Enfoque Informativo
El presidente AMLO señaló que se analizará si el decreto de amnistía puede beneficiar a estas personas presas
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) instruyó a que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, atienda el caso de cuatro campesinos sobrevivientes de la matanza en Aguas Blancas, Guerrero, que aún están presos.
En la conferencia de prensa matutina, reconoció que el decreto de amnistía para la liberación de presos en penales federales no fue suficiente ya que “no se ha hecho justicia en varios casos”.
Por ello, dijo que esta semana se tendrá una respuesta a los campesinos encarcelados por la matanza de 17 campesinos que se registró el 28 de junio de 1995.
“Estoy consciente que no se ha hecho justicia en varios casos, porque no es adecuado el marco legal y hay muchas resistencias no solo en el Ejecutivo también en el Poder Judicial, pero no vamos a dejar de insistir en que todo lo que significa una injusticia cometida pueda resarcirse el daño y sobre todo garantizar la libertad de quienes injustamente están detenidos”, admitió en el salón Tesorería de Palacio Nacional.
Recordó que en 1995 un grupo de campesinos se dirigía a una protesta, sin embargo, fueron masacrados por policías.
“Este caso en especial lo vamos a tratar con el secretario de Gobernación, todos sabemos lo que sucedió en ese vado de Aguas Blancas, un grupo de campesinos que se trasladaba para hacer una protesta y los estaban esperando policías y les dispararon a mansalva, hubieron muertos”, refirió.
Agregó que “ello condujo en que en ese entonces saliera el gobernador y entrara Ángel Aguirre, fue Rubén Figueroa el que estaba cuando esta matanza, y quedó demostrado que fue una acción autoritaria, fue una masacre de 17 campesinos”.
En el decreto, se establece la preliberación de reos en penales federales víctimas de tortura, que estén en prisión preventiva por más de dos años acusados de delitos no graves, adultos mayores de 60 años con enfermedades crónicas y mayores de 70 años.
El mandatario habló sobre el caso de los tres campesinos que sobrevivieron a la matanza donde murieron 17 de sus compañeros, los cuales siguieron siendo perseguidos, y desde hace más de 20 años, se encuentran recluidos en diferentes cárceles, bajo acusaciones fabricadas.
“Estoy muy consciente de que no se ha hecho justicia en varios casos, porque no es adecuado el marco legal y hay muchas resistencias, no solo en el Ejecutivo, también en el Poder Judicial. Pero no vamos a dejar de insistir en que todo lo que significa una injusticia cometida, pueda resarcirse el daño y sobre todo garantizar la libertad de los que injustamente están detenidos”, sostuvo.
López Obrador comprometió que dará un informe sobre el estado que guarda este caso.
Según la CNDH, La mañana del 28 de junio de 1995, algunos miembros de la recién formada Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) se dirigieron a Coyuca de Benítez con el propósito de pedir el cumplimiento de las promesas de ayuda para los cultivadores de café. Los campesinos iban en dos camiones de carga: el primero fue detenido en “El Vado” por un grupo de policías y agentes judiciales del estado. Los hicieron descender y, con golpes, los obligaron a acostarse en el suelo, a esperar. Cuando llegó el segundo vehículo el procedimiento se repitió, pero justo antes de concluirlo los policías y agentes judiciales dispararon contra los indefensos campesinos durante casi 20 minutos.[1] Estaban a tres kilómetros del poblado de Aguas Blancas.
En esta emboscada, 17 campesinos fueron asesinados; catorce heridos. Dos elementos policíacos también resultaron lesionados, con heridas corto-contundentes producidas por arma blanca .
La Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH), perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA), emitió el INFORME Nº 49/97 con fecha del 18 de febrero de 1998. En él donde indica que, el 24 de enero de 1996, la Comisión solicitó a los Estados Unidos Mexicanos tomar las medidas cautelares necesarias para proteger la vida e integridad física de todos los testigos de la Masacre de Aguas Blancas, en particularmente de la Sra. Virgilia Galeana García y los familiares de las víctimas .
También sostienen que, pese al nombramiento de un Fiscal Especial para el caso, la investigación mantenía irregularidades. El 25 de febrero de 1996 se había difundido, en un programa de televisión, la videograbación no editada de la operación en Aguas Blancas, probándose plenamente la naturaleza dolosa de la operación, con todos los agravantes de premeditación, alevosía, ventaja y traición .
Por otra parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a través de su recomendación 104/95, acreditó que el 28 de junio de 1995 se violaron los Derechos Humanos de 17 personas pertenecientes a la Organización Campesina de la Sierra del Sur, quienes resultaron muertas (cuando menos una en maniobras de ejecución sumaria) de manera intencional por la Policía Judicial Estatal y la Policía Motorizada.
De igual forma recomendó disponer lo necesario a fin de llevar a cabo una adecuada reestructuración de los cuerpos policíacos y de seguridad pública del Estado, con objeto de ajustarlos estrictamente a lo dispuesto en la Constitución General de la República para el cumplimiento eficaz de su labor de perseguir delitos y dar seguridad a los gobernados y sus bienes .
Los derechos vulnerados, así como la obligación de respetar los derechos por parte del Estado mexicano, establecida en el artículo 1.1., conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), de la cual México es parte desde el 3 de abril de 1982, son los siguientes.
A la fecha, sólo están detenidos por este crimen algunos policías y mandos medios. La justicia no ha alcanzado a quienes dieron las ordenes desde el gobierno, porque el entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, es compadre de quien fuera presidente de la República, Ernesto Zedillo: Se presume que lo encubrió.
