Juan José Romero

A cuatro días de asumir sus funciones, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Guerrero, Carlos Sevilla Rodríguez, presentó a la presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Pública del Congreso del Estado, Elzy Camacho Pineda, una propuesta para reformar la Ley de Obras Públicas del estado.

Comentó que desde hace 10 años, esa ley no ha tenido ninguna modificación, por lo que consideró que es es obsoleta, y se hace necesario que se revise y se ajuste para que se adapte a la actualidad, y también a la normativa que exigen las autoridades federales, estatales y municipales para la obra pública y la infraestructura urbana.

Carlos Sevilla ganó la elección de presidente de la CMIC delegación Guerrero, y al asumir sus funciones se comprometió con los dueños de las 700 empresas que conforman esa cámara, a trabajar para establecer las alianzas necesarias, encuentros y negociaciones que se requieren para establecer una coordinación estrecha entre el sector productivo, y los tres niveles de gobierno, así como los tres poderes para mejorar las condiciones de desarrollo laboral de los constructores de la entidad.

El líder empresarial mencionó que como parte del plan de trabajo de esa cámara hay la disposición de unir esfuerzos con los órdenes de gobierno, lo que resulta fundamental para lograr el desarrollo en la entidad, que beneficie a la sociedad con obras y proyectos. 

Carlos Sevilla acudió acompañado por otros integrantes de la organización, y solicitaron a la diputada Camacho Pineda que se les tome en cuenta para reuniones futuras donde se traten temas técnicos, de tal manera que puedan aportar ideas y propuestas en esa materia. 

La diputada perredista, Elzy Camacho recibió las propuestas que le presentó el dirigente de la CMIC, y se comprometió a analizarlas, de tal manera que las que le sean favorables a Guerrero se integrarán al proceso de reformas; del mismo, asumió el compromiso de convocarlos a las reuniones de la Comisión para que se mantenga esa coordinación entre el Poder Legislativo y el empresariado de la construcción.