No es la primera vez que la Suprema Corte de Justicia, el máximo Tribunal del país, se divide ante opiniones divergentes y decisiones vitales.
Hace algunos años se dio el insólito hecho en que los ministros, infinidad de ocasiones empataron en la designación del presidente de tan importante organismo; su comportamiento deja a la vez un “mal y buen sabor de boca”. Negativo porque no se concibe que la razón y la prudencia sean la guía de tan relevantes jueces y, por otro lado, existen puntos de vista definidos, por lo que se está dispuesto a defenderlos y no marginarlos.
Recientemente 5 ministros: Norma Lucía Piña, Luis María Aguilar, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara y Javier Láynez, votaron en favor de que se le otorgara libertad inmediata a una persona que se encuentra detenida desde hace más de un año; y otros 5 ministros: Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, decidieron que debe presentarse un nuevo proyecto. Lo impactante es que el ministro numero 11, Alberto Pérez Dayán, propuso un amparo para efectos.
Tal especial situación viene acompañada de una actitud que no puede ni debe soslayarse, referente al Fiscal General de la República, quien mantiene una condición cuestionable y que lejos de ser sancionada, hasta ahora ninguna autoridad ha mostrado interés por exigirle cuentas.
Será muy grave que los ministros voten por la libertad de quien ahora se encuentra tras las rejas, ya que tendrán que explicar porque tardaron en liberarla. Esto solo confirma que la justicia que no es pronta y expedita, no es justicia.
