Enfoque Informativo

El Inai ordenó a la Fiscalía que entregue una versión pública del informe elaborado por autoridades de Estados Unidos sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar la versión pública del informe que autoridades de Estados Unidos entregaron al gobierno de México sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“El caso Ayotzinapa es emblemático, se refiere a crisis en materia de violaciones graves de derechos humanos que sufre nuestro país. Por esta razón, considero que este Pleno debe de aprovechar todas y cada una de las oportunidades posibles para visibilizarlo”, señaló la comisionada Norma Julieta del Río Venegas al presentar el asunto ante el Inai.

El 24 de mayo de 2021, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que autoridades estadounidenses entregaron documentos a México relacionados con la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, acontecida durante la madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Por ello, un ciudadano solicitó a la FGR entregarle la versión pública de estos documentos, dependencia que a través de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, informó que “no encontró información relacionada con la solicitud”.

En respuesta el ciudadano tramitó una queja ante el Inai, de cuyo análisis el organismo determinó que resultaba improcedente la inexistencia de información que manifestó la FGR, puesto que “no se tiene la certeza del criterio de búsqueda utilizado por la unidad administrativa mencionada para realizar la búsqueda de la información”.

Desde el año 2018, el Pleno del Inai resolvió que la Fiscalía debe poner a disposición de la población la versión pública de la averiguación previa de la desaparición forzada de los 43 estudiantes.

“El Instituto ha sido consecuente con esta resolución, todos y cada uno de los comisionados, desde entonces, los que estaban, los que estamos, hemos sido constantes en el mismo criterio sobre este caso”, refirió del Río Venegas.

Sobre el caso Ayotzinapa, el Inai ha instruido entregar declaraciones de los militares involucrados en los hechos, las fotografías y los registros tomados a los estudiantes por el Ejército, entre otra información.

Por todo lo anterior, el Inai revocó la respuesta de la FGR y le instruyó turnar la solicitud a todas las unidades administrativas competentes para atender el requerimiento del quejoso, con la finalidad de que realice una nueva búsqueda, a fin de localizar y entregar la versión pública del informe entregado por las autoridades estadounidenses al gobierno de México.

CNDH llama al diálogo para buscar soluciones sobre los 43 de Ayotzinapa

Luego del enfrentamiento entre normalistas de Ayotzinapa y elementos de la Guardia Nacional y policías estatales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a autoridades de Guerrero, gobierno federal, normalistas de Ayotzinapa y padres de los 43 estudiantes desaparecidos a instalar una mesa de diálogo para “buscar soluciones de fondo a problemas que datan de muchos años atrás”.

“La CNDH se declara lista para coadyuvar en la concreción de ese necesario diálogo, y apoyar, de conformidad con sus funciones y atribuciones, a efecto de encontrar, entre todos, los mejores caminos de entendimiento y de solución”, mencionó en un comunicado.

El Organismo de Derechos Humanos señaló que resulta “imprescindible” avanzar en las investigaciones ministeriales relacionadas con la desaparición forzada de los 43 estudiantes, bajo las líneas de investigación impulsadas por el Comité de madres y padres.

Así como revisar las causas que motivan las protestas de los normalistas y atender las necesidades académicas y materiales de las Escuelas Normales Rurales que se encuentran en diferentes entidades federativas, con el propósito de prevenir “hechos que pongan en riesgo la protección y el ejercicio de los derechos humanos de las personas”.

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