Ante la escalada de violencia que se está presentando en algunas partes de Guerrero, la Policía Estatal y las fuerzas federales están trabajando intensamente en labores de vigilancia y combate al crimen de forma coordinada, conforme a la estrategia acordada en la Mesa de Construcción de la paz, bajo el liderazgo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda; pero hay que decir que lo que está fallando en este momento es la participación de los ayuntamientos y de la propia Fiscalía General del Estado (FGE).
En los operativos que se llevan a cabo sobre todo en Acapulco y Chilpancingo no se ve de forma sistemática a los policías municipales, que no están cumpliendo su parte en la obligación constitucional que tienen de llevar a cabo labores de prevención de los delitos mediante acciones de vigilancia y operación propia en zonas identificadas como peligrosas, para dar seguridad a la población.
Los gobiernos municipales no pueden olvidar que son la primera línea de defensa de la ciudadanía, y las alcaldes no deben omitir su papel como garantes de la seguridad en las calles, tanto en zonas urbanas como en el medio rural. Así lo establece la ley que juraron respetar y hacer respetar.
De manera que esa omisión tiende a afectar los operativos dispuestos en la Mesa de Coordinación que sesiona todos los días, en los que los mandos policiacos y militares evalúan los resultados de sus acciones y plantean las modificaciones necesarias para hacer más efectiva la labor de los policías estatales y de los elementos del Ejército, de la Marina Armada y de la Guardia Nacional que participan en cada región.
La gobernadora Salgado le ha ofrecido y otorgado su apoyo a los ayuntamientos expresando que las alcaldes de Acapulco y Chilpancingo no están solas en el combate al crimen, pero en los hechos no hay reciprocidad, pues parece que sus gobiernos se están confiando solo en que sean el estado y la federación los que se hagan cargo de la seguridad pública, omitiendo de esa forma su responsabilidad.
Mientras que en el caso de la FGE se echa de menos la presencia puntual de su personal y la activación de los protocolos judiciales necesarios en la atención de los delitos cometidos, lo que está afectando la procuración de justicia. Tampoco se informa sobre su actuación, y se nota un serio retraso en las investigaciones que debe llevar a cabo esa estratégica institución.
Por lo que, para que la lucha diaria contra la delincuencia obtenga resultados positivos con mayor agilidad, se requiere que los gobiernos municipales y la FGE se sumen efectivamente al esfuerzo del estado y de las fuerzas federales de inmediato, sin pretextos ni demora, porque va en ello la seguridad de todos, incluyendo nuestro patrimonio, nuestra vida y la de nuestras familias. ¿O alguien tiene otros intereses…?
