Prisión preventiva: Hasta 10 años pasan sin sentencia los presos, asegura investigador de la UNAM

El Dr. Juan Jesús Garza Onofre, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dio una entrevista a Paulina Greenham y a Alejandro Cacho a través de la señal de televisión de El Heraldo Media Group para hablar de la figura de la prisión preventiva y sus implicaciones a la hora de aplicar la justicia en el país.

Aseguró que la legislación mexicana incluye este mecanismo para evitar que los casos queden en impunidad, se ocasionen daños a terceros, a las víctimas o que incluso los presuntos culpables huyan antes de enfrentar un debido proceso.

El problema en este tipo de casos, aseguró, es que los jueces de control o las fiscalías tienden a pedir que se encarcele a los implicados, lo cual.

“Más mano dura más gente en las cárceles no vienen a reducir los índices de inseguridad y de violencia “, dijo.

Aseguró que muchos de los detenidos pueden pasar de cinco a 10 años sin recibir una sentencia o absolución de un crimen. La facilidad para aplicar este instrumento legal, agregó, es que se ha convertido en la regla.

Lamentó que los penales de la nación no cuenten con una verdadera política de readaptación, que algunos se sometan al autogobierno y que muchas personas a un castigo inclusive antes de saber si han cometido un crimen o no.

Explicó que las medidas cautelares sirven para garantizar el debido proceso, pero aseguró que muchas de ellas no son utilizadas, debido a que es más fácil mantener a alguien tras las rejas.

Mencionó que mantener a una persona investigada en constante vigilancia, pagar un brazalete de monitoreo o garantizar que se cumplan las órdenes de restricción necesita de recursos que no todos quieren aplicar.

Castigan antes de la sentencia

Destacó que en casos como el de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, la implementación de esta reclusión estaba justificada, debido a que trató de escapar de la justicia.

“El juez tiene que dar razones suficientes, fundadas, para reducir por qué va a meter a alguien a la cárdel, mientras no tiene una condena”, dijo.

Explicó que esta medida suele afectar más a los pobres, debido a que la mayoría de los detenidos no cuentan con la asesoría legal, ni los recursos para pagarla ante estas acciones.

Aseguró que el cambio en la normativa, en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo defina, no podrá aplicarse de la noche a la mañana, por lo que podría haber análisis personalizado de cada uno de los casos para determinar quién debe salir en libertad y quién deberá quedarse en la prisión.