Enfoque Informativo
En 8 años del caso Iguala no hay avances; prevén movilizaciones en todo Guerrero
A pocas horas de que los normalistas inicien sus movilizaciones, tras 8 años de impunidad y de esperar resultados de las investigaciones, así como el paradero de sus 43 compañeros estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, las autoridades ministeriales filtraron documentos y evidencias valiosas sobre en dónde y cómo desaparecieron a los jóvenes que realizaron protestas y toma de autobuses en Iguala Guerrero.
Lo revelado en un columna de un diario nacional, dejó fríos a los familiares sobre lo ocurrido en Iguala, porque ahí se describe con exactitud quienes fueron los encargados de realizar el traslado de cuerpos, descuartizados y desaparecieron los restos que fueron arrojados a los distintos ríos, tanto en Iguala Huitzuco y Cocula.
Al grado que los integrantes del Centro de Derechos Humanos Migue Agustín Pro-Ramírez, lamentaron que se haya filtrado el contenido del informe presentado por el presidente de la COVAG. Ayotzinapa, lo que victimiza a las familias, por tal motivo retiraron que el mismo continua bajo análisis del GIEI, expertos a quienes las familias les han pedido verificar la fiabilidad de la información como instancia técnica e independiente.
Además, indica que “externamos nuestra preocupación sobre la información que la FGR, de forma extremo inusual solicitó la cancelación de algunas ordenes de aprehensión, estaremos analizando los alcances legales de esa decisión, como estamos analizando la solidez de los procesos penales iniciados recientemente, preocupados por el desplazamiento de la UEILCA”.
Sobre las filtraciones dijo deben investigarse a las autoridades que actuando con irresponsabilidad generar confusión y dolor, no a la prensa.
Además, agregan que “no acompañamos la pretensión de denunciar penalmente a los jueces por las recientes absoluciones, Fiscales y ministerios públicos son quienes deben rendir cuentas por sus acciones y omisiones se llevó a ese extremo”.
Inclusive, manifiestan que “reivindicamos el derecho de protesta de los padres y madres al mismo tiempo como Centro de Derechos Humanos, lamentamos expresiones incompatibles con el respeto a la dignidad común de otros actores que ha acudido a las movilizaciones”.
La noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, tuvo lugar uno de los más emblemáticos episodios de violación a los derechos humanos en la historia reciente de nuestro país.
Los hechos sucedieron cuando un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de entre 17 y 25 años, acudió a la ciudad de Iguala, Guerrero, ubicada en ese mismo estado, con la finalidad de “tomar” autobuses que requerían para participar en la conmemoración del 2 de octubre, que cada año mantiene viva en México la memoria de esa represión contra estudiantes acaecida en 1968. Aunque la retención y el uso temporal de autobuses por los estudiantes para realizar sus actividades había sido habitual en Guerrero y contaba incluso con el aval tácito de empresas y autoridades, el 26 de septiembre la respuesta de las autoridades no fue la ordinaria: Policías Municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses. De esta manera, auxiliados por otras corporaciones y por civiles, los policías lograron cerrar el paso a cinco autobuses -tres que transitaban por una calle céntrica y dos que lo hacían por una calle periférica-. En esos dos escenarios fueron detenidos 43 estudiantes que habrían de ser desaparecidos. Más tarde esa misma noche, continuaron las agresiones contra los estudiantes y contra la población en general, ya no sólo por parte de agentes estatales sino también por civiles que, como después se demostró, eran parte de la estructura de una organización criminal fuertemente imbricada con las instancias estatales presentes en esa zona de Guerrero, denominada Guerreros Unidos.
El saldo de la cruenta noche de Iguala fue brutal: 43 jóvenes estudiantes que siguen desaparecidos; 6 personas ejecutadas, entre ellas 3 normalistas, incluyendo el caso de un joven cuyo cuerpo apareció al día siguiente en un paraje inhabitado con claras muestras de tortura; al menos 40 personas fueron lesionadas, contando a dos estudiantes que resultaron con afectaciones graves y permanentes a su salud. En total, más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a derechos humanos esa noche y alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas, considerando a los familiares de los agraviados.
