informado” es suficiente para cambiar a diario la realidad, y que sus mentiras cotidianas no tendrán consecuencias. La política energética mexicana atajo 50 mil millones de dólares en inversiones en generación de energía por fuentes renovables, canceló y retrasó permisos y autorizaciones a empresas ya autorizadas para facilitar que el acceso al mercado lo tuvieran las empresas estatales fracasadas CFE y Pemex.
ES CUANTO
ADENDDUM: “se ha instalado en el país un absolutismo estéril, una concentración de todos los Poderes en una sola persona. Un Estado fallido, un gobierno rebasado y una sociedad excluida. Hay contubernio del poder público con el crimen organizado, cuando menos desde el inicio de esta administración; cada día que pasa se extiende la falta de jurisdicción efectiva de los poderes públicos sobre el territorio nacional. “Como si el narcotráfico le exigiera derecho de piso a las autoridades y por consecuencia a la sociedad”, lo dijo Muñoz Ledo.
