Por Juan José Romero
De los 400 mil desplazados de que se tiene registro en el país, por lo menos 26 mil 700 son de Guerrero y de los 110 mil desaparecidos de México, 4 mil 500 son de esta entidad, denunció el Centro “José María Morelos y Pavón A.C.”, que dirige Teodomira Rosales Sierra.
Mediante un comunicado colectivos como el Centro “José María Morelos y Pavón A.C.”, el “Movimiento de los pueblos por la paz y la justicia” y “Memoria Verdad y Justicia”, entre otros, convocaron a marchar el próximo 5 de mayo en la Ciudad de México y de manera simultánea en estados como Guerrero, Tlaxcala, Chiapas, Morelos, Querétaro y Sonora, así como en las ciudades de Nueva York, Indiana y Los Ángeles en Estados Unidos.
La movilización es por la paz y contra la violencia, señalan los convocantes, quienes lamentaron que la violencia armada y estructural que vive México ha dejado el registro de 400 mil desplazados y 110 mil desaparecidos, “además de miles de víctimas de homicidios dolosos, decenas de víctimas de feminicidio, y violencia de género”.
En el documento se denuncia también que, hay corrupción por parte de gobernantes y actores políticos, “en el tráfico de armas principalmente de Estados Unidos a México”, lo que genera un “manto de impunidad que hace imposible que las víctimas puedan tener acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño”.
De igual manera, dejaron de manifiesto que la política del gobierno federal de militarizar al país no ha dado los resultados deseados, “no ha servido para detener la violencia y alta criminalidad que sufrimos todos los días”.
Ante este contexto, exigieron a las autoridades respeto a los derechos humanos como son a la vida, a la paz y a la justicia, aprobación de leyes que prohíban el tráfico ilegal de armas a México, que los nuevos presidentes de México y Estados Unidos celebren un acuerdo binacional de derechos humanos y la creación de un organismo que observe la aplicación de derechos humanos en ambos países, así como un alto a la militarización de los órganos civiles de seguridad pública.
