México está catalogado hoy en día, como la nación con mayores peligros para practicar la actividad periodística, más preocupante incluso de los países que viven en guerra y al gobierno poco o nada le importa el tema. La mayoría de los crímenes en contra de los comunicadores se relacionan con la manera de actuar de los carteles criminales, pero en muchos otros casos, corresponden al accionar de intereses particulares, venganzas de caciques y políticos de la localidad. Desde hace más de 50 años, ser periodista en México es correr un riesgo de muerte, ya que se arriesga la vida en cada esquina que pisan. Bajo esta verdad, vemos como se rompe la libertad de prensa, así como la democracia y los derechos humanos. La libertad de prensa está en riesgo por el incremento cada vez de violencia criminal que aniquila, el terror puede definir la situación de los comunicadores en la actualidad. El ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en México vuelven a ser amenazadas abiertamente, sin nada ni nadie los detenga. El asesinato de tres periodistas en lo que va del mes de enero, muestra la podredumbre social que se infesta en todas los movimientos, sobre todo en la de los periodistas. No solamente los criminales han silenciado con balas a periodistas, también desde la esfera política, han acallado a quienes tuvieron la osadía de denunciar información que levanto ámpulas en la opinión publicada, sino que mostraron, actos delictivos que requieren la urgente intervención de las autoridades de inmediato. El domingo anterior fue asesinada, en Tijuana, la periodista Lourdes Maldonado, ella revelo amenazas desde el poder, luego de un juicio laboral que duro varios años, en contra un negocio propiedad del exgobernador de Baja California Jaime Bonilla. El crimen ocurrió días después de que la Junta de Conciliación y Arbitraje ordenó el aseguramiento preventivo de la empresa, con el objeto de pagarle a la periodista ahora occisa. Este es el tercer crimen que sufre los periodistas a nivel nacional en el año, y el segundo en Tijuana.
Parece increíble que a más de 10 años de la ley y del “Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos”, este no sirva para “maldita la cosa”, y los crimines y asesinatos continúan, y aumentan en cada administración federal. En tiempos de la 4T, y con un presidente enemigo de los periodistas, la sociedad observa gravemente preocupada los efectos de la polarización presidencial contra la libertad de expresión, ya que los 50 comunicadores asesinados durante estos tres años, han superado a los periodistas caídos durante “gobiernos neoliberales anteriores”. El meollo es que en los tres órdenes de gobierno, no hay voluntad ni siquiera para aplicar la ley o para prevenir, castigar y, sobre todo, evitar la impunidad. Hasta ahora, nada ha funcionado, y la línea es declarar “que se va a investigar, que no quedarán estos delitos impunes” y en el mejor de los casos se termina aprehendiendo a un “asesino solitario”, o a un chivo expiatorio y jamás, o casi nunca, encuentran a los verdaderos autores intelectuales. Pero la respuesta de la sociedad civil fue enérgica e inmediata esta vez, con una gran movilización nacional (en 23 ciudades del país), de la semana pasada, de periodistas, activistas y población civil demandando protección efectiva del Estado (y no solo discursos y rollos) ante la escalada criminal contra los comunicadores y periodistas mexicanos, los tres asesinatos de este mes de enero, ponen de manifiesto, una crisis sin parangón, en las libertades y derechos de la comunicación pública en nuestro país. El desamparo del gremio periodístico a nivel local en los estados y municipios, proviene de las precarias condiciones de su labor, usualmente en entidades con un fuerte cacicazgo autoritario y con grupos criminales alrededor. De acuerdo a la inteligencia de la DEA, estas bandas ya se han apoderado de más de la tercera del territorio nacional, apoderándose por sí, o por medio de partidos políticos, de presidencias y policías municipales. Ha quedado demostrado, que lamentablemente, el esquema de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, que actualmente cubre a más de 700 periodistas en el país, está rebasado y no sirve; prueba de ello, fue lo ocurrido a la compañera Lourdes Maldonado López, asesinada en Tijuana la semana pasada. Ella había declarado “estar amenazada y temer por su vida, contaba con un botón de pánico y a veces la policía pasaba por su domicilio”. A pesar de ello, y justo enfrente a su hogar, los asesinos terminaron con su vida. El gobierno tiene que cambiar de estrategia y defender con todo a los comunicadores protegidos bajo el esquema, de otra forma nunca se superara la historia de impunidad, en los ataques a los periodistas. Culpar de las muertes únicamente a los carteles criminales solamente, disipan los juicios a los actores estatales y enturbian más las investigaciones. Qué irónico contrasentido que, mientras la labor de muchos periodistas es la de hacer denuncias e investigar crímenes, cuando las autoridades y el Estado son omisas, sus defunciones queden olvidadas y la impunidad prevalezca contra lo que siempre persiguieron. Y no solamente con la muerte se acalla a los periodistas, también con el veto que imponen muchos medios de comunicación. Sin embargo, y gracias a las redes sociales y a la digitalización informativa, ya no es necesario un medio de comunicación tradicional, para revelar o señalar hechos significativos de la vida pública, hoy día, cualquier persona preocupada por lo que acontece a su alrededor, busca noticias que difundir en su entorno. Pero los verdaderamente “profesionales de la comunicación”, son los se la rajan al buscar información para detectar sucesos que deban ser publicados, en favor del interés colectivo, principalmente, para tener una mejor sociedad, en donde se lleguen a respetar los derechos humanos y la democracia. Ojalá que las manifestaciones que se realizaron en muchas ciudades del país y en redes sociales, hayan representado una severa llamada de atención al gobierno de López Obrador, para que detenga las críticas contra los periodistas que, lamentablemente, salen desde las mañanera en Palacio Nacional, la polarización ejercida contra el gremio se alimenta de las predicas presidenciales.
Es cuanto
ADENDDUM: Al parecer el gobierno federal se decidió poner un alto a la impunidad de los grupos quasi delincuenciales que tomaban las casetas de cobro de la autopista del sol, los fines de semana, para obtener pingues ganancias. No importan que sean los ayotzinapos o los de la CNTE, o Los Ardillos que extorsionen a los automovilistas que transitan por esa vía, lo importante es que ya se hace algo por restablecer el estado de derecho en la vías de comunicación en Guerrero. En Chiapas desde que metieron a la cárcel a los normalistas, no volvieron a hacer de las suyas.
