Por: Juan José Romero
La delincuencia organizada recibe contratos de obra pública en todo el país
En el marco de la Firma de Convenio de colaboración entre el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez López, afirmó que el crimen organizado invierte en elecciones para obtener beneficios directos cuando el candidato se convierte en gobierno.
Dijo que la delincuencia organizada “no se va a detener porque haya elecciones”, porque es en este periodo electoral cuando “aprovechan” su injerencia, “porque les da presencia en el territorio, y les permite tener influencia, no solo en materia de seguridad, sino porque se están llevando contratos de obra pública”, además de estar recibiendo beneficios económicos directos de algunos gobiernos, y tienen control en las administraciones municipales o sobre áreas particulares de los gobiernos estatales, expuso.
El director de Transparencia Mexicana sostuvo que no se cuenta con un ranking a nivel nacional sobre la incursión del crimen organizado en campañas electorales, pero aseguró que es un tema que debe “preocupar en todos los estados”, remarcó.
Explicó que la Ley 3 de 3 podría ayudar en algo a por lo menos conocer un poco más de los candidatos a los cargos de elección popular de cada uno de los partidos políticos, sobre todo porque ahora, esa estrategia ya es una obligación para los aspirantes, y los partidos políticos también deben acatar.
Mencionó que en algunas ocasiones los partidos políticos “tienen problemas para encontrar aspirantes en ciertas regiones de los estados y terminan metiendo a personas solo para poder tener un candidato y llenar las listas, lo que a veces les sale contraproducente”, aseguró
Consideró que las autoridades de gobierno, órganos electorales y partidos políticos deben crear mapas de riesgo y “hablar con claridad”, para conocer en dónde están los territorios dominados por el crimen organizado, porque “puede ser cualquier zona”, mapas que deberían de ser de dominio público para conocer los lugares de alto riesgo y que indiquen “qué organizaciones delincuenciales tienen influencia en cada área”.
Insistió en que los ciudadanos “necesitamos saber candidato por candidato, quiénes son, de dónde vienen, qué características tienen, cuáles son sus intereses, también los partidos políticos deberían estar interesados en hacer el escrutinio”, que en los gobiernos lleva a cabo el Sistema Estatal Anticorrupción.
Eduardo Bohórquez dijo que la delincuencia organizada está tratando todo el tiempo de comparar influencia y poder, por eso es que invierte en las elecciones, y aprovecha, “porque eso le da presencia en el territorio”; y es que aseguró que “el crimen organizado no es un filántropo de la democracia, no le mete dinero a las campañas sólo para que gane su candidato, invierte en ellas, para obtener beneficios directos”.
Con relación a la corrupción existente, dijo que se ha “instalado” en México “porque la mexicanidad es bien aguantadora” y porque la resiliencia se ha convertido en un valor en la sociedad.
Aseguró que la sociedad mexicana aguanta, por ejemplo, un pésimo y caro servicio de transporte, “topes y más topes” para tener claro que cuando un agente de tránsito te pide que te orilles, no es para aplicar el reglamento sino para buscar cómo extorsionar.
“¿Quién de ustedes ha hecho algo por cambiar el transporte público de su ciudad?”, cuestionó a los asistentes a su conferencia magistral “El futuro del Sistema Nacional Anticorrupción”.
Bohórquez López sin embargo, señaló a la clase gobernante, a la clase política y a la delincuencia organizada “sea de cuello blanco o de estilo ranchero”, de ser los responsables de hacer de la corrupción un modus vivendi.
Pero también criticó a los ciudadanos que son excesivamente tolerantes con la corrupción o que se han adaptado a ella. Nuevamente mencionó el caso del transporte público, donde nadie hace nada para exigir que esté regulado por el gobierno, se ofrezca un mejor servicio y más barato, e incluso, para preguntar por qué hace falta la lámpara en un poste del alumbrado público.
“Tal vez no han hecho nada porque nadie los ha convocado o, porque somos un país donde tenemos miedo a que las cosas cambien. No va a ser que un día funcionen bien los camiones del transporte público”, dijo.
El presidente de Transparencia Mexicana también cuestionó el hecho de que los jóvenes desconozcan el sistema Compranet, el cual fue diseñado hace más de 23 años por un grupo de jóvenes mexicanos para la Secretaría de Hacienda.
Afirmó que este sistema fue quizás el primer antecedente de lo que hoy “han convertido en millonarios a los dueños de las plataformas digitales de compras por internet”.
También aseguró que otro problema en México es que no se sabe convocar al talento: “Lo que no haría yo con 40 de ustedes en mi equipo; no saben de lo que seríamos capaces, las cosas que cambiaríamos todos los días, y no hay que esperar diez años para cambiar el planeta”.
Sostuvo que una de las definiciones más aceptadas y generalizadas de corrupción es “el abuso de la confianza depositada en una persona por un colectivo, para un beneficio privado”. Es por eso que insistió en la urgencia de empezar a construir una ciudadanía interesada y participativa de los asuntos públicos y el beneficio colectivo.
Advirtió que con base en mediciones realizadas no hay una relación estricta que indique que a mayor transparencia es menor la corrupción y viceversa; ni en el ámbito internacional y nacional. Es decir, la transparencia facilita la rendición de cuentas, pero no garantiza honestidad ni rendición de cuentas.
Asimismo, adelantó que “por sobrevivencia política” al cierre del año en curso el 70 por ciento de los gobernadores de todo el país ya habrán publicado su 3 de 3. Por lo pronto, distinguió a la entidad como el estado con mayor número de funcionarios y poderes que han presentado su 3 de 3, ubicándolo en el primer puesto.
“A partir del próximo año, todos los servidores públicos en el país estarán obligados a presentar su 3 de 3. Obligados. Ya no será optativo. Todos los poderes y todos los órganos, constitucionales, autónomos y otros”, manifestó.
Con las declaraciones públicas, añadió, los funcionarios serán por primera vez objeto de revisión, con lo que comenzará un nuevo debate sobre el grado de publicidad que tendrá esta información. Y es que, anticipó, habrá que proteger a las personas, particularmente a quienes residen en un espacio cercano al crimen organizado.