Por Víctor Hugo Robles Mújica
En Guerrero se siguen presentando casos a pesar de su penalización
A pesar de la reforma a la ley contra el matrimonio infantil en México, este país sigue ocupando los primeros lugares, mientras que Guerrero hasta el 2023 registraba altos indices de esta práctica de común acuerdo con los padres.
Recientemente el Senado, pese a los usos y costumbres de las comunidades originarias, los matrimonios infantiles quedan prohibidos, aprobó el Pleno del Senado de la República, con la finalidad de garantizar el respeto a los derechos humanos de los menores.
Con 76 votos a favor, el dictamen que reforma el artículo 2 de la Carta Magna fue turnado a la Cámara de Diputados, para establecer que las prácticas en las comunidades y pueblos originarios no estén por encima del interés superior de la niñez. Sin embargo, se continuará garantizando la libre determinación, así como la autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos.
Particularmente, el senador por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, señaló que los matrimonios infantiles forzados tienen múltiples causas, pero principalmente son impulsados por normas de género que “privan a las niñas y adolescentes de sus derechos sexuales y reproductivos”.
Mientras que la senadora del Partido del Trabajo (PT), Geovanna Bañuelos, lamentó que en estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero continúe persistiendo el matrimonio infantil, el cual atenta contra la libertad de decisión.
“Tan sólo en Guerrero se tiene registro de que 300 mil niñas han sido vendidas para matrimonio. Desafortunadamente no contamos con mayor información, pues no existen estadísticas para determinar este delito en otras regiones del país donde suceden”.
Los únicos datos que arroja el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que a nivel nacional, alrededor del 17.3 por ciento de las mujeres se casan cuando son menores de edad, mientras que en los hombres esta cifra representó el 3.9 por ciento.
En México casi 300 mil niñas han sido vendidas para casarse con hombres mayores, de acuerdo con la organización Yo quiero, Yo puedo.
Los matrimonios y las uniones infantiles tempranas y forzadas “son fenómenos complejos, relacionados con desigualdades de género, violencia, pobreza, abandono escolar, embarazo adolescente, marcos legales y políticas inadecuadas, limitadas o inexistentes, que ponen en riesgo el presente y el futuro de niñas y adolescentes”, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Constituyen una violación de los derechos humanos y son considerados una práctica nociva. La región de la Montaña, en Guerrero, es uno de los lugares en los que el matrimonio y las uniones infantiles tempranas y forzadas está vigente, según sus usos y costumbres; pues la mayoría de sus habitantes pertenecen a pueblos originarios.
Por ello, Yo quiero, Yo puedo creó una iniciativa, junto con Circus Marketing, a la que llamó “La boda de Juanita”; la cual busca crear conciencia en la población sobre el matrimonio infantil, erradicarlo en la región y ayudar a niñas y adolescentes.
La organización consiguió que 10 comunidades de Metlatónoc firmaran un acuerdo para prohibir el matrimonio infantil y las uniones tempranas forzadas por 200 años, gracias a la intervención de la organización. Se trata de Yuvinani, Valle de Durazno, colonia Juquila, Cocuilotlazala, San Antonio, colonia Moreno, colonia Peligro, Yucunduta, Santa Cruz y San Pablo Atzompa.
“Todo esto se hace dentro de su contexto, de su cosmovisión y de la manera como ellos deciden hacerlo. No es algo que nosotros vamos a imponer”, dijo la directora general de Yo quiero, Yo puedo, Martha Givaudan.
Por otra parte, detalló que la firma del acuerdo implica que las niñas que viven ahí y las que nazcan en esas comunidades ya no se van a vender.
Esta no es la primera vez que realizan una campaña con ese objetivo. En 2019, la organización creó la iniciativa “Ayúdalas a que no lleguen al altar” y lanzaron un video para visibilizar lo que ocurre en Guerrero.
“Lo que tratamos de hacer con estas campañas y acciones es que no se quite el tema de la agenda, que las personas sepan que existe, que las autoridades sepan que existe”, subrayó la directora.
Asimismo, resaltó que es importante que la sociedad no olvide que es un problema actual para que se mantenga como una de las prioridades que se necesitan abordar.
La sociedad puede involucrarse en la iniciativa, a través de una plataforma digital. Ahí están todos los detalles de “La boda de Juanita” y es posible realizar donativos para ayudar a niñas y adolescentes de la Montaña a no llegar al altar. El monto mínimo para donar son 100 pesos y el máximo 55 mil pesos.
Martha Givaudan explicó que el dinero recaudado no lo reparten en las comunidades; sino que la organización los ejerce mediante los facilitadores, con la aplicación de sus materiales y programas.
“No es un recurso que sea asistencial, ni que se les da a las localidades porque ellos no tienen las herramientas, ni la preparación que se requiere para poder impartir los talleres”, agregó.
