Enfoque Informativo
El periodo que en México es conocido como de ‘guerra sucia’ y que abarca
década y media –desde fines de los sesentas a principios de los ochentas-, es llamado así en referencia directa a la forma en que el Estado mexicano condujo las acciones de contrainsurgencia para contener la insurrección popular. Las autoridades responsables de la seguridad del país implicaron al ejército mexicano en actos contrarios al honor, a la ética y al derecho. Actos de tal suerte inicuos que ‘lo sucio’ de la ‘guerra sucia’ implica ‘crímenes de lesa humanidad’ que demandan del Estado mexicano que los responsables sean llevados a juicio, se les castigue y se forjen condiciones,estableciendo políticas de Estado que respeten los límites que impone un estado de derecho, para que jamás se vuelvan a repetir.
Las instituciones militares, las de procuración y administración de justicia y las
de representación popular fueron utilizadas como estructuras criminales con cuyos recursos y a cuyo cobijo se realizaron y se protegieron crímenes que, de manera sistemática, agraviaron a amplios sectores de la población y a combatientes prisioneros.
Al ejército se le permitió realizar operaciones de contrainsurgencia en un contexto que el derecho internacional humanitario reconoce como ‘conflicto interno’, protegido por los Convenios de Ginebra y que México ha suscrito, donde se cometieron terribles crímenes de guerra que transgreden el orden constitucional, que no se pueden amparar en el fuero militar, y que son considerados por el derecho internacional como de lesa humanidad e imprescriptibles. Los crímenes que se imputan a las fuerzas armadas y a
las fuerzas de seguridad tienen que ver a) con el derecho de guerra; b) con las garantías individuales que todo Estado está obligado a salvaguardar aun en estado de emergencia y c) con los derechos humanos fundamentales e imprescriptibles establecidos en la Constitución, en el derecho internacional y en la legislación vigente del país.
Los crímenes que se documentan con testimonios y evidencias en este informe permiten concluir que el Estado mexicano es responsable de crímenes de lesa humanidad.
La opinión pública se enteró de la guerrilla de manera limitada y distorsionada.
La censura de los medios ocultó la información relevante, los hechos que se dieron a conocer fueron presentados como de nota roja y de policía, ajenos a los problemas sociales y de política nacional que estos movimientos buscaban resolver, y sin dar lugar al análisis de los fines políticos de transformación social que pretendían lograr.
Quienes buscaban modificar las condiciones sociales en un horizonte de justicia, eran presentados como ‘gavilleros’ ó ‘cuatreros’ cuyas acciones no pasaban de ser simples delitos del fuero común ó federal. El orden público debía preservarse por encima de los derechos fundamentales, lo que justificaba plenamente todo tipo de represión.
Los graves crímenes cometidos por el Estado en contra de los combatientes y de la población civil fueron sistemáticamente callados y ocultados.
Aun ahora, cuando se dan a conocer estos crímenes, hay quienes intentan
justificar la acción del Estado argumentando la necesidad de someter al orden –por cualquier medio- a quienes participaron en hechos ilícitos reivindicados por la guerrilla.
Esta justificación es tan débil y contradictoria que necesariamente concluye en el argumento de que el crimen se combate con el crimen, dejando de lado al derecho, y que la violencia por parte del Estado prevalece sobre la legitimidad que todo Estado debe basar en el bien común.
Antecedentes y contexto histórico
El gobierno liberal, de mediados de siglo diecinueve en adelante, fue gran
enemigo de los pueblos indios en Guerrero. Los despojó de sus territorios y de sus posesiones que tenían en cofradía. Los gobiernos militares y los gobernadores que pasaron por el Estado, en su concepción patrimonialista se apropiaron de vastísimas extensiones de tierra que formaron inmensos latifundios. La gran mayoría de los ‘nuevos propietarios’ que poseían los bosques eran ausentistas; otros, particularmente hacia la costa chica, las utilizaron para el ganado, los otros las acumularon a sus haciendas.
Fueron pocas las tierras que quedaron como propiedades de mediana y
pequeña extensión o que quedaron en posesión, todavía, de los pueblos. En la región de la Costa Grande, se trabajaba principalmente en las haciendas.
