La mañana del miércoles pasado, el presidente López amaneció muy decidido. Le puso algo de interés a su a veces somnífera mañanera y anticipó lo que será su estrategia para sellar con enormes clavos el ataúd del actual sistema electoral federal, para después darle vida a otro. 

Decirlo es fácil, concretarlo es otra cosa. Quizá por eso lo que no dijo es como para cuándo será eso, porque obvio, no son enchiladas.

De entrada, como ya es costumbre, desbordó su animadversión contra el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al confirmar que van a desaparecer y fue más allá, también anunció que los integrantes de las nuevas instancias federales electorales, es decir consejeros y magistrados, serán elegidos a través del voto directo del pueblo. Al escuchar eso no queda otra cosa que poner cara de asombro y decir “recórcholis”.

El presidente se la vuela con frecuencia, pero creo que en esta ocasión exageró. Habrá que conocer en detalle la iniciativa de reforma constitucional que dijo enviará a la Cámara de Diputados después del 10 de abril, como si la premura significara que va a poder lograr un proceso legislativo de “fast track”, lo que se anticipa casi imposible debido a la actual polarización del ambiente político nacional.

La intención presidencial como siempre es tratar de engatusar al amable auditorio con espejitos, diciendo a sus feligreses lo que quieren oír. Que corra, pero ya, la sangre contra los neoliberales antidemocráticos que sólo llevan a cabo elecciones fraudulentas. Aquí cabe también preguntar, ¿como la suya? No hay que olvidar que el actual INE organizó y validó su elección en 2018.

Tampoco dijo que, para llevar a cabo la pretendida federalización de las instituciones electorales, así como todo lo demás que anunció, como la desaparición de los de diputados y senadores plurinominales, la reducción de 50 por ciento de prerrogativas a los partidos políticos y el ahorro de “más de diez mil millones de pesos” en la operación del organismo electoral, se requieren varias reformas constitucionales y que ahí, ya de entrada, no le alcanza con el actual control de Morena en el Congreso, pues se requiere el voto de dos terceras partes de sus integrantes.

También plantea la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) que operan en estados, distritos y municipios, “porque hay duplicidad de funciones”. Espero que López haya hecho bien sus cálculos y que tenga asesores que no se lo estén cilindreando, porque con el dinamismo del calendario electoral que persiste en el país y que está aún muy lejos de ser homologado, la complejidad para concretar propuesta como esa está fuera de duda.

Dejemos de lado los temas presupuestal y operativo, que son los que por lo visto le causan urticaria a la piel presidencial, nada más hay que reflexionar sobre el asunto de los recursos humanos. ¿Ya le habrán hecho notar que recortar a la mitad la plantilla laboral electoral en el país va a significar un tremendo problema laboral, legal, social y humano?

Se trata, queda claro, de centralizar, que no federalizar como sostiene, el control sobre los procesos electorales. Es decir, prácticamente pretende regresar a lo que existía antes, a la subordinación total de los entes electorales, aunque, ataja, sus integrantes serán electos por voto directo del pueblo, “a propuesta de los tres poderes de la Unión”.

Nada más habrá que ver cuál será el mecanismo a través del cual esos poderes seleccionen a los personajes idóneos para resultar electos como consejeros y magistrados. Sólo el análisis somero de una propuesta como esa, con tantas implicaciones y aristas, lleva a la conclusión de que se trata de una verdadera barrabasada.

De entrada, supongamos que vaya usted a saber cómo, pero los tres poderes sí puedan hacer sus propuestas, ¿qué instancia organizará la elección de los nuevos funcionarios electorales? ¿Se creará un organismo electoral provisional? Y también, ¿qué institución sancionará los resultados si se judicializan? ¿Cómo operará la nueva estructura? ¿Habrá una matriz y sucursales en los estados? Y lo más importante, ¿se contará a tiempo con un basamento legal para todo ello?

Corren además dos factores en contra. El primero, como ya señalé, es que a Morena no le alcanza en el Congreso su mayoría para reformar la Constitución. Y no le alcanza ni sumando los votos de sus partidos satélites, el PT y el Verde. En la Cámara de Diputados suman 227 votos y les faltan 57 para alcanzar las dos terceras partes, es decir requieren 334. En el Senado los de la 4T suman 75 escaños, pero les faltan diez para sumar 85, que es la mayoría calificada.

El otro factor es el tiempo. Independientemente de que sus operadores pretendan hacer malabares con el calendario que debe cumplirse en las dos Cámaras, él mismo socava todos los días, con su verborrea intolerante y rijosa, cualquier posibilidad de cabildeo o acuerdo con las demás fuerzas políticas para sacar adelante esa especie de “reformón” electoral. Eso termina por torpedear cualquier intento negociador.

En conclusión. Eso de acabar con el INE y el TEPJF para sustituirlos por otro enorme ente electoral federal, como divertida ocurrencia está muy bien, pero López debió calcular que quizá no le alcance el resto del sexenio para ver concretada su vendetta y lo peor, si se le acaba el tiempo, después de 2024 quién sabe qué pueda suceder. Entre tanto, habrá que divertirse un rato.