Una caterva de bobalicones, rateros, defraudadores y hasta genocidas se han sentado en la Silla del Águila durante los últimos 22 años… y aún desde mucho antes, si usted me apura.

Aguantador como ningún otro, el mexicano de la calle los ha tolerado y a lo más que ha llegado es hacer chistes y más recientemente memes que sólo sirven para un desahogo catártico en las cafeterías y en las sobremesas familiares.

Hasta ahí.

Nada más.

Todos han dejado el poder sin sufrir consecuencia alguna por sus crímenes –el de rateros despreciables, principalmente– y, en la mayoría de los casos han decidido salir del país a radicar en países en los que invierten cantidades mínimas en relación a lo robado a los mexicanos para adquirir visas doradas, de privilegio, o hasta nacionalidades de las naciones en las que se esconden como ratas a las que persigue un imaginario gato.

Dejaron ya de vivir a salto de mata, como Carlos Salinas que a ratos residía en La Habana, otros en Dublín, Nueva York…

… O escondidos, sin sacar la cabeza, como Enrique Peña quien, por ejemplo, tuvo que celebrar hace un par de semanas, casi casi en la clandestinidad, los esponsales de la mayor de sus hijas en las goteras de Madrid.

En 2011, empero, muchos pensamos que sí había una luz al final del túnel de la impunidad con la que han sobrevivido los últimos ex presidentes mexicanos.

El espurio Calderón, ¿sin castigo?

En noviembre del 2011, un grupo de abogados mexicanos, encabezados por Netzaí Sandoval, interpuso una demanda ante la Corte Penal Internacional, en La Haya, por delitos de lesa humanidad cometidos por Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y su gabinete de seguridad (sic), ocurridos después de que el beodo moreliano declarara la «guerra contra el narcotráfico».

Ensoberbecido, gracias al respaldo recibido en dólares efectivos por los magnates texanos ‎y por la recomendación interesada del embajador Jeffrey Davidow, Calderón se sintió machín y desató una feroz masacre, más sanguinaria que las grandes batallas de la Revolución iniciada en 1910.

La población lo recuerda encasquetado en‎ uniforme militar, que obviamente le quedaba guango, con cinco estrellas mal pegadas, acompañado de los capitostes de las fuerzas armadas del Ejército y la Marina, convocando a una guerra inopinada y anticlimática, sin planeación ni objetivos benéficos para nadie, excepto para justificar a sus valedores gabachos… y para apagar cualquier fuego que pudiese surgir tras su ocupación militar de Los Pinos en calidad de Presidente espurio.

La Corte Penal Internacional, a prueba

Sandoval y su grupo documentaron 470 casos de torturas, desplazamientos, desapariciones forzadas y reclutamiento de menores, que «llevó a México a una crisis humanitaria de asesinatos generalizados, con un saldo de decenas de miles de muertos», explicó en aquel momento el abogado en entrevista con Radio Netherland Worldwide.

‎Los abogados, respaldados por 23 mil firmas, responsabilizaron directamente al Estado mexicano por la ejecución de crímenes de lesa humanidad, así como al Ejército por violaciones sexuales, esclavización de migrantes indocumentados por funcionarios, en colaboración con la delincuencia organizada.

Personajes de la actualidad mexicana presentaron la demanda, ante la imposibilidad de que se juzgara aquí al borrachín que –«haiga sido como haiga sido»– mantenía una ocupación militar de la Presidencia de la República, dado que las autoridades judiciales carecían de autonomía y el fuero militar impide juzgar crímenes cometidos por el Ejército nacional.

Firmaron el documento,‎ Edgardo Buscaglia, John Ackerman, los caricaturistas de La Jornada, Rafael Barajas, Antonio Helguera y José Hernández, el Grupo No Más Sangre y, entre otros, este escribidor.

Se puso a prueba la efectividad de la Corte, que hasta ese momento sólo se encargaba de enjuiciar a gobernantes de países africanos y no, como decía Agustín Barrios Gómez, de países como el nuestro enclavados en África Latina.

El juicio contra Calderón sigue abierto

Con la excepción del líder serbio Slobodan Milosevic, sólo pasaban a la báscula a los enemigos declarados de los países industrializados. Otro antecedente era con los sátrapas colombianos, donde ni abrieron la investigación, sólo colocaron al país «bajo observación formal».

‎Tratándose del borrachín Calderón Hinojosa, considerado un «aliado funcional», trataron de poner una prueba a la CPI de La Haya. Consideraban que, si era tratado siquiera como los colombianos, se habría avanzado demasiado en abrir el ostión.

Con conocimiento de causa, los convocantes consideraron que México «vive un estado de emergencia y atraviesa por la crisis más dramática de su historia… una impunidad estructural en la que únicamente el 12% de los delitos son denunciados y el 8% investigados».

La petición de juicio al ex presidente de México continúa abierta y hasta el momento‎ ha sido firmada en línea por cientos de miles de mexicanos.