José Antonio Rivera Rosales
Resulta indignante y lamentable el desprecio mostrado por quienes suprimieron el mural de los desaparecidos que con mucho esfuerzo plasmaron los agraviados a un costado del restaurante Los Anafres, en la Costera Miguel Alemán.
Dicho mural, que constituía una protesta muda y perenne de las más de 300 familias que reclaman por sus seres queridos -desaparecidos la inmensa mayoría por el crimen organizado a lo largo de varios años-, era también un recordatorio para todos de que este destino turístico no sólo es playas y diversion, sino también violencia y sangre.
Pareciera que la decisión de borrar el mural partió desde alguna instancia gubernamental preocupada por la cercanía de la temporada turística invernal -es decir, preocupada por ocultar la realidad cotidiana de Acapulco ante la miradas de los visitantes-, como si de esa manera se pudiera maquillar una realidad lacerante que ha lastimado a miles de ciudadanos y ciudadanas de Acapulco -esto es, de padres, madres, hijos y hermanos- cuyos familiares fueron secuestrados y desaparecidos por manos criminales.
La promotora de dicho mural, la asociación Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, está integrada por más de 300 ciudadanas y ciudadanos que desde al menos 2015 han enderezado una lucha desesperada para encontrarlos que, por desgracia, sólo ha encontrado oídos sordos tanto de la autoridad como de la propia sociedad, que trata a estas familias en desgracia como apestados.
No obstante, el dolor inenarrable que cargan a cuestas los ha impelido a buscar a pesar de todos los tropiezos y obstáculos encontrados ante el Estado Mexicano, que les ha prestado solamente apoyo discursivo, que es cosa de nada ante los grandes problemas que se han encontrado.
Aunque la violencia criminal ha disminuido particularmente en los últimos años -a raiz de una labor de persecución del delito que impulsó el exgobernador Héctor Astudillo-, por desgracia la pugna de los grupos criminales, así como las diferentes tipologías delictivas, se han reactivado en el puerto al igual que en otras ciudades importantes como Chilpancingo e Iguala, donde nadie está seguro ni en sus respectivos domicilios.
¿Sabía usted, amigo lector/lectora, que en el puerto de Acapulco hay más de cuatro mil 200 desaparecidos que, se presume, han sido víctimas del crimen organizado? Para establecer un paralelismo baste decir que en todo el estado de Guerrero están registrados oficialmente tres mil 200 seres humanos desaparecidos.
Esta asociación de familiares, conducida por su fundadora Emma Mora Liberato, ha encontrado ya algunas decenas de cuerpos en la periferia de Acapulco, además de algunas personas vivas. Pero aún son muchas las personas que no aparecen.
Si hacemos cuentas, durante el trienio de Adela Román se produjeron un mil 700 asesinatos, que muestran una notable disminución frente a los más de dos mil 500 homicidios perpretados durante el gobierno de Evodio Velázquez.
Y hablamos sólo del municipio de Acapulco.
Es decir, aproximadamente más de cuatro mil seres humanos que en ese lapso han sido asesinados sin piedad en este puerto identificado como espacio de frivolidad, alcohol, drogas, sexo y diversión.
Es cierto, la actividad turística es la principal fuente de ingreso de decenas de miles de familias acapulqueñas, pero ¿por ello debemos ocultar ese otro rostro sangrante de Acapulco que se mantiene ahí, cuasi ignorado por el Estado Mexicano?
Por eso es indignante que alguien del gobierno se haya atrevido a borrar, sin más, los rostros pintados por artistas locales para recordar a todo el mundo -locales y foráneos-
que en Acapulco existe una realidad lacerante que debe ser atendida hasta sus últimas consecuencias.
Pero tal parece que a alguien del gobierno le incomodó la pintura de los desaparecidos que mostraba ante todo mundo una parte de esa otra realidad dolorida de Guerrero y de Acapulco.
A través de un comunicado, el gobierno municipal de Acapulco se apresuró a decir que la comuna de ninguna manera eliminó el mural.
El gobierno de Evelyn Salgado, por su parte, se ha mantenido en silencio. ¿Fue entonces la secretaría de turismo del estado la que decidió que dicho mural era un problema ante la temporada turística invernal?
Por otra parte, las organizaciones no gubernamentales han guardado un ominoso silencio ante la maniobra que pretende desaparecer, a punta de brochazos, el Acapulco de sangre que constituye la realidad cotidiana de cerca de un millón de habitantes del puerto.
El conteo puntual que lleva a cabo la asociación Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos data de 2007, que es el año en que comenzaron a llevar un registro de las personas desaparecidas -la mayoría jóvenes de mediana edad-, lo que se traduce en un desaparecido por cada día a partir de ese año y hasta la actualidad.
Estas familias sólo han contado con el apoyo de la Iglesia Católica en la persona del sacerdote Jesús Mendoza Zaragoza, además de algunos (muy pocos) funcionarios de gobierno que les han prestado más que nada apoyo moral dado que el gobierno federal no ha asignado un presupuesto para la búsqueda de personas, muy a pesar de los ofrecimientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyas palabras han caído en el vacío.
Eso sí, el gobierno federal hasta asignó una oficina equipada en la Secretaría de Gobernación para el caso de los 43 jóvenes perdidos de Ayotzinapa, caso que cayó como una lápida sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Este grave problema -el de Ayotzinapa- se constituyó como una bandera de lucha para los agraviados, pero más para personajes turbios como Vidulfo Rosales que ha logrado la atención de los medios internacionales y de no pocos organismos diplomáticos que siguen con atención la evolución de la investigación penal sobre el caso Iguala.
En Iguala reclaman a 43 jóvenes desaparecidos. Aquí, cientos de familias abandonadas a su suerte reclaman la aparición de cuatro mil. He ahí la gran diferencia. Que no se nos olvide.
