El pasado 12 de junio se conmemoró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, y donde los especialistas en la materia, hicieron un exhorto para poner fin a éste que es una violación de los derechos humanos de millones de niñas y niños que más lesiona a la niñez y que debe preocuparnos e indignarnos como sociedad, y que de manera alarmante vemos incrementarse en los últimos años.
Hay que señalar que el tema del trabajo infantil es un fenómeno mundial y en México tiene una especial incidencia en los estados del sureste, Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Es triste ver a las y los niños de la Tierra Caliente trabajando en los campos meloneros en Guerrero y Michoacán, o a jóvenes tzotziles o Chamulas, cargando pesados bultos y arrastrando carretillas en las obras civiles en San Cristóbal las Casas en Chiapas. La Organización Internacional del Trabajo informo que en el año 2016, más de 350 millones de adolescentes y niños de entre 6 y 18 años de edad participaban ya en el mercado laboral, solo en México, se estimaba que el número total de niños ocupados alcanzaban los 3 millones de menores, de acuerdo a estadísticas oficiales del gobierno mexicano. Este número tan elevado de menores es en sí, un grave problema porque ya que impide que niños y adolescentes logren su pleno desarrollo, al limitar su educación que queda truncada por el hecho de ganar unos pesos y reducir su nivel de pobreza patrimonial. Asimismo, es probable que estos efectos se extiendan a generaciones futuras debido al bajo grado de movilidad social que prevalece en el país. En el nivel agregado, el trabajo infantil suele ser visto como indeseable al disminuir el acervo de capital humano en el mediano y largo plazos, lo que limita los niveles de crecimiento económico futuros. El trabajo infantil es producto de la necesidad económica de los papas de los menores, y se manifiesta a partir de la penuria del hogar para subsistir y lograr una mayor cantidad de recursos ecónomos. El trabajo de niños y adolescentes es el reflejo de una sintomatología de los problemas que ocurren en el país, como lo es un sistema educativo incompleto, actos discriminativos en las familias y la falta de oportunidades en los sectores más atrasados de la población. De hecho, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el artículo 123 “que está prohibida la utilización del trabajo de los menores de 14 años”. En tanto, que la normativa secundaria la Ley Federal del Trabajo marca en sus artículos 22 y 23 “que no está permitido que trabajen los menores de 14 años y los mayores de esta edad y menores de 16 años que no hayan terminado su educación obligatoria, salvo casos excepcionales”. Sin embargo, a pesar de la prohibición expresa en las leyes mexicanas, para evitar el trabajo infantil, los niveles de participación económica de este sector de la economía son relevantes. Datos del Módulo de Trabajo Infantil del INEGI 2016, muestran que el 11% de la población de entre 6 y 17 años de edad trabajaban ya en 2015. Es la Secretaria del Trabajo y Previsión Social la encargada de revisar que las empresas no utilicen mano de obra infantil, lamentablemente no alcanza esa supervisión, para todos los ámbitos de la economía.
A partir de las estadísticas existe un alto grado de diversidad según el Estado de la república de origen, el género, el tipo de labor desempeñado y el tamaño de la población de origen, del trabajo infantil. Ya que mientras en Chihuahua 4.7% de la población menor de edad trabaja, en Guerrero el 28.5% de los niños y adolescentes concurren en el mercado laboral. A nivel nacional, más del 70% de los trabajadores infantiles son varones, mientras que 45% de los menores que realizan alguna actividad productiva señalan que no reciben ningún tipo de pago por sus trabajos realizados. Hay que destacar, que el trabajo infantil ocurre más comúnmente en regiones rurales que en las urbanas, donde 40% del total de los trabajadores infantiles vive en poblaciones menores a 2 500 habitantes. La participación en el mercado laboral implica que los menores ya no estudian o que las actividades escolares se atienden mínimamente. De acuerdo a cifras del INEGI del 2016, los niveles de asistencia escolar entre la población de 5 a 17 años es de más del 90%, pero esto se reduce drásticamente al tratarse de menores que trabajan, donde apenas el 59.9% de la población que trabaja también estudia. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) aprueba la participación de menores en trabajos, siempre y cuando no impacte en su salud y desarrollo, y no interfiera con su educación. Lo que se castiga es aquel trabajo que despojen a los menores de su infancia, su desarrollo y pundonor, que alteren su crecimiento físico y psicológico, y su bienestar general. Las herramientas que tienen como propósito la protección de la infancia y erradicar el trabajo infantil aparecen en la “Convención sobre los Derechos del Niño (1989), que reconoce su derecho a la protección contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, e impone establecer una edad mínima para trabajar, horarios y condiciones de apropiadas”.(UNICEF) La triste realidad en la que sobreviven millones de niñas y niños en el mundo y en nuestro país, víctimas de distintas variedades de “esclavitud, de servidumbre, de explotación sexual, empleados en conflictos armados o actividades ilícitas como el narcotráfico, expuestos a abusos y violencia”; quienes son privados de su niñez y de la probabilidad de un porvenir mejor, es inaceptable y nos demanda de actos concluyentes. Hay que terminar con ese ese contorno de pobreza que es causa y consecuencia del trabajo infantil, y que incrementa la inequidad social.
ES CUANTO
ADENDDUM: el entorno de violencia criminal continua amenazando la vida cotidiana de la sociedad mexicana, las masacres, los enfrentamientos de los grupos del crimen organizado aterrorizan día con día la escena pública. Ahora nuevos hechos que ya conocíamos anteriormente salen a la luz pública para completar “la tormenta perfecta”, en el reino del “narcoestado a la mexicana”, Abrazos y no Balazos para los sicarios y delincuentes. Hace unos días, un numeroso grupo de hombres armados, y con el rostro cubierto se desplazaron por varias colonias de la zona norte de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para tomar el mercado norte de esa población conocido por ser un reducto de grupos criminales conocidos como “los Motonetos”. La gravedad de los hechos sucedidos en el pueblo mágico de San Cristóbal de las Casas ponen en evidencia una de las principales amenazas, a las que enfrenta nuestro país, que es la extorsión, y que el cobro de piso ahogara a empresas comerciales y centros productivos, con lo cual se impacta día a día toda la actividad económica, y a toda la población. Los carteles criminales trafican drogas, personas, armas, pero han desarrollado también otros nichos de mercado para sus ilícitas actividades.
Lo sucedido en Chiapas muestra la pugna por el control de un mercado, y lo que ocurre a 900 kilómetros de distancia en Guerrero muy lejos de ahí, también tiene como elemento en común, el dominio de pueblos de esa entidad, vastas regiones donde el despojo criminal se ha incrustado a tal punto de cobrar cuota a las tortillas, al pollo, materiales para construcción, a las tiendas de abarrotes, a todo. Baste recorrer la zona de Tierra Caliente, Iguala, Acapulco. Basta recordar lo sucedido con los comerciantes de pollo, en Chilpancingo, que tuvieron que cerrar sus locales para evitar más violencia en su contra. Pero esto no sucede solamente en la provincia, en la Ciudad de México, las extorsiones en Polanco, y varias demarcaciones capitalinas son el pan de cada día y no hay quien las detenga.
