Por: Fernando Hinterholzer Diestel
“El Estado no es un botín, es un patrimonio de toda la sociedad” ANÓNIMO
El tema parece ineludible, porque salvo que uno viva fuera de la Vía Láctea, el cáncer de la corrupción es conocido y padecido por todos. Y la sociedad civil se pregunta, si acaso existe en la esfera pública más corrupción hoy que en el pasado. En lo personal pienso que si, pero la diferencia hoy en día es que se denuncia en los medios de comunicación los asuntos que conocemos. Con la llegada del gobierno de la 4ª. Transformación y las promesas de campaña del actual presidente López Obrador se abrió una oportunidad real de acabar con esa lacra social o por lo menos disminuirla considerablemente, pero no fue así. Aunque el Primer mandatario siempre nos recalca que “se acabó la corrupción en su gobierno”. La corrupción es uno de los fenómenos que más afecta a la sociedad, la afecta al recrear un ambiente social donde se percibe que las leyes pueden ser desobedecidas. “La corrupción también debilita el sentimiento del deber, la integridad y la ética de cada uno de los miembros de la comunidad”. Históricamente la corrupción en México ha sido un modus vivendi de una parte de la población, este fenómeno ha adquirido creciente dimensión permeando a diversos sectores con alto costo para la sociedad, con graves distorsiones en las funciones del Estado.
En México existe estrecha relación entre autoritarismo y corrupción, entre falta de democracia y la deshonestidad gubernamental. Existe una percepción generalizada de que la lucha anticorrupción ha sido poco eficiente y limitada, en virtud de que los fenómenos esta índole no son fáciles de detectar e identificar ya que no existen suficientes recursos para enfrentarla. Existe la creencia que hay una falta de capacidad técnica y logística, para desarrollar estrategias efectivas para este propósito y de que no existe voluntad política para terminar o eliminar estas prácticas ilícitas debido a que son fuente importante de ingresos para determinados grupos y, por el temor de que acciones abiertas y agresivas contra la corrupción puedan originar una desestabilización política.
Sin embargo, en esta lucha son más importantes las acciones para prevenirla, se requiere de mayores recursos para ejercer sus funciones y poder combatirla y sobre todo, de mucha voluntad política y total apego a ley. Hay que destacar que las acciones del gobierno federal por décadas no han logrado resultados contundentes para abatir los índices de corrupción en la agenda nacional.
A pesar de que México encabeza a los países latinos en la aplicación de medidas anticorrupción, informes emitidos por organizaciones no gubernamentales, tales como Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana “indican que nuestro país pierde alrededor de 9 por ciento del Producto Interno Bruto por acciones corruptas”. El Estado mexicano bajo el gobierno de AMLO tiene que decidirse a erradicar y prevenir la corrupción, con información pública, vasta y oportuna. Eliminar la corrupción no es un imposible, es sin duda una tarea difícil, la cual requiere de acciones fulminantes y de una decidida voluntad política, un deseo compartido por nuestras naciones de no dejar que la delincuencia, la corrupción, en particular la que infiltra a las instituciones del Estado, se apropie de los recursos necesarios para el desarrollo de los pueblos. El fenómeno de la corrupción ha lastimado y ofendido desde hace décadas a la sociedad, y se requieren acciones urgentes, compromisos y reformas jurídicas (como las leyes de extinción de dominio, las reformas a la Ley de Instituciones de Crédito, mejor conocida como la Ley Nieto) que regulen y castiguen actos deshonestos en todas las instituciones de carácter público, caiga quien caiga. Es por eso por lo que la ciudadanía y la sociedad civil en general debe mantenerse muy atentos para denunciar, identificar y señalar a aquellos servidores públicos que estén faltando a su deber, y que estén haciendo del engaño y la mentira, del abuso, su forma de vida, su forma de ser. La corrupción mina la confianza de los mexicanos en sus instituciones, genera un ambiente de impunidad que socava las bases de la convivencia, degrada la moral, la ética de una sociedad y genera, además cuantiosas pérdidas económicas para la nación.
En Guerrero, la Sociedad Civil y ONG´s en Acapulco y Chilpancingo indignadas por la gestión de la excalde acapulqueña Adela Román, y el exedil de Chilpancingo Antonio Gaspar que entregaron quebrados ambos ayuntamientos, ahora se alertan con grave preocupación por la casi probable decisión de sus alcaldes electos ante los presuntos nombramientos para ocupar las áreas de Finanzas y Administración de ambas localidades. En Acapulco, la alcaldesa electa Abelina López Rodríguez candidatea a Ángel Octavio Cisneros con antecedentes de corrupción en la SHCP y en el SAT, siendo cesado por malos manejos y presunta corrupción, cuenta además con 7 Averiguaciones la mayoría por fraude. En Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez pretende nombrar a Guadalupe Morales Martínez para dirigir las finanzas de la capital del Estado, esta persona tiene antecedentes de malos manejos y corrupción cuando fungió como Delegada Administrativa de SEFINA, no cuenta con cédula profesional que avalen sus estudios; ha traficado con vehículos oficiales repartiéndolos entre su familia y allegados, y su patrimonio personal de inmuebles, autos no coincide con sus ingresos como servidora pública, y en su último trabajo en el área de Control Patrimonial del gobierno de Guerrero, también incurrió en malos manejos. Donde quedan los principios morales y éticos de la 4T que el presidente López Obrador ordeno impulsar al inicio de su gobierno. Bien sabemos que la corrupción es propia del proceso político, por ende, la misma es institucionalizada y su nivel y clase dependen del régimen político en el país. Una de las promesas de López Obrador ha sido el combate al flagelo que desangra la vida institucional, sin embargo, en su narrativa diaria las palabras no siempre han estado acompañadas por los hechos.
ES CUANTO
ADENDDUM: El caso Ayotzinapa sigue muy politizado. La SEGOB quiere “una verdad a la altura de sus postulados políticos-ideológicos”, a modo pues, sin tomar en cuenta la muy triste realidad de la desaparición de los estudiantes. Las autoridades tienen las pruebas decisivas en donde los criminales del Cártel Guerreros Unidos y sus asesinos en Iguala narraron, con lujo de detalles, lo que sucedió y de la forma en cómo se deshicieron de los jóvenes. Pero esa historia no les gusta a la 4T, se parece demasiado a la llamada verdad histórica.
