Juan José Romero
“Mal harían en no impugnar”, sostuvo el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Raymundo García Gutiérrez, ante el amago del representante legal de los pueblos originarios y del director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, luego de la aprobación de las reformas a la Ley 701 y al artículo 14 Constitucional.
“No está mal que el abogado Vidulfo y todos lo que estén en contra, están en su derecho, mal harían en no impugnar, mal harían en estar de acuerdo, es bueno que existan un sector de la ciudadanía que esté en contra porque eso permite tener diferentes opiniones”, expuso.
Sostuvo que quienes recorrieron las localidades y municipios indígenas y afros constataron la organización en el territorio, no obstante, pidió conocer su propuesta de cómo se atienda esta situación, porque “no participaron ellos” (las organizaciones).
Aunque recordó que en la Legislatura pasada cuando interpusieron un recurso de amparo ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el cual procedió llegando ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determinó realizar una nueva consultas a los pueblos indígenas y afros.
“Es incongruente que ahora manifiesta su inconformidad, les tocó a ellos participar en la reforma, es la parte que no es entendible; sin embargo, está en su derecho de impugnar ante la autoridad que le toca resolver”.
El legislador enfatizó que lo aprobado por el Pleno del Poder Legislativo es lo que las comunidades manifestaron en la consulta realizada hace algunas semanas.
García Gutiérrez calificó como grave la acusación del abogado al decir que los diputados solo acudieron a las comunidades a “levantar” actas porque durante el ejercicio de consulta acudieron los ciudadanos para llevar a cabo sus asambleas, “es una falta de respeto a quienes asistieron”.
Dijo también, que “en el país no se le niega a ningún ciudadano impugnar una ley o reforma, y serán las instancias correspondientes quienes determinaran si procede o no dicha impugnación, si es que la hay”.
Recalcó que el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó consultar a los pueblos y no a las organizaciones que tienen vida en las comunidades indígenas y afros.
Manifestó que para que el sistema de justicia comunitaria sea reconocida en la Constitución General de la República, es necesario hacer una reforma a la Carta Magna, para que pueda proceder, y “no es a voluntad o criterio” de nadie, y no se actué fuera de la legalidad.
Refirió que lo que queda pendiente es la consulta en materia electoral y educativa así como la Ley de Consulta la cual se someterá a consulta, cuyo plazo vence el próximo octubre.
Afirmó que la propuesta, es llevar a cabo en una sola etapa, todas estas consultas que están pendientes debido a la extensión del territorio de los pueblos originarios y afros.
Finalmente y ante el señalamiento de otros personajes, como el exdiputado federal Rubén Cayetano, comentó que en su momento, el legislador federal pudo proponer las reformas constitucionales correspondientes desde el Congreso de la Unión para el reconocimiento de las policías comunitarias, “no lo hicieron porque no quisieron reformar”.
