Juan José Romero

  • Borraron de un plumazo lo que habían conseguido los pueblos originarios en 27 años de lucha, argumenta

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, calificó las reformas al Artículo 14 Constitucional así como a diversos artículos de la Ley 701 como regresiva y racista.

«Sabemos que los grupos de poder, los partidos políticos nunca han reconocido ni valorado a los pueblos indígenas, por eso, han tenido que protestar, han tenido que movilizarse, han tenido que exigir sus derechos por la vía de los hechos, no les reconocen esa personalidad jurídica, no son sujetos de derecho, simplemente, son objeto de atención pública», señaló.

Asimismo, comentó que la reforma al Artículo 14 Constitucional, se borra de «un plumazo» todo lo que se había logrado, es decir, las reformas que se tuvieron que reconocían los sistemas normativos indígenas, y ahora solo lo dejan como «simple auxiliares» de las instituciones del estado.

Barrera Hernández recordó que los pueblos originarios tienen sus propios sistemas normativos, y dentro de estos sistemas normativos esta la libre determinación, y más aún su capacidad de elaborar sus propios sistemas de justicia, así como su sistema de seguridad, reeducación como lo plantea la CRAC desde hace 27 años.

«En la práctica se ha demostrado el éxito de este sistema; sin embargo, a pesar de 27 años de lucha de trabajo, de implementación ahora vemos que los diputados y las diputadas cierran filas y en una sola votación sin discusiones a profundidad, sin conocimiento de lo que es el tema aprueban casi de manera unánime», expuso.

Lamentó que estas reformas se hayan aprobado a «espaldas» de los pueblos indígenas y sobrerrepresentado algo que no les corresponde a los legisladores, porque relegan la voz de las comunidades indígenas.

«Es una ley regresiva es una ley racista, es una ley egocéntrica que solamente reconoce el derecho positivo y borra de un plumazo los derechos colectivos de los pueblos que están reconocidos en el ámbito internacional», acusó.

Agregó que lo grave de estas reformas es que se desconoce a las policías comunitarias, como un derecho de los pueblos originarios y una justicia alternativa dentro del pluralismo que debe prevalecer en México.

El representante de Tlachinollan cuestionó las figuras creadas con estas reformas de las policías indígenas y afromexicanas, «¿Qué es eso?», y señala que estas figuras no tiene nada que ver con la esencia de la identidad de los pueblos.

«Ni siquiera el derecho de seguir nombrando a su policía, como históricamente lo determinaron a lo largo de los años y en asambleas regionales cuando nace la policía comunitaria y ahora le imponen un nombre».

En cuanto al sistema de reeducación que desaparece con estas reformas, Barrera Hernández, dijo que el sistema de justicia comunitaria habla de prevención, investigación y de la justicia comunitarias así como la reeducación, es decir, un sistema que implementa formas de resolución interna de los conflictos con un reglamento interno el cual habla de cómo está conformada la policía comunitaria.

Finalmente, aseguró que el tema tendrá que ser analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interponer un recurso de impugnación porque considero que los diputados defraudaron la voluntad de los pueblos indígenas.