Enfoque Informativo
La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), a través de su Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (FEDE), logró la vinculación a proceso del exalcalde de Ometepec, Efrén Adame Montalván, junto con dos exfuncionarios municipales, Salvador Robles Zacapala y Adriana Martínez Hernández, por su presunta responsabilidad en delitos electorales cometidos durante el proceso electoral de 2021.
Según las investigaciones, los imputados habrían utilizado recursos públicos para favorecer la candidatura de Adame Montalván, quien buscaba la reelección como presidente municipal de Ometepec en 2021. Las conductas señaladas incluyen el desvío de fondos y bienes del ayuntamiento para posicionar políticamente al entonces candidato, lo cual está tipificado como delito en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
La audiencia inicial se llevó a cabo el pasado 8 de agosto, donde el Ministerio Público presentó pruebas que el Juez de Control consideró suficientes para vincular a proceso a los acusados. La defensa solicitó una ampliación de 140 horas para recabar más elementos, pero este 13 de agosto, tras vencer el plazo, el juez determinó la vinculación a proceso y estableció un mes para la investigación complementaria. Como medida cautelar, los imputados deberán presentarse periódicamente a firmar ante la autoridad, permitiéndoles enfrentar el proceso en libertad.
Efrén Adame Montalván, quien fue alcalde de Ometepec en tres ocasiones (2008-2012, 2018-2021 y 2021-2024), perdió la elección municipal en junio de 2024 frente al candidato de Morena, Rigoberto Chacón Melo. Salvador Robles Zacapala, exsecretario general del ayuntamiento y excandidato a la alcaldía en 2024, junto con Adriana Martínez Hernández, exdirectora de la Casa de la Cultura, también fueron señalados por su participación en estas prácticas ilícitas.
La vinculación a proceso marca un precedente en la lucha contra los delitos electorales en Guerrero, enviando un mensaje sobre el uso indebido de recursos públicos en procesos electorales. Las sanciones por estos delitos podrían incluir penas de prisión de tres a ocho años, multas y la suspensión de derechos político-electorales por hasta una década, lo que podría inhabilitar a los imputados para ocupar cargos públicos o participar en elecciones futuras.
La FGE reiteró su compromiso con la ciudadanía para garantizar el acceso a la justicia y combatir las prácticas que vulneren la integridad de los procesos electorales. La investigación complementaria, que se desarrollará en el próximo mes, será clave para determinar el futuro legal de los involucrados.
Este caso refleja los esfuerzos de las autoridades por sancionar el uso indebido de recursos públicos en contiendas electorales, un problema recurrente que afecta la transparencia y equidad en los procesos democráticos de México.
