La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su profunda preocupación por los actos de vigilancia ilícita, constitutivos de injerencia arbitraria, por la filtración de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o por Guacamaya Leaks, en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH, advirtió que “estas prácticas son actos graves de intrusión, violatorios de derechos humanos y socavan la confianza de la población en las instituciones del Estado”.
“Los actos de vigilancia ilícita tienen un efecto intimidatorio y envían una negativa señal de intolerancia gubernamental a la crítica, contrario al entorno libre y seguro que corresponde garantizar para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos y a la libertad de prensa”, remarcó.
Asimismo, afirmó que, es deber del Estado mexicano esclarecer el alcance de las acciones de inteligencia, vigilancia e intervención de comunicaciones bajo el cual operan tanto las autoridades civiles como militares.
“Estos actos no pueden realizarse fuera del marco normativo y de estrictas salvaguardias de derechos humanos, lo que implica que todas las medidas adoptadas que coarten los derechos humanos y las libertades fundamentales deben estar expresamente previstas en la ley y responder a criterios de necesidad, proporcionalidad, legitimidad, transparencia, debida autorización y mecanismos civiles y judiciales de control y rendición de cuentas”, enfatizó.
Tras lo anterior, exhortó a las autoridades mexicanas “a cesar inmediatamente cualquier acto de injerencia arbitraria, en los términos previstos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, e implementar medidas de protección hacia las víctimas de estos actos y las personas y organizaciones de derechos humanos que los denunciaron”.
Además, demanda una investigación diligente e imparcial al tiempo que alienta a las autoridades a presentar resultados consistentes y fiables sobre la investigación iniciada en 2017, respecto de actos de vigilancia ilícita similares a los ahora denunciados.
