Por: Juan José Romero
Existen casos en donde un violentado ha reincidido su conducta en 11 ocasiones como se suscita en Veracruz
Se combate la violencia política en razón de género a nivel nacional, pero no se combate la impunidad, aseguró la consejera nacional del INE, Karla Astrid Humphey Jordán durante un conversatorio sobre Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género organizado por el Tribunal Electoral del Estado.
La Consejera señaló que existen casos en donde un violentado ha reincidido su conducta en 11 ocasiones como se suscita en Veracruz por cometer violencia política en razón, de género expuso Humphey Jordán.
“Esto es claro que las sanciones tampoco están siendo eficientes y por qué por el que 48.34% de los casos que se acreditó la violencia política, no hubo ninguna solución; 30.82 por ciento fueron multas económicas y el 14.80 con amonestaciones públicas, entonces tenemos la regulación, pero no tenemos o no se impone las sanciones de manera adecuada y por tanto, estamos, combatiendo desde ese punto la violencia política, pero no estamos combatiendo la impunidad, no estamos permitiendo que esas personas que o impidiendo más bien que estas personas que violencia en políticamente a las mujeres puedan ostentar o aspirar a un cargo de elección popular”, indicó
De igual manera, dijo que en caso de los partidos políticos, los institutos locales son lo que menos destinan recursos para capacitar a las mujeres en el tema de violencia política, algo en lo que están obligados a realizar, sostuvo
Agregó que se han hecho acciones, “me parece que lo más importante es que sea visibilizado la violencia política razón de género que sea visibilizado que ahora sí pasan cosas y que me van a decir ustedes a mí si tienen una elección anulada justamente por violencia política en razón de género la primera en el país (en Hueycantenango) ni siquiera está la causal establecida y como tal por ratificada, por la Sala Superior y además con un tema que me parece increíble no la diferencia de votación se habla en la Constitución para anular de al menos el 5%, aquí estamos hablando del punto 97% quedan 53 votos la diferencia y creo que tenemos que seguir avanzando en estos temas”, apuntó.
Refirió que los casos de personas sancionadas por cometer violencia política, existe un registro a nivel nacional de 293 casos; 236 hombres de 332 registros; 57 mujeres cifra que considero muy alta, 27 en estado de Oaxaca.
Esto refleja, que la violencia política en razón de genero se comete más en el ámbito municipal, con el 21.16% de los casos, la ciudadanía en general el 19.45, regidurías del 13.31%, periodistas el 10.92 por ciento, pero el 72.21 por ciento de los casos recalco, están a nivel municipal el 10.88 a nivel nacional y el 16.92 a nivel estatal.
Ante esto, consideró necesario que existan medida reparatorias, medidas de no repetición y sanciones que inhiban este tipo de conductas, “y por otro lado las mujeres tienen que saber dos cuestiones una que pueden ocupar cualquier cargo en el país en su municipio en su estado además que lo tienen que hacer en contextos libres de violencia y que hay formas para denunciar la violencia política en razón de género se comentaban aquí pero hemos hecho protocolos para hacer análisis de riesgo respecto de las víctimas, hemos hecho ya formatos de denuncia para que las mujeres no tengan que poner todo el fundamento jurídico porque luego se piensa eso es muy difícil hacer estas denuncias y tengo que tener un abogado un abogada falso, solamente hay que digamos describir las circunstancias en que una mujer está haciendo víctima de violencia política en razón de género y creo que además tenemos que facilitarlo en lenguas originales tenemos que llegar claramente a todas las personas en sus propias lenguas para que puedan entonces defender sus derechos”, explicó.
La Consejera Electora, señaló que los partidos políticos, están obligados a combatir la violencia política a razón de género, están obligados también a tener instancias para asesorar a las mujeres y están obligados dijo a capacitar a la militancia.
En su oportunidad, Muriel Salinas Martínez, quien también participó como ponente en este conversatorio, considero necesario ir fortaleciendo medidas de acceso a la justicia, máxime cuando ahora ya se tiene la llamada Ley, tres de tres.
“Por otro lado, creo que sigue siendo también un desafío, la aplicación de las sentencias la implementación y el seguimiento del cumplimiento de esta sentencias y ahí creo que es muy importante la articulación justamente de las autoridades con las organizaciones de la sociedad civil, la observancia del cumplimiento de esta sentencias también digamos, creo que se puede fortalecer muchísimo con la coadyuvancia de la sociedad civil organizada y para eso también requerimos políticas públicas que fortalezcan las actividades de la sociedad civil en esta agenda”.
Reprochó que en este sexenio a nivel general, las organizaciones enfrentan el desmantelamiento de las políticas públicas de apoyo a las mujeres “teníamos toda una política nacional, había presupuestos para desarrollar este programas de financiamiento”.
En materia de prevención, atención y seguimiento de casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, consideró que ahí hay un reto aún más allá de seguimiento al cumplimiento de la sentencias, y por otra parte la manera en que los tribunales sistematizan y hacen disponibles y accesible la información a la ciudadanía sobre esta sentencias en materia de violencia política contra las mujeres también.
“Necesitamos que desde los tribunales faciliten el acceso a la información, he insistido muchísimo en que tengan en sus plataformas este espacios en donde sea fácil consultar de manera directa la sentencias relativas a esta modalidad de violencia contra las mujeres y que también eso nos permita hacer a la sociedad civil, a las defensoras de los derechos humanos de los procesos políticos de las mujeres, un seguimiento del cumplimiento de las sentencias creo que otro tema que está pendiente”, expuso.
Señaló que en materia de ordenamientos jurídicos, tanto en materia electoral como administrativo, se tiene un déficit, pese a los esfuerzos que han hecho, haciendo énfasis en el trabajo de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso local.
