Por Juan José Romero
Hace falta que el Ejército entregue más información sobre el caso Ayotzinapa, señalan padres de los estudiantes
Para los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, hace falta que el Ejército entregue más información que ayude a dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Melitón Ortega, uno de los padres de los de Ayotzinapa, dijo que la reunión que sostuvieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hay avances en la investigación sobre todo por la detención de varios militares presuntamente involucrados en la desaparición de los estudiantes.
“Están funcionarios que encabezaron la investigación como el ex procurador federal Murillo Karam y otros que hoy están en la cárcel, para nosotros es un avance significativo, eso es por la intervención del presidente de la república en el sentido de detener a los militares, eso es la parte importante que hemos tenido”, expuso.
Sin embargo, con la información que entrego la Secretaria de la Defensa Nacional han surgido otras líneas de investigación, una de ellas que ahora se conoce que en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Iguala hay un área de inteligencia militar que hizo el trabajo en todos los ámbitos desde las llamadas, los recorridos, el ataque a los normalistas, menciono.
Ante esto, agrego que los padres han planteado ante el presidente López Obrador que falta información que no está completa, “se reconoce que se entregó una parte pero falta mucho que nos permita encontrar a los estudiantes y conocer el paradero de los estudiantes”, apunto.
Melitón Ortega aseguro que durante esta reunión el ejecutivo federal reconoció que conoce de manera general que la información que el Ejercito tenía ya fue entregada, sin embargo, a detalle no, por lo que se comprometió a revisar si hay o no más información a ello obedece que el próximo lunes se reúnan nuevamente pero ahora con la presencia de funcionarios como la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcailde así como el Sub secretario de la misma dependencia, Alejandro Encinas así como con representantes de la FGR, para dar respuesta a la solicitud de los padres respecto a la información que tiene inteligencia militar, remarco.
La idea dijo Ortega es que se sepa de quienes participaron, y donde se encuentran “los chavos”, donde se los llevaron y conocer también algunos audios de cómo se llevó a cabo los hechos, “de no hacerse seguirá habiendo duda, los padres seguirán señalando al Ejército de su participación de esa desaparición”, enfatizó.
Menciono que a casi 9 años de estos hechos, muchos padres ya están cansados, algunos con enfermedades crónicas, que les impide continuar en las movilizaciones pero aun así continuaran con su lucha hasta dar con el paradero de sus hijos, “hay una muestra de unidad de los padres que se mantienen firmes en esta lucha por la exigencia de que los estudiantes aparezca con vida o sin vida”.
Abogado de los familiares de los 43 normalistas acusa a la CDMX y el Edomex de falta de condiciones para su protesta en Campo Militar 1
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, denunció que el gobierno de la Ciudad de México y del Estado México negaron facilitar baños para las madres y padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos.
A través de sus redes sociales, el representante legal de las familias de los jóvenes acusó a las autoridades por la falta de condiciones para las madres y padres que se encuentran en el plantón en el Campo Militar 1.
“Varios son de la tercera edad y están enfermos, la falta de baños compromete su salud. (A las autoridades) se les olvida que este es un derecho humanitario que hasta en las guerras se respeta”, expresó.
“Es lamentable que este gobierno con tal de congraciarse con los militares, hoy se niegue a dar asistencia humanitaria a las madres y padres que están en plantón”, reclamó.
Sin embargo, advirtió que “no nos van a doblegar. Aquí seguiremos de pie y con la frente en alto. Nos asiste la razón. Entreguen la información sobre el paradero de los 43, ya”.
Se instaló el plantón afuera del Campo Militar 1 para exigir al gobierno federal que entregue la información faltante sobre caso Ayotzinapa que está en poder del Centro Regional de Fusión de Inteligencia.
El miércoles, las madres y padres de los normalistas desaparecidos, junto con sus representantes legales, se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sostuvo que ya se entregaron todos los expedientes.
No obstante, López Obrador se comprometió a que el próximo 25 de septiembre, en una segunda reunión a la que no podrá asistir, su gabinete entregará toda la información a las familias de las víctimas.
La noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, tuvo lugar uno de los más emblemáticos episodios de violación a los derechos humanos en la historia reciente de nuestro país.
Los hechos sucedieron cuando un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de entre 17 y 25 años, acudió a la ciudad de Iguala, Guerrero, ubicada en ese mismo estado, con la finalidad de “tomar” autobuses que requerían para participar en la conmemoración del 2 de octubre, que cada año mantiene viva en México la memoria de esa represión contra estudiantes acaecida en 1968. Aunque la retención y el uso temporal de autobuses por los estudiantes para realizar sus actividades había sido habitual en Guerrero y contaba incluso con el aval tácito de empresas y autoridades, el 26 de septiembre la respuesta de las autoridades no fue la ordinaria: Policías Municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses. De esta manera, auxiliados por otras corporaciones y por civiles, los policías lograron cerrar el paso a cinco autobuses -tres que transitaban por una calle céntrica y dos que lo hacían por una calle periférica-. En esos dos escenarios fueron detenidos 43 estudiantes que habrían de ser desaparecidos. Más tarde esa misma noche, continuaron las agresiones contra los estudiantes y contra la población en general, ya no sólo por parte de agentes estatales sino también por civiles que, como después se demostró, eran parte de la estructura de una organización criminal fuertemente imbricada con las instancias estatales presentes en esa zona de Guerrero, denominada Guerreros Unidos.
El saldo de la cruenta noche de Iguala fue brutal: 43 jóvenes estudiantes que siguen desaparecidos; 6 personas ejecutadas, entre ellas 3 normalistas, incluyendo el caso de un joven cuyo cuerpo apareció al día siguiente en un paraje inhabitado con claras muestras de tortura; al menos 40 personas fueron lesionadas, contando a dos estudiantes que resultaron con afectaciones graves y permanentes a su salud. En total, más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a derechos humanos esa noche y alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas, considerando a los familiares de los agraviados.
A pesar del proceso de búsqueda de verdad y justicia que iniciaron las y los familiares de los desaparecidos y de las víctimas de ejecución, la obstrucción de la investigación por parte de las Autoridades ha impedido que la verdad de los hechos ocurridos a los normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014 sea conocido por las familias y por toda la sociedad; y por ende, tampoco se ha investigado, procesado y sancionado a todos los responsables de dichos sucesos.
