Juan José Romero

Para el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso de Guerrero, Héctor Apreza Patrón, las modificaciones que se hicieron a la Ley de Seguridad aprobada por el Pleno del Poder Legislativo a la hora de publicarse, deja en entredicho las acciones de los diputados y constituye un grave delito, por lo que quien resulte responsable debe recibir “la más alta sanción”.

“Cuando leí el posicionamiento del PRD (que fue el primero en evidenciar los cambios entre lo aprobado y lo publicado) me sorprendió muchísimo, porque es un grupo Parlamentario muy serio que investiga, razona y argumenta, pero en algún momento creí que era falso porque eso no puede ser, nadie puede cambiar una ley que aprobó el Pleno, nadie”, enfatizó.

Recordó que en caso de que el Poder Ejecutivo considere que esa Ley afectaría al pueblo, puede regresarla con observaciones y se sigue otro procedimiento; o si es impugnada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la única que puede invalidarla, “pero que alguien, entre lo que se aprobó y lo que se publicó le haga cambios es verdaderamente grotesco, violatorio y deja al Poder Legislativo en la basura”, consideró.

Dijo que quien haya sido el responsable de estos cambios, “merece la más alta sanción”, y explicó que se reunirá con los integrantes de su fracción parlamentaria, la del PRI, porque es un asunto crítico que pone en entredicho cualesquier acción que pueda realizar el Congreso.

Mencionó además que aún no sabe en qué punto del proceso “se cometió el delito, porque eso es, no lo sé, el Congreso lo envía al Ejecutivo, para que ese poder haga observaciones y lo publique, no se en estos momentos quien fue el responsable, pero me parece que es verdaderamente grave; incluso esto puede convertir a la Ley en una Ley que nació muerta, porque no es la que aprobamos”, sostuvo.

Apreza Patrón puntualizó que no se trata sólo de la modificación a un artículo transitorio, sino que “no es la Ley que apobamos”, insistió, y enfatizó que “esto es verdaderamente grave, nunca había visto algo así; y me reuniré con los integrantes de la fracción y estoy invitando a abogados constitucionalistas para que nos puedan orientar, porque es algo totalmente ilegal”.

Denunció que sí se detectaron diferencias entre el dictamen que les distribuyeron a los legisladores y la Ley publicada, lo que pone en entredicho al poder legislativo, “el hecho mismo es una mala forma de violar la ley y de despedazar y destruir la actividad de diputadas y diputados”.

Mencionó que con esa acción, se echó abajo todo el esfuerzo que hicieron más de mil 600 trabajadores y colaboradores de los 46 diputados y diputadas en torno a la Consulta a los Pueblos Indígenas y Afromexicanos que mandató la SCJN, “y le dieron armas a todos los que estaban en contra para decir: miren ahí está el Congreso, ni ellos mismos se respetan, o no les hagamos caso porque no publican las leyes correctamente”.

Por ello, consideró que el daño que se le hizo al Congreso del Estado es grave, al realizar estos cambios a la ley, “simple y sencillamente las acciones constitucionales y demás tareas quedaron hechas añicos”.

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