“El artículo 134 constitucional señala puntualmente los principios en el manejo de recursos económicos del Estado y los de contratación pública”. Los primeros obligan a todas las entidades públicas actuar con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez y los segundos a brindar las mejores condiciones de precio, calidad, oportunidad y financiamiento en las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, esta  normativa fue la primera que tuve que aprender, cuando entre al servicio público, en la SCT al órgano interno de control, y uno de mis jefes y maestro, el CP. Gómez Milla (QEPD) me recomendó. La Auditoría Superior de la Federación tiene como principal facultad, revisar año con año, como se ejerce el gasto público, en todas las dependencias de los tres órdenes de gobierno (Ejecutivo, Legislativo y judicial). Cada año, los entes públicos del país manejan miles de millones de pesos de los recursos económicos que tienen a su disposición para cumplir con sus funciones asignadas, esos recursos se tienen que administrar de acuerdo a lo establecido por el artículo 134 de la Constitución (CPEUM), esto es, “con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”. Desafortunadamente, no todos los servidores públicos cumplen con lo establecido la CPEUM. La Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tiene la facultad de auditar la Cuenta Pública del ejercicio en turno, para evaluar los resultados financieros de los entes, verificando si se han ajustado a los lineamientos señalados por el presupuesto aprobado y observando el debido cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. La ASF detecta en cada ejercicio, diferencias entre las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, en cuanto a los conceptos y las partidas respectivas y, también, señala la falta de justificación en los gastos realizados, y la Cuenta Pública  del 2020 no ha sido la excepción.

En el informe de resultados de la fiscalización de los recursos públicos 2020, la ASF detalla que más de 60 mil millones de pesos manejados por las dependencias y organismos del gobierno federal  contienen irregularidades, no hubo transparencia, ni justificaciones y con evidentes desvíos a destinos desconocidos, esto en prácticamente todos los ámbitos: construcción del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el AIFA, el Insabi,   Segalmex,  y en todos los Programas Sociales ( millones otorgados sin comprobación a  supuestos beneficiarios), el costo de la cancelación  del NAIM en Texcoco (485 mil millones de pesos). Ciertamente el informe presentado hace unas semanas, está sujeto a revisión y aclaraciones por las distintas áreas de la administración pública, pero lo que no puede negarse es la enorme falta de transparencia y la discrecionalidad en el manejo del gasto público, así como el hecho de que el 78% de los contratos de obras y servicios fueron adjudicados de manera directa, y no por licitación pública como lo exigen la Constitución y la Ley. Además de ser inconstitucional e ilegal, el hecho de adjudicar 8 de cada 10 contratos de esa manera es un presunto acto de corrupción, ya  que es la manera de como se otorga a los  empresarios favoritos de la 4T, los jugosos contratos del sexenio, léase a Slim y compañía. Y todo saldrá a luz pública, más temprano que tarde, con videos, investigaciones o con el trabajo de los órganos fiscalizadores. La corrupción en la actual no termina  en las historias de familiares del Ejecutivo, el tema alcanzara grandes dimensiones si lo analizamos desde la perspectiva del gasto público. El presidente planteo desde su Plan Nacional de Desarrollo proyectos faraónicos con un  débil sustento técnico, nula viabilidad económica y menos  beneficio para el país. Toda esta historia se refiere  al elemento principal en el discurso del Ejecutivo: el combate a la corrupción. Para cualquiera que conozca de cómo se maneja el gobierno, resulta evidente que la corrupción multimillonaria de cualquier gobierno se lleva a cabo, con el método en cómo se asignan los contratos. Los concursos públicos o licitaciones son la forma más transparente de hacerlo. Las asignaciones directas llevan implícito un alto potencial de corrupción. (Decía el insigne maestro Hank González fundador del grupo Atlacomulco: mientras más obra más sobra). Las acciones del presidente no solamente contradicen los valores y principios que tanto pregona la 4T, sino que además producen un efecto destructivo sobre las instituciones democráticas que, nos ha llevado muchos años y el esfuerzo de muchos, construir y fortalecer. México  pasa por su peor momento en los últimos cincuenta años. La 4T está llevando al despeñadero a la democracia mexicana. ES CUANTO

ADENDDUM: La guerra nunca ha sido una buena noticia.  Lo vemos frente a la perversa invasión de Rusia a Ucrania, “un zarpazo militar” que agrede la soberanía de un país y quebranta la legalidad internacional que avalan y sustentan las naciones democráticas del orbe. Las estúpidas declaraciones del presidente argentino (que antes de que comenzará la invasión, se puso de tapete con el dictador ruso, ofreciendo que Argentina fuera su “puerta de entrada a América Latina”, puso en evidencia a los gobiernos populistas del continente, pero por lo pronto México  prefirió pedir la paz condenando enérgicamente  la invasión rusa,  y reivindicando   la trayectoria que precisamente le dio lustre a nuestra diplomacia en otros momentos de profunda tensión internacional.