En la Sierra de Atoyac en las décadas de 1860 y 70 algunos ricos, como Ignacio
Calvo Celís Rábago, se apropiaron de tierras y requirieron mano de obra campesina.
La gente contratada se asentó allí y comenzó a poblar las localidades de Llanos de Santiago y de San Francisco del Tibor. La Revolución mexicana polarizó los intereses de la población. En la región norte del Estado, algunos rancheros como Rómulo Figueroa, se aliaron con las fuerzas federales y sirvieron a los intereses de los terratenientes; mientras que muchos peones se incorporaron a la lucha por el lado de los agraristas.
En el Estado destacaron en la lucha a favor de los intereses de los desposeídos: Jesús H. Salgado, el general Adrián Castrejón, los hermanos Vidales, Valente de la Cruz; María de la O.
En la zona de Atoyac por el lado agrarista destacaron, Silvestre Castro (a) ‘El
Ciruelo’, Pedro Clavel Castro, Manuel Téllez, Pablo Cabañas –tío abuelo de Lucio
Cabañas-, Prisciliano Padilla ‘don Pichi’ –que según su propio testimonio luchó junto con Pablo Cabañas y fue indultado. En la Guerra Sucia Don Pichi fue forzado a ser guía del ejército, y murió recientemente en 2004-. Don Petronilo Castro Hernández, que se incorporó a la Revolución a la edad de 11 años y ahora es uno de los desaparecidos por el ejército en la Guerra Sucia.
Solamente en Guerrero un zapatista ha ocupado la gubernatura del Estado, Jesús H. Salgado de marzo de 1914 al 2 de enero de 1915. Esto sucedió cuando Chilpancingo fue ocupada militarmente por el ejército zapatista conformado por unos diez mil combatientes. El propio Emiliano Zapata iba como comandante, junto con Jesús Salgado, Ángel Barrios y Otilio Montaño. Ese gobierno duró breve tiempo.
Los cacicazgos entraron por sus fueros a sangre y fuego. No bien estaba terminando la Revolución cuando el ejército ya estaba en Guerrero desarmando a los agraristas. De 1923 a 1938 los campesinos se volvieron a
rebelar para enfrentar al 67º batallón de infantería enviado para proteger los grandes latifundios de la región.
El 11 de enero de 1923 se realizó en Iguala el primer Congreso Campesino de
Guerrero convocado por la Confederación Nacional Agraria que, a su vez, formaba parte del Partido Nacional Agrario. El objetivo era crear la Liga de Comunidades Agrarias en Guerrero. Asistieron 339 delegados de diferentes organizaciones campesinas. En la Sierra de Atoyac, el 8 de julio de 1923 Manuel Téllez, David Flores Reynada y un grupo de agraristas locales crearon la Liga Campesina de Atoyac. Después, durante la siguiente década y media, los barrios de la sierra “crearon sus Comités Agrarios dirigidos por Manuel Téllez y David Reinada” (Radilla; 2002, 175).
Por ese motivo fue asesinado Manuel Téllez el 10 de diciembre de 1923. A su muerte. Testimonio de Arturo Gallegos. El Señor Petronilo Castro era su suegro El 25 de abril de 1972 fue detenido por el ejército acusado de apoyar a Lucio Cabañas, y desde entonces quedó desaparecido.
Alberto Téllez, su hermano, “apoyado por Feliciano Radilla, Pilar Hernández y otros agraristas, logra reunir alrededor de 200 hombres. […]A la guerrilla agrarista nacida en Atoyac se suman los contados zapatistas de la región, como Pedro Cabañas –hermano del general Pablo Cabañas, que había operado en Michoacán- y poco después, en enero
de 1924, se incorpora Silvestre Castro El Cirgüelo (Bartra; 1996, 58).” María la O les provee de armas.
En 1928 el General Adrián Castrejón, exsalgadista, convocó a formar el
Partido Socialista de Guerrero y en 1929 se realizó el Primer Congreso Agrario en el que unos 400 delegados agrarios fundan la Liga de Resistencia Obrera y Campesina como sector campesino del partido. A través de este partido Castrejón se lanza por la gubernatura del Estado y la gana.
