Enfoque Informativo
El consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, confió que, una vez que el juez en jefe de la Corte Federal en Boston, Massachusetts, Dennis Saylor, conozca los alegatos orales durante la audiencia del próximo 12 de abril en el litigio de armas, dará la razón a México y seguirá adelante con el proceso debido a lo débil de la respuesta, hasta ahora, de las empresas demandadas.
Al participar en el seminario La Batalla de Boston, “Los fabricantes de armas contraatacan”, organizado por el Colegio de México, el funcionario señaló que, pese a que los fabricantes pidieron un par de semanas más para entregar su contrarréplica y una extensión en el informe, sus argumentos del pasado lunes fueron endebles porque ni siquiera hicieron uso del recurso figura Amicus Curiau (Amigos de la Corte) para recibir respaldo de otras instancias.
En este sentido, adelantó que una vez que se arranque el juicio en forma, como parte demandante, se pedirá a las propias empresas que den a conocer sus reportes de trazabilidad donde se demuestra que conocen claramente el destino de cada una de sus armas, desde que son producidas hasta que se incautan en México y pese a ello, no hacen nada para detener esta situación.
Se estima que, en promedio, cada año, entre 500 mil y 800 mil armas de fuego son traficadas a México teniendo como principal receptor el crimen organizado, pero también la delincuencia común.
El consejero jurídico añadió que observa a las empresas muy confiadas en el alcance de la ley de inmunidad en Estados Unidos; sin embargo, México en sus argumentos ya demostró que esta normativa no tiene un carácter extraterritorial, por lo que su comercio negligente afecta directamente a nuestro país y es causa de los daños por la violencia.
La audiencia será el próximo 12 de abril de forma virtual y después de ello, el juez Saylor decidirá si le da la razón a las empresas demandadas y se les reconozca inmunidad, o que México no tiene la capacidad para demandar en Boston, porque no existe un nexo de causalidad entre la fabricación de armas y el daño por violencia en nuestro país, o bien la demanda civil sigue adelante.
Como parte de sus exigencias en el litigio civil, México exige una compensación económica superior a los 16 mil millones de dólares, que representaría hasta el 6 por ciento de nuestro Producto Interno Bruto (PIB), por los daños ocasionados a las víctimas.
