Noé Mondragón Norato
Sin cuadros políticos legítimos, inexpertos y carentes de olfato para detectar las trampas, el Morena tiene que echar mano forzosamente, de aquellos que arrastran con un pasado priista o perredista. Por eso las designaciones directas o de soslayo hechas por la gobernadora Evelyn Salgado, no están para cumplir antojos “democráticos” ni presiones de aquellos que no alcanzaron empleo en la “moderna” agencia de colocación inaugurada por el gobierno estatal entrante. Hay que ir por partes.
DESIGNACIÓN PLANCHADA. – En los apretados círculos del poder guerrerense, sólo los recomendados caben en los puestos y responsabilidades clave. Si el Poder Judicial arrastra vicios, corruptelas, tráficos de influencias y un sinfín de males endémicos, es porque la esfera de las decisiones ya está contaminada. De hecho, no se espera que cambie en el corto y mediano plazo. De ahí que, cuando se designa al magistrado presidente de ese poder, debe contar con el aval tácito del gobernador en turno. Y esta vez no fue la excepción: 1.- A los morenistas les han metido goles por todos lados. Y se entiende: resultaba impensable que un exceso de democracia ubicara a los militantes de ese partido como parte de un poder estatal realmente desprendido de las rémoras del pasado priista y perredista. Lo sorpresivo es que muchas de ellas se subieron oportunamente a esa rueda cuando advirtieron el fin del PRI. Desde los más inverosímiles personajes hasta los “tontos con iniciativa”. Pero muchos rieles ya estaban tendidos a fin de asegurar los continuismos. El Poder Judicial es parte importante de ese engranaje. No podía dejarse en manos “inexpertas”. 2.- La designación como magistrado presidente del Poder Judicial, del ex perredista Raymundo Casarrubias Vázquez, confirmó cuando menos dos cosas: que la influencia del pasado político pesa demasiado en el gobierno estatal evelynista. Y que la gobernadora está literalmente atrapada y sin salida en el mar de presiones producto de dicho escenario. De hecho, no tenía canicas con qué jugar en el escenario de la sucesión en dicho poder. La más fuerte de las aspirantes a ocupar esa responsabilidad, era la ex edil de Acapulco, la también ex perredista y hoy morenista, Adela Román Ocampo, bañada por el estigma de haber desviado casi cien millones de pesos de una obra “fantasma” por el rumbo de Pie de la Cuesta, y que fue denunciada por la actual alcaldesa del Morena, Abelina López Rodríguez. Al final Abelina calló. Por conveniencia o porque el presidente AMLO la obligó a enmudecer al respecto durante su última visita por la entidad. La Auditoria Superior del Estado (ASE) tampoco pudo intervenir en esa denuncia, en función de la visible ineficacia de los diputados del Congreso local que no se han puesto de acuerdo para designar al titular. De ese escándalo, el único beneficiario fue el ex perredista, hoy también morenista y ungido ya como magistrado presidente, Raymundo Casarrubias Vázquez. 3.- Tras perder la alcaldía de Chilapa ante el finado priista, Sergio Dolores Flores, en la elección del 5 de octubre de 2008, Raymundo Casarrubias Vázquez esperó pacientemente su rescate político. Llegó dos años y medio después, el 26 de abril de 2011: el entonces recién estrenado gobernador del PRD, Ángel Aguirre Rivero, propuso al Congreso local que tanto Adela Román Ocampo como el propio Casarrubias Vázquez, fueran designados como Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Y luego, los grupos de poder del PRI-PRD, anticipándose a un eventual escenario de desastre electoral —que al final ocurrió durante la pasada elección de junio—, empujaron durante la sesión del jueves 11 de mayo de 2017 y de nuevo ante el Congreso local, la ratificación “por ocho años más como magistrados del TSJ”, de Adela Román y de Raymundo Casarrubias. La primera como se sabe, ganó la candidatura y luego la alcaldía de Acapulco en 2018. Y el segundo se encumbró hoy, al frente del TSJ. Ambos están hermanados políticamente. Defienden en el fondo, los mismos intereses de poder del PRI-PRD. No los del Morena.
HOJEADAS DE PÁGINAS…Y para engrandecer el asombro y el desconcierto, otro de los personajes cuestionados del pasado, se acaba de anotar para dirigir la fiscalía General del Estado (FGE): Miguel Ángel Godínez Muñoz, quien fungió como fiscal durante el interinato del perredista Rogelio Ortega Martínez. En abril de 2016, Godínez Muñoz habría sido detenido por agentes de la extinta Policía Federal con fines de “presentación”, un hecho que luego él mismo desmentiría. Pero acumula otros pasivos. En la inédita política morenista estatal, basta con haber estado en la campaña de Evelyn Salgado para ser “purificado” de cualquier oscuro pasado.