A pesar del proceso de búsqueda de verdad y justicia que iniciaron las y los familiares de los desaparecidos y de las víctimas de ejecución, la obstrucción de la investigación por parte de las Autoridades ha impedido que la verdad de los hechos ocurridos a los normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014 sea conocido por las familias y por toda la sociedad; y por ende, tampoco se ha investigado, procesado y sancionado a todos los responsables de dichos sucesos.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, creó poco después de tomar el poder una Comisión para la Verdad encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ha intensificado la búsqueda de la justicia. La reciente detención del máximo responsable de la investigación, el que fuera fiscal general, Jesús Murillo Karam, y la audiencia de este miércoles en su contra, se suma a la presentación de un amplio informe sobre lo que sucedió esa noche del 26 al 27 de septiembre. En los últimos días, han quedado aclarados por primera vez de manera oficial dos puntos importantes que van más allá de la persecución y el asesinato de los jóvenes: la participación activa de agentes del Estado con miembros del crimen organizado y todo el aparato de Gobierno de Enrique Peña Nieto (de 2012 a 2018) dedicado a montar una versión falsa que incluyó tortura de los detenidos y manipulación de escenas del crimen. Una actuación que no solo impidió el acceso a la verdad, sino que revela las prácticas más oscuras del Estado para enterrarla durante ocho años.
Qué es lo que se sabe de lo que sucedió esa noche
Se sabe que la plaza estaba caliente. Que los estudiantes de la escuela Raúl Isidro Burgos de Ayoztinapa habían provocado disturbios desde el año anterior contra el Gobierno municipal de Iguala, encabezado por el alcalde José Luis Abarca, por la desaparición y asesinato del líder campesino Arturo Hernández Cardona. Que Abarca y el crimen organizado los amenazó: si regresaban al Ayuntamiento, enfrentarían las consecuencias. Que los grupos criminales que controlaban la zona, Guerreros Unidos y Los Rojos, estaban en una pelea por el poder del territorio.
Por su tradición de lucha social de este tipo de escuelas y ante el intento del Gobierno de controlarlas, el Ejército había infiltrado a un soldado entre los jóvenes, Julio César López Patolzin. Su misión: informar a los mandos de las actividades de los normalistas. Asambleas, mítines y marchas y cualquier movimiento que “pusiera en riesgo la seguridad nacional”, se lee en el informe de la Comisión. Su último reporte fue el 26 de septiembre a las 10 de la mañana. Desapareció junto al resto. Ningún mando militar ordenó su búsqueda, como manda el protocolo, lo que hubiera permitido encontrar o conocer la verdad de los estudiantes.
El 25 de septiembre, los normalistas se preparaban para acudir a la marcha histórica del 2 de octubre en la Ciudad de México —una manifestación que se repetía cada año y reunía a líderes sociales de todo el país para conmemorar la matanza de Tlatelolco del 68—. Cada año, buscaban la forma de que autobuses de línea privada los trasladaran a la capital. Ese día solo habían conseguido ocho de los 20 que necesitaban.
Un elemento de la Fiscalía General de la República y de la Comisión Nacional de Búsqueda durante una visita a la Barranca de la “Carnicería” ubicada en el Municipio de Cocula, en el Estado de Guerrero, el 21 de septiembre de 2021.
Un elemento de la Fiscalía General de la República y de la Comisión Nacional de Búsqueda durante una visita a la Barranca de la “Carnicería” ubicada en el Municipio de Cocula, en el Estado de Guerrero, el 21 de septiembre de 2021.
A las 11.30 horas de la mañana del 26 de septiembre, un grupo de normalistas trató de “tomar” más autobuses en la terminal de Chilpancingo, pero las autoridades se lo impidieron y se regresaron a Ayotzinapa, a 15 kilómetros de ahí. Por la tarde, planearon ir hacia el norte, Iguala, al municipio de Rancho del Cura para pedir dinero y seguir con la toma de autobuses. A las 17.00 salen dos autobuses de los estudiantes hacia ese rumbo. Uno de esos autobuses, con 80 estudiantes, sigue hacia una caseta en Iguala para intentar tomar otro vehículo en la carretera federal. El grupo del primer autobús consigue otro más (que tienen que abandonar después) y se dirige a la estación de autobuses de Iguala a dejar al resto de los pasajeros. Ahí llegan dos autobuses más de normalistas para apoyar a sus compañeros: recorren los andenes y deciden tomar tres más. De uno de ellos, el quinto, de la compañía Estrella Roja, se sospecha que transportaba droga o armas.
