Juan José Romero
Debido a la falta de un estudio de impacto ambiental, las obras de remodelación de las instalaciones de la Feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo, ahora llamada Recinto Ferial, podrían ser clausuradas en los próximos días.
Esto podría traer como consecuencia que los festejos decembrinos, no podrían llevarse a cabo en ese lugar, además de que la empresa constructora podría hacerse acreedora a una sanción, lo cual es analizado por la Procuraduría de Protección Ambiental del Gobierno del Estado de Guerrero (Propaeg).
El titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren), Ángel Álmazán Juárez, consideró que, a pesar de que la directamente responsable de esta anomalía es la empresa constructora, el Ayuntamiento que preside Norma Otilia Hernández Martínez, a través de la Secretaría de Ecología, sí se excedió al autorizar el derribo de árboles en ese lugar, porque en todo caso debió consultarlo con la propia Propaeg y con la dependencia a su cargo.
Mencionó que para comenzar a trabajar en ese emblemático predio de Chilpancingo, la empresa constructora derribó 43 árboles de diferentes especies, entre los cuales se encuentran al menos 10 jacarandas, algunas palmas y también casuarinas, «sí tenemos conocimiento de ello, pero no es la Semaren la que sanciona este tipo de asuntos sino la Propaeg».
Señaló que la tarea de la Semaren es evaluar las manifestaciones de impacto ambiental y después de hacer este trabajo, el estudio se turna a la Procuraduría de Protección Ambiental con el fin de que le dé seguimiento y se cumpla lo que establece en las evaluaciones.
En este sentido, indicó que la Propaeg ya notificó que se tienen observadas las obras del Recinto Ferial, ya que para el derribo de los árboles, la empresa constructora únicamente se basó en la acreditación que le dio el Ayuntamiento de Chilpancingo, a través de la Secretaría de Ecología, que fue la instancia que autorizó derribar tales árboles.
En ese sentido, Almazán Juárez expresó que legalmente la Secretaría de Ecología del Ayuntamiento no debió haber autorizado tal acción, sino que debió haber turnado el caso a la Propaeg, «porque el Ayuntamiento puede dar autorización para uno o dos árboles de los cuales se justifique su derribo, el cual procede solo en caso de que represente un riesgo, de lo contrario solo se recomienda una poda», explicó.
Remarco además que, «aquí, tengo que decirlo, se excedió el Ayuntamiento al autorizar esto cuando no les correspondía a ellos sino que le correspondía a Propaeg», pues en todo caso debió haber consultado el caso a la Procuraduría de Protección Ambiental o a la propia Secretaría del Medio Ambiente para ver qué procedía.
Lo que procedía por parte de la Secretaría de Ecología del Ayuntamiento es recomendar a la empresa la realización del estudio de impacto ambiental, pero además responsabilizó directamente a la Constructora de esta anomalía, porque «son empresas que saben el procedimiento y, por lo tanto, ellos debieron haber hecho el estudio de impacto ambiental motu proprio y turnarlo a la Semaren y a la Propaeg, para ver si procedía el derribo de los árboles».
Aseguró que la empresa sí hizo llegar el estudio de impacto ambiental, pero después de que iniciaron las obras de remodelación, es decir, después de que derribaron los árboles.
Asimismo, comentó que por lo anterior, la Semaren no ha resuelto la evaluación de impacto ambiental, porque la Propaeg tiene observado el Recinto Ferial, por haber tirado árboles sin llevar a cabo el procedimiento correspondiente.
En cuanto al grado de responsabilidad que tiene la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en esta anomalía, Almazán Juárez aclaró que si bien esta dependencia del Gobierno Federal es la subsidiaria de la remodelación del Recinto Ferial, la responsable es la empresa constructora, porque lejos de llevar a cabo a conciencia un estudio de impacto ambiental, previo a ejecutar la obra, se basó en la autorización que le dio el Ayuntamiento.
Por lo anterior, el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales expresó que legalmente, lo que procede es la clausura de las obras, por no haber seguido la normatividad o el proceso correspondiente.
Por ello, esta semana se comenzó a analizar de manera conjunta con el procurador de Protección Ambiental, Carlos Toledo Manzur, lo que procederá, aunque se le hará «un llamamiento a la Secretaría de Ecología del Ayuntamiento porque no siguió los cauces adecuados y haber autorizado el derribo de los árboles cuando no les correspondía, además de que vamos a evaluar el daño ambiental causado», finalizó.
