Por Fredid Román Román

Uno de los lastres sociales heredados por la alcaldesa capitalina Norma Otilia Hernández Martínez ha sido, la inseguridad que en los últimos días ha entrado en una fase de preocupación tanto para las autoridades como para la población en su conjunto, por lo que esto significa para la sana convivencia social y la recomposición del tejido social, que ha sido una preocupación y atención de la autoridad municipal.

Las leyes señalan al gobierno federal como la responsable de atender y atacar este problema social, sin embargo, por lo que se ha visto y escuchado, en este ámbito del gobierno no existe mucho interés en dar la batalla a las células criminales, al contrario, desde esa esfera de gobierno se “cuida y protege porque también son seres humanos”

Este mensaje ha sido mal entendido por algunas autoridades, pues en los hechos significa que el gobierno federal traslada a los estados y municipios el combate a este lastre social que es la violencia y la inseguridad. El problema es que desde hace 4 años se ha quitado a los ayuntamientos y estados los recursos asignados para la seguridad pública, como es la adquisición de equipamiento y capacitación y preparación de los elementos policiacos.

En estas condiciones poco pueden hacer los ayuntamientos y tal es el caso de la alcaldesa Norma Otilia que ha sumado esfuerzos para garantizar  la gobernabilidad que exige la ciudadanía capitalina, pues desde el primer día de su mandato ha enfocado esfuerzos y acciones para la reconstrucción del tejido social a través de programas y acciones de gobierno, aunque en muchas ocasiones ella misma tenga que interactuar culturalmente en estas acciones, con la sociedad.

Lamentablemente en municipios como Chilpancingo, no se pueden disponer de recursos suficientes para activar programas para atacar “los orígenes de la delincuencia” como lo hace el gobierno federal, con pésimos resultados, por cierto, pero si se hacen esfuerzos y se desarrollan proyectos y programas de gobierno para atender a todos los sectores privilegiando la reactivación económica y la atención de grupos vulnerables.

Sobra enumerar los programas y acciones de gobierno que algunos de manera directa y otros indirectamente se enfocan a atacar la raíz de este problema social, sin embargo es necesario que tanto el ayuntamiento capitalino como el gobierno estatal impulsen acciones donde se concentre la prioridad a fortalecer los valores humanos y morales de los ciudadanos y las familias. Este sería un paso importante para formar una nueva conciencia en los niños, adolescentes y jóvenes.

Chilpancingo es una de las ciudades del país donde el número de policías municipales es inferior al que recomiendan, como parámetro de medición,  número de ciudadanos por policía. Aun así es de destacar que el gobierno municipal es el primero a nivel estatal en certificar a su cuerpo policiaco, ya que 87 de cada 100 policías cuentan con la aprobación de su examen de control y confianza como lo marca el secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública. Y pronto se certificará a los agentes de tránsito y vialidad, para que ya dejen de jincar el diente a los conductores de vehículos y motos.

Atacar el flagelo de la inseguridad es responsabilidad compartida entre autoridades y sociedad, cuando una falla, no se obtienen los resultados deseados, es por eso que debe existir un compromiso real y auténtico entre ambas para avanzar en el combate a este problema que afecta a todos por igual, solo así se avanzará algo. Que cada quien haga su parte.

Y que el gobierno estatal y federal coadyuven con mejores operativos de seguridad que generen confianza en la sociedad. Y el ayuntamiento en función de sus capacidades presupuestales continúen atacando de raíz las causas que originen la violencia, porque solo así se reconstruirá el tejido social y se restituirá la paz y tranquilidad que añoramos los chilpancingueños.