Por: Juan José Romero
Pueblos indígenas y afromestizos reprueban el método aplicado
El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, rechazó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que validó la consulta que realizó el Congreso local y que derivó en la reforma a la Ley 701 para el reconocimiento de los Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas.
En conferencia de prensa el líder de la UPOEG, acompañado por 28 comisarios municipales de localidades indígenas, anunció que llevarán a cabo acciones de protesta para exigir que se realice una nueva consulta, para que también sea modificada la reforma presentada en el Congreso Local con el argumento de que «los pueblos tienen mucho que aportar y no fueron realmente consultados».
Placido Valerio, advirtió que llevarán a cabo diferentes actividades de protesta, que culminarán el 9 de agosto, día internacional de los pueblos indígenas.
No obstante se dijo consciente de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la máxima autoridad del país, por lo que poco podrían hacer jurídicamente, sin embargo, comentó que es importante visibilizar los errores cometidos por los legisladores locales.
Los representantes de las localidades indígenas a través de la UPOEG lamentaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también formé parte de la «violación a nuestros derechos, porque la consulta marca reglas que los diputados no siguieron».
Explicaron que se llevará a cabo una asamblea general para que se determine qué acciones se realizarán, primero en «la ruta política de la manifestación y por otro lado en la vía jurídica, para evidenciar las irregularidades que cometió el Congreso Local y que avaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación».
En tanto, Gonzalo Torres Valencia, integrante de esa organización, denunció que la consulta que realizó el Congreso de Guerrero solo fue «una simulación”, y que en muchas comunidades indígenas y afromexicanas sólo fueron reuniones en las que los representantes del Poder Legislativo Local solo reunieron a las autoridades comunitarias, y los amenazaron con que si no firmaban se les iban a quitar los programas sociales, y las obras para sus comunidades.
El rechazo de la UPOEG, se suma a la queja de las autoridades de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), quienes en días pasados también se pronunciaron en contra del proceso de la consulta realizada por el Congreso Local.
Desde el año pasado el Congreso del Estado se dijo comprometido para, desde el ámbito de su competencia, coadyuvar en la solución de las distintas problemáticas que enfrentan los sectores sociales históricamente vulnerados.
Así lo señaló la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez, presidenta de la Comisión de Atención a las Personas con Discapacidad, en una conferencia de prensa donde estuvo acompañada de la presidenta de la Junta de Coordinación Política, diputada Yoloczin Domínguez Serna, en las instalaciones del Poder Legislativo.
Ahí, la legisladora informó que fueron formalmente inaugurados los foros denominados “El derecho a la consulta de las personas con discapacidad”, cuyo propósito es entablar un diálogo estrecho, directo y activo con las personas con discapacidad de los distintos lugares del estado.
Destacó que los foros ya realizados en los municipios de Chilpancingo y Ayutla de los Libres han permitido a las y los legisladores conocer las opiniones, ideas, reflexiones y el sentir de las personas con alguna discapacidad en torno a cómo les gustaría ejercer su derecho a una educación inclusiva.
Al respecto, precisó que se han encontrado con que la movilidad y el uso de las lenguas es algo que impide a las personas con discapacidad desarrollarse plenamente. En ese sentido, aseguró que buscarán una mayor coordinación entre los ayuntamientos y el Congreso para garantizar la accesibilidad plena en estos ejercicios de participación ciudadana.
Calixto Jiménez reiteró que el compromiso del Congreso de Guerrero es establecer, mediante la Consulta que inició en el mes de enero, “un contacto directo con las personas con discapacidad, sin intermediarios, que permita generar condiciones de confianza y humanidad; que se sientan en un espacio de confianza, seguros y sin ser señalados, juzgados o discriminados”.
En su intervención, la diputada Yoloczin Domínguez consideró impostergable generar las condiciones para que los diversos sectores de la población vivan en mejores condiciones, en especial el de las personas con discapacidad. “Por eso es que el Congreso realiza esta consulta, para conocer lo que, desde su condición física, requieren para tener acceso a la educación y mejorar su entorno”.
Añadió que el Poder Legislativo está en proceso de cumplir con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para consultar de manera previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en materia de educación indígena.
Intervino también la diputada María Flores Maldonado, vocal de la Comisión de Atención a las Personas con Discapacidad, refiriendo que, en teoría, la educación es gratuita, laica y libre; sin embargo, “falta hacer efectivo este derecho en favor de las personas con discapacidad, y para eso existe toda la disposición de la LXIII Legislatura, para que se cumpla a través de la consulta”.
