Efraín Flores Iglesias
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local dio a conocer el lunes la lista de aspirantes a ocupar la Fiscalía General del Estado (FGE), en la que destacan 44 profesionales del Derecho que han ocupado importantes responsabilidades en los tres poderes públicos de la entidad, órganos públicos autónomos y en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).
Lo cierto es que la mayoría de ellos han sido abogados postulantes en diversas materias del Derecho, y algunos han combinado su actividad con la vida académica o en la iniciativa privada.
De los 44 que se inscribieron y entregaron la documentación correspondiente, 38 son hombres y solamente 6 son mujeres.
Uno de los aspirantes ya fue fiscal. Me refiero a Miguel Ángel Godínez Muñoz, quien dejó muchos pendientes como crímenes dolosos, equipamiento para personal de la Policía Ministerial y para los juicios orales.
Los aspirantes más controvertidos por su paso en algunas dependencias del gobierno estatal son Ramón Almonte Borja, ex secretario de Seguridad Pública del gobierno de Ángel Aguirre Rivero y a quien los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa consideran como uno de sus enemigos públicos; y José Luis Gallegos Peralta, integrante de la Asociación Civil Acapulco (Grupo Aca), ex presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) y que enfrenta serias denuncias en la FGE por diversos delitos, y una de esas denuncias la presentó en 2017 el ex regidor de Acapulco, Javier Morlet Macho, por tentativa de homicidio y amenazas de muerte. Ambos personajes son cercanos al senador Félix Salgado Macedonio.
De las seis mujeres que se registraron, solamente una tiene posibilidades de llegar a la FGE. Me refiero a la teniente coronel de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
Los aspirantes varones que no se han visto envueltos en escándalos en su paso por la función pública o como abogados postulantes y que garantizan un buen papel en la FGE en caso de contar con el respaldo de la mayoría de los diputados de la LXIII Legislatura son: el Doctor en Derecho, criminólogo y Abogado General de la UAGro, Jaime Kahan Hernández; el Maestro en Derecho Constitucional y Electoral, ex visitador general de la FGE y ex coordinador de asesores de la oficina del fiscal, José Balbuena Herrera; y el Doctor en Derecho, especialista en materia penal y catedrático de la Escuela de Derecho durante 20 años, Agustín Lara Muñiz.
La Jucopo tendrá que revisar minuciosamente el perfil de cada uno de los 44 aspirantes, de los cuales solamente elegirán a diez para incluirlos en una lista que enviarán a la titular del Poder Ejecutivo estatal, quien a su vez lo regresará al Congreso en una terna de la que saldrá el o la nueva fiscal general del estado.
De manera extraoficial se mencionan los nombres de algunos personajes que supuestamente tienen el “visto bueno” del senador Félix Salgado Macedonio.
Lo cierto es que hasta este momento no hay nada para nadie. De hecho, en declaraciones que hizo la mañana de este martes en Chilpancingo, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda afirmó que no va a ejercer su facultad de enviar una terna al Congreso local para la designación del fiscal general del estado, a fin de que los legisladores decidan “en libertad” el nombramiento.
Además, aseguró que “no existe ningún recomendado” y que los diputados están en toda la libertad de hacer el análisis para elegir al que consideren mejor para dicho cargo.
Sea quien sea, el nuevo titular de la Fiscalía General del Estado tendrá que afrontar distintos y complicados desafíos.
El anterior fiscal dejó muchos casos sin resolver, sobre todo los crímenes perpetrados contra actores políticos y sociales. El Caso Chavarría, por ejemplo, sigue sin esclarecerse.
Ser fiscal es una tarea difícil y muy riesgosa. Tal vez no todos los aspirantes están conscientes de eso, pero es necesario señalar que la mayoría de los que han ocupado el cargo de fiscal en los estados no han concluido el periodo para el que fueron electos. Xavier Olea Peláez y Jorge Zuriel de los Santos Barrilla, son dos claros ejemplos en el caso concreto del estado de Guerrero.
Y eso no es todo. Todos los fiscales corren el riesgo de ser blanco de una serie de ataques políticos y mediáticos para desestabilizarlos y caer así de la gracia del gobernante en turno y del Poder Legislativo.
Ojalá el que sea nombrado fiscal para los próximos seis años no sea un títere de la gobernadora Evelyn Salgado ni de su padre, el senador Félix Salgado.
Los guerrerenses requieren una Fiscalía autónoma y a un fiscal que se apegue siempre a la ley y no a su visión de justicia personal.
Mientras tanto, estaremos atentos de los que logren pasar el primer filtro en la Jucopo, así como de la comparecencia y exposición de trabajo de los que formen parte de la terna.
ENTRE OTRAS COSAS… La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó a la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, respetar la actividad periodística y la libertad de expresión, ya que organizaciones civiles y medios de comunicación presentaron una queja al organismo, acusándola de hacer declaraciones de odio en contra del gremio, responsabilizándolos, incluso, de la grave violencia que se vive en el puerto. ¡Zas!
