Enfoque Informativo
La gestión de los recursos públicos en Acapulco enfrenta una nueva ola de cuestionamientos debido a la falta de claridad en el manejo de 898 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMUN) 2023, destinados a la recuperación de la ciudad tras el devastador paso del huracán Otis. La alcaldesa Abelina López Rodríguez se encuentra en el centro de la controversia, ya que no se han presentado expedientes ni comprobantes que respalden la ejecución de las 511 obras reportadas por su administración.
El huracán Otis, que azotó Acapulco en octubre de 2023, dejó una estela de destrucción en infraestructura, viviendas y servicios públicos, haciendo imperativa la necesidad de una reconstrucción eficiente y transparente. Los 898 millones de pesos del FISMUN 2023 fueron asignados para financiar proyectos que aliviaran los daños y mejoraran las condiciones de vida en el municipio. Sin embargo, ciudadanos, organizaciones civiles y líderes locales han denunciado que no existe evidencia tangible de las obras supuestamente realizadas, lo que ha generado desconfianza en la gestión municipal.
“Es inaceptable que, a casi dos años del huracán, no sepamos en qué se gastó ese dinero. La ciudad sigue con problemas graves en drenaje, pavimentación y servicios básicos. ¿Dónde están las 511 obras que dicen haber hecho?”, cuestionó Laura Guzmán, integrante de una asociación vecinal que ha exigido auditorías al gobierno municipal. La falta de expedientes técnicos, contratos y comprobantes de pago ha alimentado las sospechas de posibles irregularidades en el uso de los fondos.
El FISMUN está diseñado para financiar proyectos de alto impacto social, como la construcción de escuelas, caminos, sistemas de agua potable y otras obras prioritarias para comunidades vulnerables. En el caso de Acapulco, las necesidades son evidentes: colonias afectadas por Otis aún enfrentan carencias en servicios básicos, y problemas como los derrames de aguas residuales, como el reportado en la calle Nao Trinidad, persisten sin solución. La ausencia de información clara sobre el destino de los recursos ha llevado a algunos sectores a exigir una intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para investigar el manejo de estos fondos.
La administración de Abelina López ha defendido su gestión, argumentando que las obras reportadas forman parte de un esfuerzo continuo por reconstruir Acapulco. Sin embargo, las declaraciones oficiales no han sido acompañadas de documentos que detallen el avance de los proyectos, lo que ha intensificado las críticas. “La transparencia no es opcional, es una obligación. Si no pueden mostrar en qué se gastó el dinero, están fallando a la ciudadanía”, afirmó el regidor opositor Carlos Sánchez, quien ha solicitado un informe detallado al cabildo.
Esta controversia se suma a otros desafíos que enfrenta Acapulco, como la inseguridad y la lenta recuperación del sector turístico, uno de los motores económicos de la ciudad. La presión sobre la alcaldesa López Rodríguez crece conforme se acercan las elecciones locales, con la ciudadanía exigiendo resultados concretos y rendición de cuentas.
Organizaciones civiles han anunciado que continuarán vigilando el uso de los recursos públicos y planean presentar denuncias formales ante las autoridades federales si no se esclarece el destino de los 898 millones de pesos. Mientras tanto, los habitantes de Acapulco esperan que la transparencia y la responsabilidad prevalezcan para garantizar que los fondos destinados a su recuperación se utilicen de manera efectiva, en beneficio de una ciudad que lucha por levantarse tras la tragedia de Otis.
