Enfoque Informativo
El último reporte de la ONU, a cargo de la Coordinación de Asuntos Humanitarios, resumió el impacto del Huracán Otis en las costas del Pacífico mexicano el 25 de octubre.
Se estiman unas 848,647 personas afectadas en Acapulco y 79,605 en Coyuca de Benítez, según la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC).
La Fiscalía General del Estado de Guerrero reporta 48 personas fallecidas, mientras que 26 personas siguen desaparecidas. Según la UNICEF, hay 87,357 estudiantes afectados en Educación Básica, Media Superior y Superior. Además, 2 municipios tienen declaratoria de desastre. Las pérdidas económicas se elevan a más de 10 mil millones de dólares.
“Los líderes del sector informan de lagunas en la información y de la necesidad de una evaluación exhaustiva de daños y necesidades”, señaló el último reporte de la ONU. Por otro lado, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas afirmó haber puesto a disposición sus capacidades actuales en México, consolidando un Programa de Apoyo del Sistema de las Naciones Unidas para abordar los impactos del huracán “Otis” en Guerrero.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) están habilitando áreas específicas para la gestión de residuos y escombros ocasionados por el impacto del huracán. El Aeropuerto Internacional de Acapulco reanudó sus operaciones el 13 de noviembre, ofreciendo vuelos nacionales para aeronaves tanto privadas como comerciales. El Sistema de Naciones Unidas en México está actuando en las zonas afectadas, en consonancia con sus programas y proyectos vigentes, trabajando en conjunto con el Gobierno y las autoridades locales.
“Esta propuesta detalla oportunidades de cooperación, asistencia técnica y acompañamiento destinados a fortalecer una respuesta integral, coordinada y diferenciada. Se enfoca en la complementariedad, los derechos humanos y la construcción de resiliencia”, declaró.
La FICR ha asignado recursos del Fondo de Reserva para el Socorro en Casos de Desastre (DREF) por un monto de 1.07 millones de dólares (CHF 951.574) para alcanzar a 24.000 personas (6.000 familias), con apoyos direccionados hacia medios de vida y servicios básicos, incluyendo salud, agua, saneamiento e higiene, reunificación familiar, por seis meses.
Los servicios básicos en Acapulco están siendo restablecidos progresivamente. Dos plantas potabilizadoras en el municipio de Coyuca de Benítez han suministrado 115.900 litros de agua en acumulado. La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Acapulco estima afectaciones en 63,000 unidades económicas de servicios de turismo en la ciudad, lo que representaría la pérdida de aproximadamente 180,000 empleos.
Para iniciar el proceso de reactivación económica, compañías aseguradoras han puesto en marcha el Plan de Atención a Catástrofes, el cual plantea, entre otras medidas, anticipos monetarios para casas de habitación y pequeñas y medianas empresas. Adicionalmente, efectuarán pagos para un aproximado de 20,000 autos siniestrados.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el 14 de noviembre que el Gobierno distribuirá tabiques, varillas, cemento, entre otros materiales de construcción, para 250.000 familias afectadas en sus viviendas. De igual forma, señaló que se buscará garantizar la distribución de enseres domésticos a estas familias antes de que concluya el 2023.
Unidos por Ellxs ha habilitado una bodega de 2.500 m2 en Acapulco, con apoyo de Fundación Origen y la ONG CADENA. En colaboración con ONG, proveedores y 41 restaurantes locales, los aliados de Unidos por Ellxs han ofrecido más de 80.000 comidas calientes en 12 cocinas comunitarias. Se han desplegado 4 brigadas con más de 60 brigadistas que ofrecen asistencia psicológica, médica, paramédica y de limpieza. Estos equipos han sido esenciales al inicio de la respuesta en labores de búsqueda y rescate.
En colaboración con el Gobierno de México, se están intensificando los esfuerzos para recopilar datos y evaluar los daños y necesidades de manera precisa y oportuna. Destacan la necesidad de fortalecer la estrategia integral para la gestión de los desechos sólidos y escombros para reducir el impacto medioambiental y mitigar los riesgos biosanitarios relacionados a la propagación de enfermedades prevenibles.