A las 21.16 de esa noche los estudiantes salen de la estación de Iguala con cinco autobuses. Cuatro salieron por la calle principal y el quinto, el sospechoso, salió por la parte trasera de la terminal.
A partir de ese momento comienza una persecución de los jóvenes. Se instalan 17 retenes en un radio de 80 kilómetros, compuestos por la policía municipal y miembros del crimen organizado. Y los detuvieron a punta de fusil en dos puntos: en la calle Juan N. Álvarez y otro, en el Palacio de Justicia, al este de la ciudad, donde se instaló un retén con policía federal y cerca de ahí, otros dos retenes, al sur y al oeste, por parte del crimen organizado, Guerreros Unidos, con ayuda de la policía municipal. La policía de Iguala baleó los autobuses, pinchó las ruedas, y disparó en la cabeza a uno de ellos en Juan N. Álvarez. Aldo Gutiérrez Solano, el primer muerto. Eran las 10 de la noche.
A esa hora salen dos vehículos de estudiantes desde Tixtla, a unos 120 kilómetros al sur, para ayudar a sus compañeros, pues ya les habían avisado de que los estaban persiguiendo y atacando en diferentes puntos de Iguala. Horas después, según los testimonios de algunos miembros de Guerreros Unidos detenidos y de los mensajes interceptados, el narco dio la orden de asesinarlos al asegurar que se trataban de rivales de Los Rojos y no de estudiantes.
Los estudiantes a bordo de cuatro camiones son detenidos y llevados a diferentes dependencias de la policía de Iguala y de Huiztuco, un pueblo cercano, cuyo jefe de policía habló esa noche con un líder de Guerreros Unidos. A las 22.40 el quinto camión, sospechoso de cargar droga, se detiene al llegar al Palacio de Justicia y es registrado por policías federales. No le impiden el paso, a diferencia del resto, solo bajan a los jóvenes que tienen que correr para huir de la policía que los persigue a balazos.
A las 23.30 se produce otro ataque en el retén del sur, en el crucero de Santa Teresa, los policías de Huiztuco, el pueblo cercano que apoyó a la policía de Iguala, balearon desde diferentes puntos el autobús del equipo de fútbol local Los Avispones y mataron a tres personas: uno de los jugadores, una mujer que iba en un taxi y el conductor del autobús que murió días más tarde en un hospital. La información de inteligencia señaló que los confundieron con los normalistas.
Pasada la media noche, estudiantes y miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero da una conferencia de prensa en Iguala. Y alrededor de las 00.15 horas, sicarios de Guerreros Unidos atacan a los participantes y acribillan a dos normalistas. El resto corren a resguardarse en una azotea, en un terreno y en dos viviendas. Uno de los asesinados, Julio César Mondragón, El Chilango, fue tiroteado mientras corría y su cadáver apareció torturado a la mañana siguiente.
Entre las 3 y las 8 de la mañana del 27 de septiembre se presume que se dio la orden de ejecutar y desaparecer a los estudiantes. Pero el informe no desvela los detalles de las comunicaciones entre miembros del crimen organizado y autoridades. A partir de las 8 de la mañana comienza la operación del Gobierno para ocultar la verdad. El informe señala algo importante: cuatro días después de la noche de Iguala, seis estudiantes estaban todavía con vida, secuestrados en una bodega en Pueblo Viejo. Nadie hizo nada.
El 30 de septiembre se tiene registro de que un tal Coronel ya se había encargado de esos seis estudiantes y se daría a la tarea de “limpiar todo”. Los restos de los estudiantes fueron escondidos en diferentes puntos. Algunos, al menos cinco, fueron “cocinados”, disueltos en ácido. Lo que no había podido ser ocultado, se trasladó a tres ranchos —La Mina, Lomas de Coyote, Rancho del Cura— y un dato más que es clave: a las instalaciones del Ejército en Guerrero, el 27 Batallón.
