Juan José Romero

  • Aseguró el ex funcionario que el actual contralor conocía la situación deficitaria en el organismo

Los mil 300 millones de pesos que presuntamente fueron desviados en el Colegio de Bachilleres (Cobach) equivale a no pagar durante dos años, los salarios y prestaciones de los trabajadores, señaló Fermín Alvarado Arrollo exdirector del organismo.

«Hablar de un desvío de mil 300 millones de pesos, es tan increíble que hubiera significado en el Colegio de Bachilleres no se hubieran pagado los salarios y prestaciones quincenalmente durante dos años, porque el Colegio de Bachilleres recibe un aproximado de 700 millones cada año».

En entrevista, refirió que el 96 por ciento del recurso que recibe el organismo es para pago de salarios y prestaciones, y solo el 4 por ciento es para gasto operativo.

Calificó como extraño que el secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Eduardo Loría Casanova «aparezca» como que no sabe sobre el déficit que arrastra el Colegio de Bachilleres y otros organismos, tomando en cuenta, dijo, que en las juntas directivas que se realizan cada 4 meses se les hace del conocimiento de esta situación.

Reveló que en cuanto a las retenciones que se hace a los trabajadores, se hacen efectivas en el papel pero no se hace la retención del recurso de manera real porque «el recurso financiero no llega en su totalidad a las cuentas del Colegio de Bachilleres».

«Lo sabe el contralor Loría, que Guerrero no tiene el recurso para cumplir con el 50 por ciento como lo hace la Federación y lo que se está generando ahí es un déficit estructural que como lo señale en su oportunidad, mientras no se corrija en el Colegio de Bachilleres va a seguir sufriendo esta situación de carácter deficitarias», expuso.

Alvarado Arroyo responsabilizó al secretario de la Contraloría, de cualquier cosa que pudiera ocurrirle a su persona y a la de su familia, por considerar que lo puso en riesgo al señalar el supuesto desvió de recursos por lo que se reservó el derecho de proceder incluso de forma legal contra el actual funcionario estatal.

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