Enfoque Informativo
La diputada federal condena la criminalización de los migrantes mexicanos en EE.UU. y rechaza el uso político de la migración por parte de Trump
La diputada federal Yoloczin Domínguez Serna condenó enérgicamente las recientes redadas realizadas en Los Ángeles por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Asimismo, calificó como una provocación innecesaria y peligrosa la decisión del expresidente Donald Trump de enviar a la Guardia Nacional a reforzar la frontera sur de Estados Unidos.
“La migración no se combate con redadas ni con militarización, se atiende con soluciones estructurales, reformas legales y cooperación binacional”, afirmó la legisladora guerrerense. Añadió que los migrantes mexicanos no son criminales ni invasores, como lo ha señalado Trump en declaraciones recientes, sino trabajadores que generan riqueza, pagan impuestos y aportan al desarrollo de Estados Unidos.
Históricamente, los migrantes mexicanos han sido parte integral del crecimiento económico de EE.UU. Según cifras del Pew Research Center, más de 11 millones de mexicanos viven en Estados Unidos, muchos de ellos desde hace décadas, y se estima que contribuyen con más de 250 mil millones de dólares al PIB estadounidense cada año, según datos del Center for Migration Studies. Además, envían a México más de 63 mil millones de dólares anuales en remesas, lo que también los convierte en un soporte económico para millones de familias mexicanas.
“Migrar no es un delito, es una necesidad y un derecho humano. Por eso es inaceptable que se les trate como criminales”, subrayó Domínguez Serna.
La diputada también recordó que Estados Unidos fue construido por generaciones de migrantes, y que la narrativa de odio y exclusión solo divide y pone en riesgo la paz social. “El discurso de Trump, que acusa a los migrantes de ser responsables del crimen en Los Ángeles, es no solo falso, sino peligrosamente incendiario. Generalizar, estigmatizar y militarizar la migración no es política pública, es populismo xenófobo”, declaró.
En este contexto, la legisladora federal hizo un llamado al gobierno de Estados Unidos y al Congreso de ese país para retomar con seriedad el debate de una reforma migratoria integral, que no sea punitiva ni discriminatoria, sino basada en el respeto a los derechos humanos, la legalización progresiva y la cooperación con los países de origen.
“Como representantes del pueblo mexicano, tenemos el deber de proteger a nuestras comunidades más allá de nuestras fronteras. No podemos ser indiferentes ante estas agresiones. La dignidad no tiene nacionalidad y la justicia no debe detenerse en la frontera”, finalizó.
