Por: Juan José Romero
En el transcurso de esta semana, el pleno de diputados designará a los integrantes de la Mesa Directiva
Ni ético ni sano que a través de una estrategia política, el PVEM y Morena pretendan apoderarse de la Mesa Directiva del Congreso local, consideró el diputado Bernardo Ortega Jiménez por el Partido de la Revolución Democrática.
Dijo que si la designación del diputado Joaquín Badillo como presidente de la Mesa Directiva del Congreso no viola la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sería una perfecta jugada la que realizaría Morena y el Partido Verde, pero si contraviene los ordenamientos legales tendrían que retractarse, dijo Ortega Jiménez.
Antes de emitir una postura en torno a la renuncia de Joaquín Badillo, al grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, para incorporarse al Partido Verde para afianzar la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, el legislador perredista dijo que sería cuestión de indagar si la Ley Orgánica del Poder Legislativo permite ese tipo de movimientos.
Dio a conocer que en el transcurso de esta semana, el pleno de diputados designará a los integrantes de la Mesa Directiva, indicó que quienes sean designados rendirán la protesta de ley, pero entrarán en funciones el 1 de septiembre para conducir los trabajos de lo que sería el tercer año de ejercicio de la 63 Legislatura.
El martes, los diputados que integran el grupo parlamentario del PRD, analizarán ese tema en reunión interna para fijar una postura política y legal, anunció el legislador perredista.
Adelantó que no sería lo más conveniente que a través de una estrategia, Morena y su aliado el Partido Verde se adjudiquen la presidencia de la Mesa Directiva, la cual en el primer año de ejercicio constitucional fue presidida por la priísta Flor Añorve Ocampo; y en este segundo año por la perredista Yaneli Hernández.
En otro tema el diputado local rechazó que haya sido simulada la consulta que hizo el Congreso del estado en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, como lo afirmaron el pasado fin de semana los representantes de las Casa de Justicia de La Montaña y de la Costa Chica que integran la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Dijo que la consulta fue tan válida como legal, que fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque tomó en cuenta el sentir y las opiniones de los integrantes de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas.
El perredista señaló que con la validación de la consulta, ya no son legales las policías comunitarias en Guerrero, por lo que la vigilancia en los pueblos estará a cargo del Sistema Estatal de Seguridad Pública como lo ordena la ley de Seguridad Pública, sostuvo.
