Juan Carlos Gómez
En agosto pasado, en China se ordenó que los menores de 18 años solo pueden jugar videojuegos una hora diaria; únicamente los viernes, sábados, domingos y feriados. La medida pretende proteger la salud física y mental de las nuevas generaciones, alejándolos de ese “veneno” y “polución espiritual”, como los califican los medios oficiales de ese país.
Allá la adicción es aterradora. El videojuego móvil online Honor of Kings tiene más de cien millones de jugadores al día y es un factor de distracción que no puede permitir el Partido Comunista Chino, ahora empeñado en controlar el inmenso poder de los gigantes tecnológicos.
Tal vez ni siquiera el todopoderoso Estado chino tenga el suficiente poder de coerción para impedir que las plataformas tecnológicas moldeen la sociedad y generen estereotipos que, a fuerza de clics, son ya un caballo de Troya en la educación, la vida afectiva y los procesos electorales.
Los primeros atrapados son los menores de edad, porque ya nacen seres digitales. Desde los diez o doce años, muchos interactúan con un terminal que los conecta a internet y la comunidad universal a la que verdaderamente pertenecerán, para bien y para mal.
El Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) dispone que los menores serán protegidos de la pornografía o cualquier otra conducta que atente contra su libertad, integridad y formación sexual. Así mismo, ordena que los medios de comunicación deben abstenerse de realizar transmisiones o publicaciones que atenten contra la integridad moral, psíquica o física de los menores.
La norma está escrita para un mundo que ya no existe. El mes pasado la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), a propósito de una disputa entre dos operadores de telecomunicaciones por el contenido de una publicidad, reconoció la precariedad del ordenamiento jurídico en materia de contenidos en los medios digitales.
En mayo, el Gobierno presentó un proyecto de ley con el propósito de someter y controlar los contenidos en internet. Infortunadamente, lo que hace el proyecto es crear herramientas de censura. Ante tanta incertidumbre, tal vez haya que leer con juicio otra vez la célebre sentencia T-321 de 1993.