Los facilitadores permanecen durante 9 meses, aproximadamente, en la Montaña para impartir los talleres. Todos son bilingües porque tienen que comunicarse en mixteco o tlapaneco.
En los talleres les proporcionan información sobre habilidades para la vida, empoderamiento y sus derechos humanos. Adicionalmente, utilizan el dinero para formar docentes para que trabajen con los niños, niñas y adolescentes en las escuelas; así como para formar asociaciones locales de mujeres que den seguimiento al trabajo de la organización.
El personal de Yo quiero, Yo puedo también asiste a las asambleas comunitarias, dialoga con autoridades locales para lograr un cambio de conductas y que las comunidades sean conscientes del impacto que tiene el matrimonio infantil.
Otro de los impactos de esta campaña es que aumentaron las donaciones porque la gente quiere hacer algo y ayudar a niñas y adolescentes de la región. Igualmente incrementó el número de voluntarios que buscan trabajar con las comunidades. La organización también hizo más alianzas, actualmente cuentan con el apoyo de la Embajada de Canadá en México.
Martha Givaudan resaltó que al contribuir para que las niñas y adolescentes continúen con sus estudios evitan la deserción escolar y garantizan su derecho a la educación.
Al mismo tiempo es un “factor protector” para diferentes riesgos y para su vida futura, ya que impiden el riesgo de embarazos en la infancia y adolescencia.
La iniciativa concluirá el 6 de febrero, es decir, que faltan 21 días para la boda de Juanita. Esta fecha coincide con el regreso estimado de los facilitadores que se encuentran en la Montaña.
Al concluir, la organización hará una evaluación del impacto que tuvo la campaña y elaborará un informe.
Además, a través de redes sociales actualizan lo que sucede conforme se acerca la fecha. Por ejemplo, el 15 de diciembre publicaron un video donde el futuro esposo de Juanita invita a todos a la celebración.
El matrimonio infantil en Guerrero: Bienestar vs usos y costumbres
Alguien a quien quizás no conoces, pero que necesita una mujer para hacer crecer sus ganancias económicas, o para darle hijos, o para atender sus necesidades domésticas y sexuales.
Ésta, ha sido una dolorosa realidad que atraviesan millones de niñas y adolescentes en México; sin familiares, ni autoridades que las protejan o las salven de un matrimonio o unión conyugal en la que su papel es únicamente el de servir y ser sujetas de dominación.
El matrimonio infantil es una práctica arraigado en las raíces más profundas de las costumbres de la sociedad mexicana, dentro y fuera de las comunidades indígenas.
Un estudio de 2020 realizado en México por la organización internacional Save the Childrend registró la existencia de más de 313 mil personas menores de edad dentro de una unión forzada en nuestro país, siendo Chiapas, Oaxaca y Guerrero los estados con más casos.
La investigación de Save the Childrend puntualiza que a lo largo del tiempo «las normas sociales y de género influyen en la percepción y funciones de las niñas y adolescentes. Ya que en muchos casos promueven la maternidad, el trabajo doméstico no remunerado y el cuidado. Estas normas en general se justifican con tradiciones regionales o creencias religiosas que vinculan el valor de las mujeres con la formación de una familia y la castidad prematrimonial».
En Guerrero por ejemplo, distintos casos de matrimonio infantil han desatado profundos debates entre el derecho de las niñas, niños y adolescentes y el respeto a la identidad y autonomía de los pueblos originarios.
Contextos donde las niñas son entregadas en matrimonio a cambio de una suma de dinero en busca de mitigar un poco la pobreza de sus familias.
Mientras tanto ellas son sometidas a tratos crueles, esclavitud y obligadas a engendrar muchos hijos para que se sumen a las labores del campo, sin remuneración y así crecer las ganancias familiares.
En medio de esta polémica, en el año 2022 la gobernadora Evelin Salgado Pineda, envió al Congreso de Guerrero una iniciativa para prohibir las uniones tempranas forzadas.
La ley aprobada por unanimidad, argumenta que el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, está por encima de cualquier expresión de usos y costumbres de los pueblos originarios y establece sanciones para todas las conductas relacionadas con el matrimonio infantil y las uniones tempranas forzadas en Guerrero.
Este 2024 casi dos años después, el Congreso de la Unión aprobó una reforma al artículo 2 constitucional, que prohíbe los matrimonios infantiles en todo México.
Tal como se argumentó en la reforma de 2022 en Guerrero, se establece que la protección y el interés superior de la niñez está por encima de los usos y costumbres de los pueblos indígenas.
Aún así, habrá quienes consideren esta ley como una transgresión que atenta contra las costumbres y cosmovisión de la organización comunitaria y que abolir las uniones tempranas, significa un duro golpe a la economía de estas familias.
