Por Alejandro Ortiz
Exigen regreso del sistema de Partidos Políticos
Más de dos mil habitantes de Ayutla y sus comunidades, único municipio gobernado por el sistema de Usos y Costumbres del estado de Guerrero, reventaron la consulta que desarrollaría en la zona el Instinto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC).
En exigencia del regreso del sistema de Partidos Políticos, los manifestantes protestaron para terminar con el actual sistema de autogobierno de Ayutla de Los Libres.
Los habitantes ingresaron a la cancha de usos múltiples de la cabecera municipal, en donde los simpatizantes del actual sistema de gobierno se encontraban junto con representantes del IEPC.
Luego de iniciada la protesta, un grupo de manifestantes fue atendido por el representante del IEPC, Cenando Ortiz Añorve.
«La Casa de los Pueblos no puede ser juez y parte, porque no hay certeza. No sabemos cómo votan en las comunidades (…) Se ha violado el principio de imparcialidad», argumentó Rutilio Espíndola, uno de los promotores del regreso del sistema de Partidos Políticos y afirmó que desde el 2015, el IEPC «tiene los dados cargados», en favor del actual sistema de gobierno autónomo.
Finalmente recordó que desde el mes de marzo del 2020, hay una sentencia del IEPC que no ha sido cumplida, en torno a la consulta popular para conocer su opinión sobre el sistema de gobierno, la cual debe de cumplir con tres puntos principales: información oportuna, voto secreto en urnas y presencia de las dos partes (simpatizantes y opositores del actual sistema).
Recientemente, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la Unión de Pueblos del Estado de Guerrero (UPOEG) rechazaron por separado el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que avala una consulta del Congreso local para desconocer el sistema de seguridad y justicia comunitario.
Cinco Casas de Justicia de la CRAC en la Costa Chica y Montaña así como el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan asentaron en un comunicado –fechado el 8 de junio pasado- su rechazo al fallo emitido por la SCJN el 5 de junio.
En la resolución, la SCJN consideró que el Congreso de Guerrero realizó en mayo del año pasado una consulta “libre, previa, informada, de buena fe y culturalmente adecuada” para avalar una reforma a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas.
“Los ministros no tomaron en cuenta las cientos de actas levantadas en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que daban cuenta que el Congreso del Estado nunca informó de la reforma indígena ni realizó diálogo con los pueblos, tampoco participamos en la elaboración del protocolo de consulta.
“Trabajadores del Congreso y asistentes de los diputados pagados se desplazaron a varias comunidades para recabar firmas y realizar reuniones rápidas sin información para los pueblos. No se permitió la discusión y análisis acucioso de la reforma que planteaban”, acusó la CRAC.
Y advirtió a los legisladores locales, ministros y gobiernos que ellos no serán quienes reconozcan sus derechos:
“No permitiremos la entrada de las empresas extractivistas, seguiremos brindando seguridad y justicia en nuestros pueblos sin permitir que la delincuencia coludida con el gobierno penetre nuestros territorios.
“Nuestras asambleas seguirán nombrando nuestros gobiernos comunitarios y seguiremos impulsando la creación de nuestros municipios indígenas y Afromexicanos”, indica el texto.
La CRAC instauró en 1998 en comunidades indígenas el sistema de seguridad y justicia que nombra a sus policías y mandos por medio de asambleas de pueblos y autoriza un proceso de reeducación para infractores de la ley.
Este sistema está basado en el artículo 214 de la Constitución Política del estado y en la Ley 701 sobre Derechos y Cultura Indígena y Pueblos Afromexicanos de 2011.
Pero en 2018, el Congreso local dejó fuera del marco legal a la policía comunitaria de la CRAC, lo que derivó en un juicio de inconstitucionalidad promovida a través de la CNDH ante la SCJN.
La Suprema Corte ordenó en abril de 2021 al poder legislativo local reponer el procedimiento de consulta a los pueblos originarios y afromexicanos.
El Congreso, de mayoría simple de Morena, se vio obligado de marzo a mayo de 2022 a realizar una consulta al vapor que ampara una reforma que desconoce el sistema de justicia indígena.
En el mismo contexto, este lunes en Chilpancingo, representantes de la UPOEG manifestaron también rechazo a la resolución de la SCJN que validó la consulta del Congreso local que derivó en la “reforma” a la Ley 701.
Acompañados de comisarios municipales anunciaron protestas para exigir una nueva consulta pero con la participación de los pueblos.
Una de las autoridades acusó que representantes del Congreso obligaron a los comisarios a firmar actas o en caso contrario les quitarían los programas sociales del gobierno federal.
La UPOEG surgió en 2011 como una escisión de la CRAC, su propuesta estableció el desarrollo regional y un programa la seguridad y justicia. La diferencia con la CRAC es que la UPOEG no nombra en asambleas a sus policías y mandos por lo que se les conoce como autodefensas o policías ciudadanos.
Mientras que el Congreso del Estado y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPC-Gro) en el municipio de Quechultenango a la Etapa Consultiva relacionada con la Consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, en materia electoral.
El coordinador de la Unidad de Procesos de Consulta del Congreso del Estado, Juan Salvador Susunaga Flores, precisó que el objetivo de esta fase es conocer las propuestas de los propios pueblos y comunidades para enriquecer, orientar y adecuar la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
Abundó que la participación de los pueblos y comunidades también será tomada en cuenta para establecer las reglas en la postulación de candidatas y candidatos indígenas y afromexicanos a los cargos de diputación local e integrantes de los ayuntamientos en el próximo proceso electoral.
María Azucena Abarca Villagómez, jefa de área de la Dirección Jurídica del IEPC, informó que en el arranque de esta fase consultiva se contó con el quórum legal necesario de las autoridades comunitarias que conforman el municipio de Quechultenango, predominantemente de lengua náhuatl, al sumar 37 autoridades municipales, que es 50 por ciento más uno.
El desarrollo de estos diálogos consultivos constó de dos mesas de trabajo, una para recopilar las propuestas en torno a la Ley electoral vigente y otra para analizar las reglas de postulación implementadas en el proceso electoral 2020-21, y si esos lineamientos fueron idóneos o las comunidades tienen opiniones, sugerencias o propuestas para enriquecer o adecuar las reglas.
