Por: Fernando Hinterholzer
México está atrapado víctima de la inseguridad, los asesinatos dolosos alcanzan los 105 mil durante la actual administración; con la pandemia del SARS2 Covid, los decesos llegaron a trescientas mil, eso sin agregar el exceso de mortalidad con lo que tendríamos más de medio millón; la crisis económica, con una inflación del 7.6%; la migración, que no para y en niveles elevados; y la diatriba y el encono como forma de gobierno. Durante el gobierno Calderón, hace quince años, comenzó una lucha frontal contra el crimen organizado, en aquel entonces 80 municipios eran controlados por los carteles criminales. Hoy día, con información del gobierno de Estadounidense, son más de mil 600 que están bajo el control de los grupos criminales. Hay territorios completos donde las policías locales están inmovilizados y quienes ordenan son los capos del crimen organizado, como sucede en la Tierra Caliente Michoacana y de Guerrero, y en entidades donde no sucede nada sin la autorización de la “maña”, en entidades como Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Veracruz, la parte sur del Estado de México y la zona fronteriza del norte del país, inclusive existen territorios en disputa, como es la ruta por donde pasarán el Tren Maya y el Canal Transístmico, en Oaxaca y Veracruz.
La violencia que aterroriza al país nos preocupa cada vez más por la ineptitud y estulticia gubernamental. No hay que olvidar, que la responsabilidad de protegernos corresponde al Estado, luego entonces los crímenes cometidos hasta ahora, son producto de no cumplir con las responsabilidades constitucionales en materia de seguridad de los tres niveles de gobierno. Si bien hay que reconocer que no es una tarea fácil ni de corto plazo, y que es una labor que requiere de soluciones completas, pero lamentablemente a más de la mitad de la administración “obradorista”, no se observan ni mejoras ni cambios de fondo en la misma. Hace ya unos meses, en julio del 2021, López Obrador comento: “Si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno”. Y no lo ha logrado, pero eso sí, continúa mintiendo con cifras y estadísticas oscuras, que no corresponden a la terrible realidad del país. En materia de feminicidios, el año 2021 fue el más violento contra las mujeres, hubo un total de 1,004 de muertes por razones de género en el país, la cifra más alta en el Gobierno de AMLO, a pesar que la Secretaria de Seguridad Federal, “daba otros datos”. Si nos remitimos al 2018, último año de gobierno de Peña Nieto, tuvimos 917 asesinatos de mujeres. De acuerdo a cifras del Observatorio Ciudadano de Seguridad Pública, “en el mes de diciembre de 2018, en el país hubo 101 feminicidios, que en el momento fue cifra récord. En tanto, durante todo 2019, la cifra total nacional fue de 973; en 2020, primer año de la pandemia y de confinamientos, fue de 978”. Mientras que en el gobierno de la 4T, hacen malabares todos los días para ocultar la muy triste y patética realidad, las cifras duras muestran el peor gobierno en casi todos los rubros. Se cumplieron en diciembre tres años de administración, y López Obrador y su sequito de leales pero incapaces colaboradores, no han podido ni pacificar el país, ni acabar la corrupción, ni terminar la desigualdad económica y social, ni siquiera acabar con la ´pobreza. El gobierno de la 4T colapso al sector salud y educativo del país, y es más que evidente que la serie de fracasos de su administración, son responsabilidad de ellos, y no culpa del pasado, como intentan justificar.
Y ahora quieren cancelar la reforma eléctrica del 2013, poniendo en riesgo las inversiones en ese sector, la confianza de los inversionistas internacionales, (ya afectada por la cancelación del NAIM desde el 2018). La polémica reforma también afectaría los esfuerzos de Estados Unidos y México en materia de energía limpia y clima. “La iniciativa obradorista propone limitar a 46% la inversión privada en la generación de electricidad; elimina los órganos autónomos de energía –CRE, CNH y Cenase–; cancela contratos previos y prioriza plantas fósiles de la CFE sobre las renovables de privados”. Son muchas voces de expertos que plantean, con información sólida, que la propuesta presidencial (elaborada por CFE y Bartlett) va en contra de los intereses del país y a los objetivos que él mismo pretende. La reforma eléctrica presidencial representa de hecho, un rompimiento a la confianza de todas las inversiones, mexicanas y extranjeras, por la ruptura de los contratos establecidos y la violación al estado de derecho. La desconfianza generalizada de empresarios del sector eléctrico, se daría a partir de los cambios legales que ignoraran derechos adquiridos y compromisos de gobiernos anteriores. Las serias preocupaciones de la administración Biden sobre el impacto negativo de las reformas energéticas propuestas por México a la inversión estadunidense, van más allá de los relativos al sector eléctrico, tienen que ver más bien, con la confianza de las inversiones en lo general, con el T-MEC y con las relaciones en general México-EEUU, que no han sido muy tersas por la incompetencia y falta de diplomacia del presidente mexicano. Ya dieron “los gringos” un manotazo en materia de seguridad a los secretarios de Marina y Sedena, con la Ley contra el Terrorismo que autorizaría a los norteamericanos, a perseguir a los carteles mexicanos en nuestro territorio. Porqué seguir provocando la ira de nuestros vecinos y principales aliados comerciales. Solo me queda la gran estulticia de la 4T. ES CUANTO
ADENDDUM: ante la pandemia de Covid19, el rebrote de Omicron, para el presidente López Obrador la prioridad nunca ha sido la salud de los mexicanos sino su politiquería, la prioridad nunca ha sido la población sino él mismo. Utilizó durante su segundo contagio como propaganda para minimizar nuevamente la situación sanitaria del país, los contagios diarios ya rebasaron los records anteriores, y las hospitalizaciones llenan los hospitales. No le importó contagiar a sus leales e incondicionales y nunca uso el cubre bocas. QPM verdad.
